Por Óscar Verdín Camacho.- La imposición de tres notarios públicos por parte de Ney González Sánchez, a pocos días antes de que dejó el cargo, deberá ser defendida ahora por su sucesor Roberto Sandoval Castañeda.

El martes cuatro, el notario público cuatro con oficinas en Nuevo Vallarta, Jorge Rogelio Careaga Pérez presentó demandas ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para que sean canceladas las patentes de notarios ofrecidas a Guillermo Loza Ramírez, notaría 10 en Nuevo Vallarta; Rigoberto Ochoa Torres, notaría 35 en Tepic; y Alonso González López, notaría 36 en Tepic.

Careaga Pérez demandó por esos hechos al gobernador del estado, al secretario General de Gobierno, al Colegio de Notarios Públicos, a la dirección del Notariado, y al respectivo jurado que tuvo cada uno de los abogados ya citados.

VICIOS DE ORIGEN

Aunque las demandas fueron presentadas el martes cuatro, hasta el viernes siete no habían sido publicados los acuerdos respecto al número de expediente de las demandas. Se cree que ello se debe a que el quejoso solicitó que se le concediera la suspensión del acto impugnado, es decir, para que la dirección del Notariado y el Colegio de Notarios pidan a los tres notarios impugnados que se abstengan de realizar cualquier acto notarial hasta en tanto se resuelva el fondo de la demanda.

Y es que, explica el demandante, podrían verse afectados de nulidad los actos jurídicos que particulares realicen con los tres referidos notarios, en caso de que prosperen las demandas.

En ambas demandas –la de Guillermo Loza va por separado-, el quejoso enumera las irregularidades cometidas a lo largo del proceso que llevó a la entrega de las patentes.

Señala por ejemplo que Loza Ramírez no nació en Nayarit, tampoco cuenta con residencia en el estado y su cédula profesional como abogado no tiene un mínimo de tres años registrada en la dirección de Profesiones de la Secretaría General de Gobierno.

Afirma, de igual forma, que en el acta levantada después del examen de Loza falta la firma de uno de los notarios que fue jurado, pero además no se redactó un escrito que marca la ley en el que se indique la calificación que obtuvo en el examen, por lo que resume que dicha acta carece de validez.

Por ello, insiste ante el TJA, se trata de numerosas irregularidades, por lo que la patente de la notaría 10, apunta, debe ser nula por los actos viciados.

Careaga Pérez pide que se solicite un informe al secretario de Vialidad y Transporte del estado de Jalisco, para que precise si Guillermo Loza Ramírez es permisionario del transporte público en ese estado, desde qué fecha, tipo de servicio, las rutas y el domicilio que tiene registrado.

Respecto a la demanda por las notarías 35 y 36, el quejoso señaló, entre otras cosas, que incluso se desconoce la fecha de la publicación de los decretos para la creación de las mismas.

Aunque no lo cita en las demandas, Careaga ha advertido de publicaciones en el Periódico Oficial que han aparecido con fecha atrasada, para justificar omisiones.

Y todo ello ahora le toca encarar a la administración de Roberto Sandoval. Una de las herencias que le dejó Ney González.