Por Óscar Verdín Camacho
El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado fue obligado a designar como secretario de acuerdos a un abogado, el cual por la vía de amparo demostró que indebidamente fue bloqueado para acceder al cargo.
Se trata de Eduardo Ramírez Roque, quien tardó casi dos años para ser aceptado como secretario. A finales del 2011 se le designó en el Juzgado Mixto de Puente de Camotlán, municipio de La Yesca.
El caso de Ramírez Roque ha sentado un precedente puesto que inicialmente no fue aceptado como secretario de acuerdos, a pesar de que obtuvo el lugar 11 de entre quienes participaron en los exámenes marcados por la respectiva convocatoria, y precisamente fueron 11 los abogados que ingresaron.
Eduardo Ramírez tuvo que recurrir a un juicio de amparo y, efectivamente, tanto Juzgado de Distrito como un Tribunal Colegiado le dieron la razón, por lo que en noviembre pasado se ordenó al Consejo de la Judicatura que fuera expedido su nombramiento como secretario de acuerdos.
Aunque a lo largo del juicio el Consejo de la Judicatura –integrado por sus 17 magistrados y dos jueces- justificó tener facultades para seleccionar de manera discrecional a los funcionarios judiciales, en el juicio de amparo fue criticado que la autoridad haya dejado de cumplir con las reglas que ella misma estableció, como el hecho de que se le daría especial valor a la calificación que obtuvieran los participantes.
Incluso, fue plasmado que el Consejo de la Judicatura confundía la facultad discrecional que tiene para designar funcionarios, con el ejercicio arbitrario, al desatender lo marcado por la convocatoria que lanzó a principios del 2010.
Aunque un Juzgado de Distrito concedió el amparo a Eduardo Ramírez Roque, el Consejo de la Judicatura interpuso el recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado, aunque éste confirmó la protección de la justicia federal a favor del quejoso, que finalmente pudo ingresar como secretario de acuerdos.