ÓSCAR VERDÍN CAMACHO
El estira y afloja entre los bancos y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) ha continuado en la última semana, en relación a la seguridad que dejó de dárseles a las instituciones bancarias por su negativa a aportar alguna suma económica por ese servicio que recibieron durante más de 10 años de manera gratuita.
Sin embargo, el asalto a una sucursal de Banorte registrado el jueves cinco de marzo en esta ciudad, apenas unas semanas después de que decenas de policías estatales fueron retirados de esa vigilancia especial, provocó un aparente cambio de opinión entre ambas partes: los bancos y la institución responsable de procurar justicia.
A pesar de ello, afuera de los bancos aún no se ve a los agentes estatales, evidencia de que no se ha llegado a un acuerdo definitivo.
Se conoce, sin embargo, que en especial las comandancias de policías estatales que trabajan en diferentes municipios donde hay bancos han recibido indicaciones para estar pendientes, efectuando rondines continuos alrededor de esas sucursales durante el tiempo que permanecen abiertas, para evitar hechos como el sucedido la semana pasada, en el que afortunadamente los maleantes fueron detenidos.
A pesar de que no se define si la vigilancia retornará aunque los bancos se nieguen a pagar el servicio, todas las alarmas de las sucursales continúan operando en sincronía con la propia Policía Estatal.