Por Óscar Verdín Camacho
Ayer estuve un buen rato esperando que se desarrollara la sesión en el Congreso del Estado –convocaron a las 11 de la mañana e inició después de la una- en la que se decidió un no a destrabar la iniciativa impulsada por el gobierno estatal para dar protección con policías a ex altos funcionarios públicos, entre ellos el gobernador o quienes hayan tenido funciones en áreas de seguridad.
En la opinión pública, la petición generó el rechazo de muchos, sobre todo de quienes consideran que el impresionante crecimiento de la delincuencia en el último año y medio –homicidios, secuestros, levantones, asaltos, robos, extorsiones- no está desligado del actuar de funcionarios públicos estatales, los primeros que, una vez que dejen el cargo en septiembre próximo, se estrenarían con la seguridad oficial, en el supuesto de que hubiera sido aprobada.
La referida iniciativa beneficiaría a muy pocos cuando el azote de la delincuencia está golpeando por parejo, incluidas muchas víctimas inocentes.
Es decir, considero que en un futuro sí debe legislarse en ese sentido, pero para brindar seguridad a cualquier habitante del estado que lo requiera en casos especiales, y no únicamente a quienes hayan sido altos funcionarios públicos.
Por ejemplo, me pregunto ¿si no requeriría seguridad oficial, por un tiempo determinado, cualquier persona que a punta de balazos es sacada de su casa, secuestrada y que vive el trauma de ese suceso?.
Me pregunto ¿si no requeriría seguridad alguien, ajeno a cuestiones ilícitas, que fue confundido por delincuentes y sobrevive a algún atentado?.
Estimo que nadie se opondría a que el Estado brinde seguridad en situaciones extremas a cualquier persona.
Serían, insisto, casos especiales en que la seguridad oficial podría estar presente, contrario a encaminarla única y exclusivamente a un grupo reducido de gente, como se ha pretendido de manera fallida.