Emiliano Zapata pide a Suprema Corte atraer su demanda

21 / Octubre / 2014

Por Oscar Verdín Camacho

El magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) Emiliano Zapata Sandoval Blasco dirigió a cada uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una solicitud por escrito para que el máximo organismo del Poder Judicial del país detenga la desaparición del citado TJA, decidida para el próximo 18 de diciembre.

Sandoval Blasco plantea que la Suprema Corte atraiga el amparo en revisión 388/2014 del Segundo Tribunal Colegiado en Tepic, producto del sobreseimiento dictado por el Juzgado Primero de Distrito de Amparo Civil y Administrativo en el amparo indirecto 944/2014, debido a lo aberrante y arbitrario -indica en diversos documentos- que resulta la forma en que se decidió acabar con el tribunal administrativo.

Al presidente de la SCJN, el ministro Juan N. Silva Meza, Sandoval Blasco le explicó en los siguientes términos:

Cabe mencionar que en síntesis los actos y hechos que se contienen en el referido juicio de amparo se refieren a un acto arbitrario del poder en el estado de Nayarit, en el cual se ha puesto fecha para la eliminación de todo un tribunal constitucionalmente autónomo, y aunque esta sola idea es en sí misma inaceptable en el régimen de democracia constitucional en que vivimos o pretendemos vivir, ya que representa una regresión a la progresión y consolidación de las garantías para salvaguardar los derechos humanos reconocidos tanto en la CPEUM (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) como en los tratados internacionales, en cuya demanda se especifican sus artículos vulnerados, se advierte que el proceso legislativo es aberrante pues el argumento (que es el único) de la exposición de motivos es en el sentido de que con tal eliminación ‘se busca que la justicia administrativa tenga cobertura estatal’, lo cual es falso pues en sus casi doce años de vida institucional dicho tribunal constitucionalmente autónomo ha impartido justicia en forma completa, imparcial, expedita e independiente a quienes así lo han solicitado en todo su ámbito de competencia territorial, además de que en dicho aberrante proceso legislativo no hubo el mínimo debate.

En su escrito de agravios al presentar el recurso de revisión, Emiliano Zapata Sandoval Blasco insiste que el Congreso del Estado utilizó información falsa respecto a que la justicia administrativa tenía alcance principalmente en la capital del estado, ello con base en los informes de sus respectivos presidentes, sin embargo, reclama que ni citan en forma específica sus fuentes ni datos específicos de la obtención de tales ‘informes’ ni mucho menos hacen referencia a cuestiones confiables como indicadores de gestión, estadísticas verificadas, etc.
El quejoso espera que la Asociación de Magistrados administrativos en el país también solicite que su caso sea atraído por la Corte.
Añade que si es necesario, buscará que el caso sea estudiado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

SU CASO PARTICULAR

De igual forma, el Segundo Tribunal Colegiado dio entrada a otro amparo en revisión: el 382/2014 en el que Sandoval Blasco reclama otra sentencia de sobreseimiento, ahora por su caso particular puesto que, reclama, su cargo como magistrado concluye el dos de septiembre del 2016.

Emiliano fue designado magistrado del TJA el dos de septiembre del 2010 y con vencimiento del cargo el 18 de diciembre del 2014.

Sin embargo, insiste ante el Tribunal Colegiado, en diciembre del 2010 se publicó en el Periódico Oficial una reforma a la Constitución local que precisa que los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa durarán en su cargo seis años.
Por ello asegura que esa reforma le beneficia y que su función de magistrado concluye hasta septiembre del 2016.

Puesto que el TJA desaparecerá el próximo 18 de diciembre, Sandoval Blasco alega que, en ese caso, tendría que ser incluido como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, en la respectiva sala que se abra para conocer asuntos de justicia administrativa.

Por lo pronto, confía en que los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado resolverán la controversia antes de la fecha fatal del 18 de diciembre.

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