Por: Norma Cardoso

Hace unos días, Amnistía Internacional México, presentó un informe sobre la tortura en nuestro país. Aquí se dan a conocer varios asuntos relativos a lo que esta sucediendo en nuestro país, donde los casos de tortura han aumentado, en esta administración federal. En el informe de AI, se menciona que en el entorno actual existe una fuerte presión de los medios de comunicación y de figuras políticas, así como de la opinión pública, para que se obtengan resultados contra los presuntos delincuentes, particularmente la sentencia condenatoria de sospechosos de pertenecer a la delincuencia organizada. Es, por tanto, esencial que se utilicen inquietudes en materia de seguridad o de otra índole como pretexto para permitir la admisión como prueba judicial de información obtenida mediante tortura, en especial las confesiones o las declaraciones de testigos o de coacusadosEn el sistema de justicia federal y en los 21 Estados donde continúa en vigor el antiguo sistema procesal, sigue aplicándose la norma de la inmediatez procesal. En virtud de ella se concede más importancia a las declaraciones iniciales hecha bajo custodia del Ministerio Público que a la declaración posterior hecha ante el juez. De este modo se fomenta el uso de la tortura para obtener confesiones y se impide a los acusados defenderse de manera efectiva de los cargos basados en ellas. Este principio debería invalidarse en el nuevo sistema procesal, pero los jueces continúan aplicándolo a fin de admitir pruebas obtenidas mediante tortura antes de la comparecencia ante el Tribunal. En 2011 se presentó al Congreso un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, pero no fue aprobado. Aunque la propuesta contenía algunos avances procesales que protegían los derechos humanos, también incluía disposiciones que podían permitir a los jueces aceptar pruebas obtenidas mediante tortura y establecer otras excepciones probatorias que menoscababan potencialmente las normas sobre juicios justos Un joven de nombre Israel, fue detenido arbitrariamente por militares en relación con la matanza de 15 jóvenes de Salvacar, Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, en febrero de 2010. Pese a existir una serie de irregularidades en torno a su detención, se determinó que ésta era ilegal. Su interrogatorio y tortura hicieron posible una confesión en video de su supuesta participación en el delito, hecha en un cuartel militar y delante d un agente del ministerio públicoy un defensor público. Cuando Israel compareció ante un juez se retractó ante él de la confesión en video y le informó de que los militares lo habían torturado reiteradamente para obligarlo a hacerla. Sin embargo, el juez no ordenó una investigación a pesar de sus lesiones físicas causadas por tortura, y admitió la confesión en video prueba. Posteriormente, en una investigación de la Comisión Nacional Derecho Humano, se determinó que Israel había sufrido durante días torturas, incluidas palizas, descargas eléctricas en distintas partes del cuerpo, colocación de una bolsa de plástico en la cabeza, amenazas de muerte.A pesar de ello, el juez justificó la decisión de admitir la declaración en video con el argumento de que la confesión debía ser cierta Israel informó al juez de que su confesión se la había dictado y de que el agente del ministerio público y unos militares lo habían obligado a repetirla siete veces para practicarla antes de grabarla. Presentó un recurso federal de Amparo contra su acta de acusación por considera que las únicas pruebas eran el video, que el juez debía declarar inadmisible, pues se había obtenido mediante tortura Los Tribunales federales rechazaron el Amparo; en febrero de 2012, basándose en una petición presentada por la Organización de Derechos Humano Miguel Agustín pro Juárez, la ONU declaró que Israel había sido detenido arbitrariamente y pidió que fuera puesto en libertad de inmediato.