La compañía del cuñado del presidente Felipe Calderón pegó a la mala al Gobierno del Estado dentro de un juicio civil, en el que adeuda más de dos millones de pesos.

ÓSCAR VERDÍN CAMACHO


El Gobierno del Estado de Nayarit ha reclamado ante autoridades judiciales que la empresa Hildebrando S.A. de C.V., propiedad de un cuñado del presidente Felipe Calderón Hinojosa, abusó de su confianza puesto que a base de acciones tramposas y “maquinaciones”, pretende dar por concluida una demanda de carácter civil mediante la cual se le exige la devolución al erario público de más de dos millones de pesos.

La citada compañía saltó a la fama de manera escandalosa hace tres años durante uno de los debates de los candidatos a la Presidencia de la República, puesto que Andrés Manuel López Obrador denunció que Diego Hildebrando Zavala había obtenido jugosos contratos con instituciones públicas gracias a que su hermana Margarita Zavala es esposa del ahora presidente de México.

Se conoció entonces que, en el caso de Nayarit, en el año 2002, durante el gobierno de Antonio Echevarría Domínguez se inició una demanda de carácter civil contra Hildebrando, a quien se culpó de incumplir con un contrato, por lo que se le exigió la devolución de algo más de dos millones 200 mil pesos que se le pagaron como anticipo.

De acuerdo con información que ha sido obtenida, Hildebrando debía instalar un “sistema integral contable administrativo presupuestal”, pero no cumplió con el trabajo.

Sin embargo, cuando esa empresa fue requerida para dar contestación a la demanda, dentro del número de expediente 388/2002 del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia, justificó que la Secretaría de Finanzas no proporcionó el equipo necesario para la instalación del sistema acordado.

El trabajo pactado con Hildebrando tendría un costo total de aproximadamente siete millones de pesos, de los cuales se pagaron como anticipo una suma superior a los dos millones 200 mil pesos.


EL PACTO, LA TRAMPA…


Si bien el litigio continuó, fue advertido que durante el cambio de administración estatal, en septiembre del 2005, se produjo una evidente suavidad en el trato hacia Hildebrando, principalmente por el acercamiento que buscó el gobernador Ney González a partir de que Felipe Calderón ganó la elección presidencial.

En varias ocasiones el expediente civil fue llevado a la audiencia previa que desembocaría en la sentencia final, sin embargo la misma fue pospuesta, se dijo, a petición de las partes en el conflicto, que buscaban arribar a un acuerdo.

Lo paradójico fue que, en medio de lo que parecía un ambiente de cordialidad, el abogado de Hildebrando en ese juicio, José Manuel Gutiérrez Sandoval sorprendió al Gobierno del Estado cuando, el año pasado, a nombre de la empresa que representa, solicitó “la caducidad de la instancia”, argumentando que habían transcurrido más de 180 días naturales sin que se presentara promoción alguna para impulsar el procedimiento.

Los 180 días naturales sin diligencias son el mínimo que marca la ley en la materia para resolver una caducidad.

Para el caso concreto, la caducidad fue aceptada por el entonces juez Segundo Civil César Octavio García Torres.

Fue entonces que funcionarios del Gobierno del Estado advirtieron que habían caído en una trampa, puesto que si bien por un lado parecía haber disposición para arreglar el asunto de manera cordial, por el otro Hildebrando esperó que transcurrieran los 180 días para pedir que se diera por concluida la demanda.

Entonces, a través de la Secretaría de Finanzas se hizo un fuerte reclamo ante el Juzgado Segundo Civil, advirtiendo que Hildebrando realizó diversas “maquinaciones” para engañar y conseguir la caducidad. Por ello se presentó un incidente con el fin de que tal acuerdo judicial sea anulado. El mismo aún no se resuelve.


CORREOS, LAS PRUEBAS


Fuentes de todo crédito señalaron que la Secretaría de Finanzas ha entregado pruebas de esas “maquinaciones”, como por ejemplo copias de diversos correos electrónicos enviados por directivos de Hildebrando a funcionarios de la Secretaría de Finanzas, entre ellos a su titular Gerardo Gangoiti Ruiz, en los que aparentan tener voluntad para llegar a acuerdos por fuera del expediente judicial.

Como ejemplo de ello fue apuntado un correo electrónico recibido el seis de agosto del 2007 por parte de Jorge Barrios Montoya, director jurídico de la Secretaría de Finanzas. Se lo envió, a nombre de Hildebrando, José Luis Neri Becerril.

En el mismo le dice:

“Estimado Lic. Barrio.- Con base en la plática que tuvimos el día de hoy le quiero informar que estamos en la posibilidad de entregar el software la semana entrante (exactamente el día 16 de agosto). José Ferragut es el responsable de dicho producto y se pondrá en contacto con usted para detallar cualquier tema que pudiera surgir. Saludos –JLNB-. PD: favor de confirmar la recepción de este correo”…

De igual forma, se conoce que Hildebrando hizo otra propuesta, consistente en pagar 500 mil pesos al Gobierno del Estado para terminar con el litigio, sin embargo la misma fue rechazada por estar alejada del monto original.

A través de sus abogados, la Secretaría de Finanzas ha insistido en que si no se continuó con las diligencias necesarias durante el juicio, fue precisamente por la petición de Hildebrando, sin advertir en ese momento que la empresa tenía una doble cara.

Ahora se ha solicitado, como prueba de lo anterior, que se requiera judicialmente a diversos funcionarios de Hildebrando para que corroboren la existencia de los continuos diálogos que ellos promovieron.

Es decir, la Secretaría de Finanzas solicita que la caducidad dictada dentro del expediente sea anulada.