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Más nombres; recibieron dinero para comprar carros
30 / Septiembre / 2011
Por Óscar Verdín Camacho
Un grupo de funcionarios administrativos del Congreso del Estado recibieron entre 80 mil y 150 mil pesos como apoyo para la compra de vehículos, en el año 2006, según ha revelado la institución legislativa.
Los datos fueron proporcionados después de haber sido interpuesto el recurso de revisión número 36/2011 ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información. Y es que inicialmente, el Congreso del Estado se limitó a indicar que sólo los entonces diputados recibieron 200 mil pesos como apoyo para la adquisición de vehículos.
En la lista de funcionarios administrativos, tres de ellos gozaron de una aportación oficial de 150 mil pesos: Manuel Salinas Solís, entonces secretario General del Congreso y ahora magistrado del Tribunal Superior de Justicia; Francisco Alberto Rivera Domínguez, oficial mayor, ex rector de la Universidad Autónoma de Nayarit; y Salvador Iñiguez Castillo, contralor interno y actualmente titular del Órgano de Fiscalización Superior.
Con 125 mil pesos de apoyo aparecen los siguientes funcionarios: Francisco Javier Rivera Casillas, director de Proceso Legislativo; Carlos Alberto Hernández Olimón, director de Investigación Legislativa; y Jorge Armando Romano Alatorre, secretario particular de la presidencia.
Otros seis empleados recibieron 80 mil pesos cada uno para el mismo efecto: Oswaldo Renato Gómez Díaz, coordinador de Informática; Francisco Javier García Rojas, jefe de Recursos Humanos; Luis Alberto Acebo Delgado, jefe de Recursos Materiales; Salvador Mejía Bravo, asesor; y Mireya Julissa Casillas Guillén, entonces coordinadora de Comunicación Social.
Al hacer entrega de la citada lista, el Congreso del Estado explicó que por autorización de la Comisión de Gobierno Legislativo y en virtud de las ventajas que representa la reducción de los costos en los subsecuentes dos años de la administración pública estatal 2006-2008, en los rubros de adquisición de vehículos, refacciones, mantenimiento, contratación de seguros y pago de placas y tenencias, se opta por un cambio en la política de asignación de vehículos de gobierno y convenir con los funcionarios el uso o goce de los vehículos que estos adquieran en las funciones propias de su cargo oficial asignado.