Condenan taxista a pagar 500 pesos; caso muestra fallas en solución de conflictos

* Se trata de un proceso que, se supone, no debió llegar a un juzgado, sino resolverse a través de medidas alternas.

29 / Septiembre / 2015

Por Oscar Verdín Camacho

Empleados judiciales mostraron a este reportero la sentencia condenatoria dictada en contra del chofer de taxi Fausto Medina Martínez, para ejemplificar el problema que enfrentan quienes laboran en los juzgados penales y agencias ministeriales adscritas, al que ayer se hizo referencia en este espacio: una presión latente para que a más tardar en diciembre sean resueltos el mayor número de expedientes posible –podrían ser miles-, por la apertura que se dará a más delitos para atenderse mediante juicios orales.

En mayo del 2014, manejando un taxi tipo Atos por el bulevar Tepic-Xalisco, Medina Martínez chocó por alcance contra otro taxista: el daño material se estimó en 500 pesos.

Pero el asunto, menor, no pudo ser resuelto a través de la búsqueda de medidas alternas para que Medina pagara los 500 pesos y, por el contrario, la Fiscalía General del Estado (FGE) consignó el asunto al Juzgado Segundo Penal.

Más de un año después, el taxista ha sido condenado a pagar esos 500 pesos por concepto de reparación del daño, más una multa equivalente a tres días de salario mínimo (unos 210 pesos) a favor del fondo auxiliar del Poder Judicial del Estado.

Pero no es el único asunto así, de bajo impacto, que llega a los tribunales por falta de una solución previa. Desde hace tiempo se ha advertido que si la FGE continúa consignando muchos asuntos menores, podría colapsar el sistema de juicios orales; por ello la importancia de la solución de conflictos por medios alternos, con cuya respectiva área sí cuenta.

Los empleados consultados indicaron que en el caso mostrado, es probable que, irónicamente, ya sea mayor a 500 pesos el gasto tanto del taxista como de la parte ofendida, tan sólo en traslados a la FGE y al juzgado, o bien por copias del expediente. A ello hay que añadir el tiempo que se le ha destinado.

En junio reciente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) alertó que en la penal de Tepic había tres mil 51 internos, lo que significa unos mil más del número promedio que se mantuvo durante varios años.

Y si bien el incremento puede deberse a la detención de sujetos de alta peligrosidad, para muchos otros reclusos relacionados con delitos menores ahora se buscarían beneficios para que puedan recuperar la libertad.
En los pasillos de juzgados penales se ven apilados muchos expedientes en vía de dictarse sentencia, mientras otros están en la etapa de conclusiones ministeriales y de la respectiva defensa del procesado.

Pero esta forma de resolver los asuntos contra reloj mantiene bajo tensión a todos. La molestia es generalizada porque, además, no se advierte la toma de medidas para que más funcionarios judiciales se sumen a la resolución de los procesos. Por el contrario, se conoce, agencias ministeriales no propiamente adscritas a los juzgados estarían apoyando en presentar conclusiones acusatorias.