* Por la falta de personal, en diligencias se echa mano de empleados sindicalizados,
a pesar de la ilegalidad que ello representa.
* Hay dos juntas locales con presidente “provisional”, pero uno ya lleva más de dos años así.

ÓSCAR VERDÍN CAMACHO.-

Prácticamente abandonadas por el Gobierno del Estado, con faltante de personal e, incluso, echando mano en diligencias de empleados sindicalizados, lo que las hace ilegales, así ha estado laborando la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) durante la administración de Ney González Sánchez.

Por citar un ejemplo: hace más de dos años, Alejandro de Haro, quien venía desempeñándose como secretario de acuerdos, fue designado, de manera provisional, como presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje número 3. Lo insólito es que lo que se supone sería una cobertura por unas semanas, todavía continúa y no hay para cuando se le de a De Haro el nombramiento definitivo o se designe al titular.

La Junta Local número 3 atiende las demandas laborales relacionadas con la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN).

Pero el caso de Alejandro de Haro no es el único. En la Junta Local número 1, Omar Navarrete Rúelas tiene aproximadamente un mes fungiendo como presidente aunque en realidad es secretario de acuerdos.

Es decir, únicamente la Junta Local 2 tiene titular: María de los Ángeles Mares.

Empleados de esa oficina relataron la gravedad de la situación, el abandono brutal del Gobierno del Estado. Explicaron que ante la falta de personal, en ocasiones se ha solicitado, durante algunas diligencias, a trabajadores sindicalizados que firmen como si fueran secretarios de acuerdos, situación que es ilegal y que si fuera reclamada las echaría abajo.

“Sabemos que es ilegal pero es un arriesgue, porque de otra forma no podemos avanzar en el trámite de las demandas”, comentó a este reportero un empleado de esa dependencia estatal que pidió no ser citado.

Igualmente fue denunciado que sólo una Junta Local trabaja con dos secretarías, mientras que las otras con una, lo que vuelve sumamente lenta la programación de las diligencias en los expedientes, frecuentemente con tardanza de meses.

A lo anterior habría que añadir el evidente deterioro de las oficinas que ocupa la JLCA.