ÓSCAR VERDÍN CAMACHO


El Congreso del Estado se vio obligado a rectificar un error cometido en la publicación, efectuada en el Periódico Oficial el 18 de agosto pasado, relacionada con los “criterios mínimos” para evaluar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Javier Germán Rodríguez Jiménez y José Ramón González Pineda.

Y es que en el citado documento, los legisladores olvidaron que antes de su publicación en el Periódico Oficial, el decreto debía ser promulgado por el gobernador del estado Ney González Sánchez, por lo que se vieron obligados a dictar por segunda vez “los criterios mínimos” para la evaluación de los magistrados.

Así, el sábado 29 de agosto se realizó una segunda publicación en el Periódico Oficial. En la misma, en la segunda página se lee lo que carece la publicación del día 18:

“LIC. NEY GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, a los habitantes del mismo, sabed:

“Que el H. Congreso Local, se ha servido dirigirme para su promulgación, el siguiente:”

Y luego continúa con la transcripción del decreto.

Así también, el último párrafo del documento fechado el 29 de agosto no estaba en la publicación del día 18. Ahí dice:

“Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fracción II del Artículo 69 de la Constitución Política del Estado y para su debida observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit, en Tepic su capital, a los veinte ocho (sic) días del mes de agosto del año dos mil nueve.- Lic. Ney González Sánchez.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Dr. Roberto Mejía Pérez.- Rúbrica”.

Paradójicamente, a pesar de que la semana pasada los magistrados Rodríguez Jiménez y González Pineda entregaron a la Cámara de Diputados los documentos solicitados para su evaluación, fijados en el documento publicado en el Periódico Oficial el 18 de agosto, el nuevo decreto, publicado el 29 de agosto, entró en vigor al día siguiente, por lo que se solicitó de nueva cuenta a los magistrados que hagan llegar el cúmulo de documentos –miles y miles de copias que además deben estar certificadas-.

Al igual que en el primer decreto, se les dio un plazo de cinco días hábiles para presentar la información.

El asunto, pues, ya se vició.

Además, ayer llamó la atención el hecho de que en el Periódico Oficial no había disponible un solo ejemplar del segundo decreto, indicio de que probablemente no fueron publicados los 80 anunciados oficialmente.