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08 / Octubre / 2014

Es una lástima que el gobierno mexicano esté operando con cierta celeridad en el caso de los estudiantes, de los 43 desaparecidos, debido a la presión y a las cuentas que está pidiendo Estados Unidos a través del portavoz del departamento de Estado, JenPsaki, sobre el tema. La situación del presente contrasta abiertamente con la displicencia que los marcó por permitir que, a sabiendas de que el CISEN contaba con información sobre la relación del ex alcalde de Iguala con los Beltrán Leyva, no se hubiese generado ninguna actuación; tampoco la hubo de manera inmediata cuando se supo que de él surgió la orden de detención y se le permitió pedir licencia y ahora hasta ofrecerle que primero habrá un juicio para retirarle el fuero.

El informe interno de la dependencia encargada de investigaciones sobre seguridad nacional relaciona al alcalde con licencia José Luis Abarca de mantener nexos con los Beltrán Leyva, mismos que se efectuaban a través de sus cuñados, su suegra e incluso su esposa. En ese texto se habla, incluso, de los sobornos que este sujeto le entregó a la dirigencia nacional y estatal del PRD que incluso se hicieron en efectivo. Tanto Salvador Pineda como Alberto Pineda y Mario Pineda, hermanos de su cónyuge, fueron operadores de los Beltrán Leyva durante muchos años y el alejamiento de los dos últimos motivo que, incluso, los ejecutaran. Ya también esta información la han entregado a los EU y de ahí que se mostraran con tanta exigencia de que todo se lleve a cabo con transparencia.

Tuvo que pasar toda una semana, que se dieran informaciones que han causado ira entre los ciudadanos, no solo los guerrerenses sino de todo el país al acentuarse severamente el clima de inseguridad en el que se desenvuelve el día a día de los adultos, de los adolescentes, de los niños, para que los señores senadores se hicieran cargo de las exigencias que, como representantes de los ciudadanos debieron lanzar desde el primer momento en el que se denunció la desaparición de estos jóvenes. Más de cuatro horas les llevó debatir sobre un tema que no admite mayores discusiones y menos aún se presta para el lucimiento personal o político de ellos.

Los vecinos del Norte señalan que es un crimen que demanda investigación completa y transparente; el gobierno estadounidense acompaña los reportes sobre la problemática desaparición de los estudiantes y sobre el hallazgo de una sepultura colectiva cerca de la ciudad de Iguala. Por su parte, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, oficialmente se dijo consternado por lo ocurrido y pidió el esclarecimiento del crimen que es tan inhumano como absurdo y enluta no solo a los mexicanos sino a todos los países de las Américas.

Y es justamente lo último lo que parece que no ha llevado a la reflexión a las autoridades mexicanas y el asunto tiende a dejarlos, a exhibirlos, dentro de un marco de incapacidad inadmisible para quienes tienen responsabilidades que cumplir y se encuentran al frente del gobierno. Porque igual que sucede con el alcalde, también el Ejecutivo Federal ha tomado hasta ahora una posición que señala abiertamente el perdón para un gobernador que ha demostrado el poco interés que tiene por cumplir con el encargo, ya que no solo ha sido la admisión de alcaldes ligados al narcotráfico sin que muestre intervención alguna o se atreva a denunciarlos sino por todo lo ocasionado cuando, disfrutando de una reunión en donde abundó el alcohol, se olvidó del paso de un huracán que causó graves daños a los pobladores.

El gobierno mandó a los gendarmes y se han hecho otras movilizaciones en las que la población ya no confía porque ha quedado demostrado una y otra vez que las filtraciones a esas filas por parte de la delincuencia organizada permanecen e incluso aumentan. De ahí que 600 autodefensas pertenecientes al grupo Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero arribaran a Iguala a sumarse a una búsqueda en la que enfáticos advierten: venimos por ellos vivos o muertos. Si nos lastima a uno de la comunidad, nos lastimas a todos. Los del Ejército se dieron a la tarea de revisar los 52 vehículos en los que se transportaron en tanto que los federales y los gendarmes hicieron revisiones personales antes de permitirles entrar a la Ciudad.