El pleito Roberto-Polo

* Un supervisor de obra detenido, una abogada de Obras Públicas municipal y otras personas con orden de aprehensión, por un presunto despojo de una porción de parcela, un caso que aumenta la rivalidad entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Tepic.

11 / Abril / 2016

Por Oscar Verdín Camacho

El jueves siete, un Juzgado de Distrito admitió un amparo a nombre de Guillermo Méndez Salgado, director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tepic, contra una posible orden de aprehensión; la síndico María Florentina Ocegueda Silva también hizo lo propio, y días antes cumplió con similar trámite el tesorero David Guerrero Castellón, entre otros altos funcionarios municipales.

Hay miedo a ser detenidos, por una u otra causa penal, y ese temor no es para menos. Los tres obtuvieron suspensiones provisionales para evitar la orden de captura, que aparentemente no existiría.

Una situación más compleja es la de la joven abogada María de los Ángeles Reyes Hernández, adscrita a Obras Públicas y que tramitó un amparo que, en el corto plazo, podría no servir de mucho: y es que contra ella sí existe una orden de aprehensión por el delito de despojo de inmueble, con el ingrediente de que le ubicó como un delito grave y sin derecho a fianza, porque encajaría uno de los párrafos del artículo 373 del Código Penal de Nayarit respecto a la participación de más de cinco personas en el presunto despojo: una porción de parcela en agravio de un ejidatario de Atonalisco, municipio de Tepic, durante la construcción de una carretera a la comunidad Salvador Allende.

Es decir, la suspensión provisional en el amparo 694/2016 de María de los Ángeles Reyes, tramitado en el Juzgado Tercero de Distrito, no le alcanzaría para comparecer al Juzgado Cuarto Penal y rendir declaración preparatoria sobre los hechos, sino que, por tratarse de un delito considerado grave, podría ser aprehendida.

Se deduciría que Reyes Hernández esperará que el juzgado federal resuelva el amparo de fondo a su favor, aunque ello podría durar meses. Y mientras tanto, a no dejarse ver.

Y una situación más delicada es la del supervisor de obra, de la dirección de Obras Públicas, Francisco Carrillo Noyola, de 51 años, aprehendido el martes cinco por policías estatales y recluido en la penal de Tepic. Si se le dicta auto de formal prisión por despojo con las características ya citadas, no tendrá derecho a fianza.

Por lo menos otras cinco personas contarían con orden de aprehensión.

La consignación del asunto no parece ajena a la rivalidad política entre el gobernador Roberto Sandoval Castañeda y el presidente municipal Leopoldo Polo Domínguez González.

Da la impresión que el denunciado daño en la parcela de Atonalisco cayó como anillo al dedo para armar la consignación.

Si un ejidatario perdió una porción de su parcela por la referida carretera, no hay duda de que debió recibir la correspondiente indemnización del municipio, que dirigió la obra. Eso debe quedar claro. Pero también llama la atención que no se habrían buscado medidas para intentar solucionar el asunto sin necesidad de consignarlo.

El caso es de los idóneos para ser tratados por la Unidad de Soluciones Alternas en Materia Penal (USAP) con que cuenta la Fiscalía General del Estado (FGE); y es que, se deduciría, el ejidatario afectado lo que busca, y con toda razón, es que sea reparado el daño en lo económico.

La autoridad, pues, no llevó el asunto a una posible negociación entre las partes, sino que optó por la consignación. De hecho, se conoce ahora, las órdenes de aprehensión fueron giradas hace meses y bien pudieron ejecutarse todas y de un jalón. Pero se esperó otro momento.

En el gobierno estatal se defiende la consignación, mientras en el ayuntamiento se le considera un exceso.

Recientemente, explicó este reportero, el municipio obtuvo un amparo para obligar a que sea resuelta la denuncia interpuesta contra el ex presidente municipal Héctor El Toro González Curiel, por presuntos actos de corrupción, y a la que no se dio ningún trámite durante un año. Por el contrario, la consignación por la parcela de Atonalisco fue armada en menos de un mes.

La rivalidad entre las administraciones de Roberto y Polo va en aumento. Y así seguirán. Entre ellos hay golpeteo político y hasta ahí.

Por el contrario, la abogada María de los Ángeles Reyes y varios más andan a salto de mata, mientras que Francisco Carrillo no tiene derecho a fianza. Como supervisor de obra, ha negado alguna relación con el delito denunciado o saber si hubo algún compromiso del municipio para compensar la afectación en la parcela. Pero mientras tanto, en la cárcel.

Son ellos los que pagan los platos rotos.

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