Edición del Día

Instituciones mexicanas padecen una enfermedad gravísima, contagiosa, epidémica, demandante de terapia intensiva, de cirugía a fondo: impunidad. La falta de aplicación del derecho, la tergiversación de las leyes, las ambiciones, complicidades, amiguismos, compadrazgos, la han convertido en el mayor problema para el país. Los índices en las entidades federativas confirman este hecho. Del total de delitos solamente existe un 4.46 por ciento de sentencias condenatorias, es decir, un impunidad cercana al 95% de fechorías acreditadas por la autoridad como consumadas.

Deben agregarse diversos tipos de ilícitos que no fueron denunciados por los ciudadanos, resultando esta nefasta práctica elevada al 99 por ciento. Con estas cifras podemos hacer el balance correspondiente y explicarnos el por qué México se encuentra en crisis recurrentes, sin la infraestructura suficiente, con empresas estatales quebradas y mermado el patrimonio nacional. En conclusión, menos del uno por ciento de los delitos de cuello blanco cometidos en territorio nacional son castigados.

Los estados de Baja California Sur, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Coahuila, Guerrero, Tamaulipas, Durango, Baja California y Estado de México, resienten una muy alta impunidad, destaca el reporte sobre la materia presentado por el rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Luis Ernesto Derbez, y el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJP), Andrea Ambrogi Domínguez; el trabajo fue coordinado por el doctor Juan Antonio Le Clercq Ortega y el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, académicos e investigadores de esa casa de estudios.

De acuerdo con el IGI-MEX, primer modelo estadístico complejo de medición de esta funesta práctica como un proceso para los 32 estados de la República mexicana, con base en 18 variables y 35 indicadores de los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario, los estados de Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, Puebla, Sinaloa y Morelos, padecen una impunidad alta, mientras que San Luis Potosí, la Ciudad de México, Sonora, Chihuahua y Chiapas, se ubican en el grupo de impunidad promedio. Con impunidad baja sólo hay dos entidades: Campeche y Nayarit. El Estado de Michoacán está considerado por dicho análisis como un caso atípico porque existe evidencia por parte de la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos), en su reporte especial sobre Autodefensas de 2015, que esta entidad no reportó para 2013 las estadísticas de delitos graves.

El Estado mexicano, en su conjunto, es responsable de los altos niveles de impunidad. No sólo el Poder Ejecutivo, cuyo titular es Enrique Peña Nieto-, con la responsabilidad del sistema de seguridad, el eslabón de la investigación de los delitos (PGR), la administración del sistema penitenciario y la salvaguarda federal de los derechos humanos – sino partes estructurales de su gabinete, una de ellas a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación. Comparten el compromiso tanto el Poder Judicial como el Congreso de la Unión, ambos encargados de adecuar el sistema legal para impedir la existencia de vacíos permisibles a la impunidad; de asignar el presupuesto a las instituciones de seguridad y de justicia; y auditar el buen ejercicio del gasto y los resultados de las mismas.

La buena marcha del servicio público también recae en los Congresos locales, los cuales deben velar por presupuestos suficientes para la seguridad y justicia y mejorar los mecanismos de evaluación de resultados y supervisión del gasto correcto en estas materias. Asimismo en los gobiernos estatales y poderes judiciales locales, primeros responsables de atender las demandas hasta la fecha incumplidas: seguridad, justicia y protección de derechos humanos, todo ello con la finalidad de ponerle freno a la impunidad existente.

Hay relación entre la delincuencia organizada y la impunidad, subraya el reporte. En seis estados solicitantes de apoyo a la Federación para combatir a la delincuencia organizada, establecieron durante el 2007 operaciones conjuntas entre autoridades federales y estatales. Los resultados no fueron los esperados y el estudio de la UDLAP encontró impunidad muy alta en Baja California, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Durango. Otros dos estados, Sinaloa y Chihuahua, presentaron estadísticas de impunidad alta y media, respectivamente.

SILENCIO POR DESCONFIANZA

Los mexicanos no denuncian los delitos porque lo consideran una pérdida de tiempo y desconfían de la autoridad. El sistema de justicia tiene profundos problemas estructurales y funcionales en las instancias de seguridad, justicia y derechos humanos. El rezago en investigaciones y expedientes es enorme y refleja la situación que viven los poderes judiciales locales. El promedio nacional de magistrados y jueces, en el ámbito local, es de apenas 3.5 por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional entre los países estudiados del IGI (Índice Global de Impunidad) es de 17.

El personal penitenciario responsable de cuidar a los reclusos en los centros de readaptación social estatales es totalmente insuficiente. La sobrepoblación promedio de los centros penitenciarios en el mundo es de un 17%. En México este porcentaje se multiplica y reclusos sin sentencia en primera instancia suman promedios nacionales vergonzosos.

ERRORES DE LA SEP Y AURELIO NUÑO

Errores, fallas, inconsistencias, se siguen acumulando en las decisiones del titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, lo cual contribuye a cancelar sus posibilidades para convertirse en el candidato del PRI a la Presidencia de la República, no sólo por el impacto que tienen a nivel nacional en la formación educativa de los niños, sino también por el efecto negativo presente en el magisterio nacional y por el cual se llevaron a cabo un sin fin de protestas. Ahora, es la jerarquía de la SEP a la que no le ha quedado de otra y públicamente reconoce equivocaciones, es decir, los maestros en todo momento tuvieron la razón.

Ante las inconsistencias, léase fallas y errores, Díaz de la Torre propuso comunicarlos individualmente, sólo a los maestros, seguramente para no hacer más olas en un gremio concientizado y combativo, reprimido con la fuerza de los cuerpos policíacos en varias entidades de la República. Schmelkes del Valle se justificó señalando: el INEE no es el responsable de dar a conocer los resultados de la evaluación del desempeño, aunque reconoció la necesidad de informar sobre dichos resultados con claridad y mostrar que sirven para la mejora profesional. Pero con tantos errores poco pueden contribuir a ese objetivo.

A esos garrafales errores se adicionó, el martes pasado, el anuncio del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE): este año no se va a aplicar la prueba PLANEA a los estudiantes de sexto de primaria y tercero de secundaria. La información también la proporcionó Sylvia Schmelkes del Valle considerando hasta el 2017 la moderna aplicación de la prueba PLANEA. Los resultados no tienen muchas variaciones año con año, dijo y señaló: la Secretaría de Educación Pública aplicará los exámenes del INEE sólo como un ejercicio al finalizar el ciclo escolar, pero los resultados obtenidos no serán considerados por el organismo en la evaluación. Las escuelas podrán aplicar el examen desarrollado por el instituto, pero los resultados no serán publicados. ¿Les avergüenza el desmadre hecho a la educación?

DE LOS PASILLOS

A fin de evitar su detención, la actriz Kate del Castillo tramitó ante un juzgado federal un amparo contra cualquier acto que implique la privación de su libertad por parte de la Procuraduría General de la República (PGR). El recurso legal fue admitido por el Juzgado Tercero de Amparo en materia penal del Distrito Federal. El juicio de garantía se registró con el expediente 60/2016. La PGR difundió que se investigaba a la protagonista de la serie La Reina del Sur por sus presuntos vínculos con Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa