La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Nayarit, apremia al Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla,  para que de cumplimiento oportuno a los resolutivos más importantes de la recomendación 15/2009, emitida desde el pasado 10 de agosto, en la cual se solicita el pago de la indemnización, en vía de reparación del daño, a favor de Aaron González Carrillo y Bacilio Dueñas Mendoza, quienes sufrieron violaciones a sus derechos humanos, por elementos de Seguridad Pública de ese municipio.

El Ombudsman en Nayarit, Huicot Rivas Álvarez, solicitó se tomen las medidas resarcitoria necesarias para que la autoridad municipal de Santiago Ixcuintla, brinde atención médica inmediata a Aaron González Carrillo, quien se encuentra muy delicado de salud y requiere de medicamentos costosos que los familiares del afectado no pueden costear debido a su  precaria situación económica.  

La falta de cumplimiento a la recomendación aceptada el pasado 2 de septiembre, daría lugar a una doble violación a derechos humanos contra el agraviado, por la negativa a la reparación del daño por parte de esa autoridad, no obstante que la recomendación fue aceptada, y por tanto se tiene la obligación legal de darle exacto y puntual cumplimiento.

La notificación fue turnada con base en el artículo 79, párrafo cuarto, del de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, la cual establece que “cuando se haya aceptado una recomendación de la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, en la que se proponga la reparación de daños o perjuicios, la dependencia o entidad se limitará a su determinación en cantidad líquida y a emitir la orden de pago respectiva”.

El requerimiento se hace además con fundamento en lo dispuestos por la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y su reglamento, la Ley Municipal y la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos ambas para el Estado de Nayarit.   

Es de señalar que la autoridad municipal incurrió en violación a los Derechos Humanos en los casos de tortura, negativa de asistencia médica, retención ilegal, lesiones y ejercicio indebido de la función pública.