Necesario que cada estado cuente con su propio sistema e instituciones de justicia constitucional

29 / Septiembre / 2014

Los derechos políticos son derechos humanos y constituyen el objetivo de distintas jurisdicciones y autoridades, por lo cual es necesario que los estados cuenten con su propio sistema de justicia constitucional, adecuado a sus pluralidades y con instituciones que garanticen el acceso a la justicia.

Así lo estableció Manuel González Oropeza, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al clausurar la IX Mesa Redonda sobre Justicia Constitucional de las Entidades Federativas, en compañía de los magistrados de la Sala Constitucional-Electoral del Poder Judicial de Nayarit, que preside el doctor Pedro Antonio Enríquez Soto.

González Oropeza manifestó además que las constituciones locales establecen más derechos que la federal, ya que definen un régimen interno e instituciones jurídicas propias, dado que en cada entidad el sistema de justicia es variado y depende de su desarrollo histórico.

En su oportunidad, el magistrado Enríquez Soto resaltó que han sido muy valiosas las aportaciones que durante los dos días de la Mesa Redonda hicieron los ponentes con vistas a fortalecer la justicia constitucional de las entidades federativas.

Previamente, al participar en la mesa Desarrollo de los mecanismos de tutela local en materia de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, afirmó que conocer las reglas establecidas por los integrantes de los pueblos prehispánicos, así como el medio social y cultural en el que se desenvuelven permite a los impartidores de justicia privilegiar y hacer efectivo su derecho de autonomía y autodeterminación.

Lo anterior, dijo, porque la justicia tradicional opera como una primera instancia de solución de controversias que surgen entre los miembros de las comunidades.

En la mesa que fue moderada por José Miguel Madero Estrada, magistrado de la Sala Constitucional-Electoral del Poder Judicial de Nayarit, participaron también Ana Mireya Santos López, presidenta del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, y Willibald Sonnleitner, integrante del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México.

A su vez, durante su intervención en la mesa Los conflictos competenciales en la tutela de los derechos humanos por parte de órganos jurisdiccionales locales, José Antonio Abel Aguilar Sánchez, magistrado de la Sala Regional Guadalajara, subrayó que en todas las entidades federativas deben existir medios y mecanismos de defensa que garanticen el acceso de justicia a todas y todos los justiciables.

En la mesa que fue moderada por Marcos Francisco del Rosario Rodríguez, secretario de Estudio y cuenta del TEPJF, también participó Gumesindo García Morelos, catedrático de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Durante el segundo y último día de actividades de la IX Mesa redonda también intervinieron Juan Manuel Acuña, catedrático de la Universidad Panamericana; Carlos Emilio Arenas Bátiz, magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, e Ismael González Parra, magistrado de la Sala Constitucional-Electoral del Poder Judicial de Nayarit, quienes hablaron sobre El papel de las constituciones locales en el bloque de constitucionalidad.
En el evento realizado en el Centro de Arte Contemporáneo Emilia Ortiz y organizado por el TEPJF y el Poder Judicial de Nayarit, juzgadores, académicos y estudiosos de la materia jurídica analizaron y reflexionaron sobre diversos temas relacionados con la impartición de justicia y se pronunciaron por adoptar los mecanismos necesarios para fortalecerla.