Roberto Cervantes F.
Sayulita, Nayarit.- Gran indignación despertó entre los integrantes del ejido de Sayulita la versión bajo testimonio de compradores, en el sentido de que el ex presidente ejidal Rodrigo Peña estando en funciones, recibió como pago de 40 hectáreas del predio conocido como Punta Monterrey, más de 120 millones de pesos, habiendo reportado solamente 37 millones de pesos supuestamente producto de la venta de 20 hectáreas.
Ello llevó a un grupo de ejidatarios hasta la delegación de la procuraduría Agraria en Nayarit, donde solicitaron con argumentos sólidos, se convocara a una asamblea, ante la negativa de la actual mesa directiva que preside Emelesio Solís Virgen.
Fue de esta forma como la procuraduría convocó a asamblea este pasado sábado 29 de agosto del presente año, con motivo de análisis y discusión de lo asentado en actas de asambleas generales de ejidatarios celebradas los días 20 de enero de 2008 y 20 de julio de 2008, en especial del punto IX correspondiente a la primera de las actas mencionadas y del punto VII de la segunda acta.
Lo anterior, ante la acusación de la mayoría de ejidatarios en el sentido de que los ejidatarios fueron engañados, pero además, dicen, de que las actas fueron alteradas tras el engaño, según externó fuerte durante la asamblea uno de los ejidatarios que acompañó en el periodo a Rodrigo Peña y quien también se dijo engañado.
Javier Castellón Monteagudo textualmente acusó: “las actas de asamblea de fecha 20 de enero y 20 de julio de 2008 fueron alteradas en su contenido ya que fuimos engañados y firmamos sin leer las actas y además siempre se nos hizo creer que había un conflicto jurídico y que se tenía que negociar y la verdad fue que el juicio ya había concluido, siendo esas las razones por las que la asamblea autorizó que se negociaran 20 hectáreas para eliminar el juicio y poder vender, pero la verdad es que el presidente del comisariado cedió las 40 hectáreas de la parcela 1599, cuando le autorizamos que vendiera solamente 20, esas son las que se nos pagaron”.
Javier Castellón preguntó dirigiéndose a la asamblea: “si ustedes aprobaron en las asambleas del 20 de enero y 20 de julio de 2008, que se vendiera la parcela 1599 con una superficie de 40 hectáreas aproximadamente a una persona de nombre Luis Waldemar Franco Sol”, entonces la mayoría respondió que no.
Acto seguido, Javier Castellón solicitó a la asamblea que apruebe la impugnación de los puntos IX del acta del 20 de enero del 2008 y el punto VII del acta del 20 de julio, con las consecuencias legales que ello implique.
En la asamblea, donde 242 ejidatarios estaban a favor de la legalidad y de la lucha porque les regresen las 20 hectáreas que dicen les robaron mediante engaños burdos, había apenas 62 ejidatarios a favor de Rodrigo Peña, mucho menos de una tercera parte del total de presentes en esta histórica asamblea.
Cabe hacer mención que se registró la participación de muchos ejidatarios más como es el caso de Guillermo Rodríguez, quien solicitó a Rodrigo Peña, allí presente, entregue a la asamblea los contratos de compra venta en original o copia certificada de la venta del predio Punta Monterrey de la parcela 1599 referente al predio denominado Los Garcilazo.
El ejidatario Salvador Valdivia dijo que sí se negociaron las 40 hectáreas, “yo recuerdo”, entonces interrumpe otro ejidatario y grita para solicitar a la asamblea se impugnen las actas en mención.
La ejidataria Candelaria Ramos afirma recordar que recuerda la negociación de 40 hectáreas. Oscar Verdín entonces toma la palabra y argumenta en una débil defensa que si se le mueve ahuyentarán a los inversionistas; Miguel Parra solicita el apoyo de la asamblea para que se aclare el asunto de las 20 hectáreas.
Entonces habla Luis Waldemar Franco Sol, a través de su apoderado legal. El salón entra en un profundo silencio. Entonces, deja atónitos a todos los presentes cuando manifiesta que las negociaciones fueron de 40 hectáreas y no de 20 y manifiesta tener documentos firmados por ejidatarios, entonces se viene la grita y el ambiente se torna más álgido, pues varios ejidatarios prácticamente quieren entonces echarse encima de Rodrigo Peña y a los pocos ejidatarios que permanecían a su lado.
Entonces, por unanimidad se aprueba el punto. También se aprobó el punto quinto que fue el de solicitar la anuencia de la asamblea general de ejidatarios para que se promueva ante el Tribunal Unitario Agrario de la Jurisdicción, Juicio de Nulidad de Actos y Documentos en relación a las actas referidas, así como las consecuencias legales que deriven de los acuerdos tomados en la asamblea, siendo apoyado por mayoría.
REMOCION DE LA ACTUAL MESA DIRECTIVA
Cuando nadie lo esperaba, el ejidatario Sergio Parra dijo que, por consecuencia, se necesitaría un comisariado que no se encuentre involucrado en el problema, por lo que solicitó a la asamblea, solicite a la vez a la procuraduría agraria que convoque a la remoción de órganos de representación y vigilancia y poder, de esta manera poder llevar las cosas por el camino de la legalidad.
Sobre esta propuesta varios ejidatarios más piden la palabra y se manifestaron en el mismo sentido como Guillermo Rodríguez, Andrés Briseño, Magdalena Paredes, entre otros.
Fue Demetrio García quien propuso se forme una comisión encargada de investigar los hechos y actos referente a los acuerdos tomados, esta propuesta fue aprobada por la mayoría de ejidatarios, designando entonces a Javier Castellón, Alfredo Carrillo, Demetrio García, , María Antonio Dominica, Ascensión Castelló, Andrés Briseño, Sergio Parra, Simón Castellón, Raúl López, Roberto Cárdenas y Guillermo Rodríguez.
Julio César López Hernández, delegado estatal de la Procuraduría Agraria, aseguró que la procuraduría actuó de manera imparcial y con ello se evitaron conflictos o altercados entre las partes.
-Considera que pudiera haber elementos para una remoción de la actual mesa directiva… se le pregunta.
“Si la asamblea así lo considera, se puede llegar a dar el caso, si siguen en una posición como la que observamos hoy, seguramente lo harán, pero está en manos de ellos”, destacó.