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17 / Junio / 2016

Ciudad de México, 16 de junio de 2016.-Los tumbos que viene dando el gobierno federal actual no conocen precedente alguno. Difícilmente se habían presentado opiniones unidas en torno a temas de gran trascendencia para la sociedad y, más aún, como producto de afectaciones a los sectores y capas sociales más distantes. Los empresarios, sabido es, aunque no pueda comprobarse con tantos pelos y señales como quisieran, fueron parte esencial en el resultado electoral del pasado 5 de junio, al igual lo fueron las asociaciones religiosas, tanto las cristianas como las evangélicas y ni que decir de la católica. Sobre éstas últimas la espada de Damocles la situaron en el SAT con la exigencia de presentar su contabilidad electrónica y las facturas correspondientes. ¿Bajo cuáles conceptos? Eso aún no se conoce. Aunque algunos, a manera de broma, hablan de la venta de indulgencias.

Acto seguido: los empresarios. Hicieron llamados a la población a fin de provocar salieran a votar siguiendo los cánones muy aprendidos y practicados por los partidos políticos: dar gratificaciones a quienes cumplan con esa obligación o hagan uso de su derecho, como se quiera tomar. Un día de salario, descuentos en restaurantes y almacenes, espectáculos gratuitos y transportación a la puerta del centro de trabajo y hasta la casilla correspondiente. Es decir, lo mismo, votos adquiridos a base de regalos económicos por la vía del descuento o la percepción salarial y acarreo ¿así es como lo llaman, verdad? Por si fuera mínima la debacle generada le metieron un ruidero extraordinario a eso de la corrupción y la impunidad, por lo tanto se hicieron acreedores a rendir también cuentas y no solamente a las autoridades hacendarias.

Todos los integrantes del Padrón de Proveedores del Gobierno, los contratistas, todo tipo de comerciantes, industriales, distribuidores, fabricantes, etcétera que facturen al gobierno deberán presentar sus declaraciones: patrimonial, de interés y de impuestos. Rendirán tantas cuentas como no lo hacen los sindicatos, respaldados en una autonomía vista solo en lo económico, en el manejo a su gusto de las cuotas de los trabajadores, particularmente de los burócratas. Un duro portazo se le dio a las propuestas ciudadanas y a los cambios solicitados por la iniciativa privada y viene el desquite obligando a la presentación de los documentos señalados de los empresarios cuyos ingresos provengan de las arcas gubernamentales. Los equiparan a las cuentas solicitadas a los servidores públicos.

Esto constituye una primera llamada bajo el argumento de la existencia de un corrupto y un corruptor. El primero manejado detrás del escritorio y con el cajón abierto; el segundo escudado en la prosperidad del negocio, el pago de algunos impuestos y la serenidad proporcionada por la complicidad. Un segundo plano para reforzar el apretón vendrá en las auditorías. Son exigencia para funcionarios, así será también para los empresarios y en eso, Hacienda es experta. Quienes cobran en las nóminas del gobierno esgrimieron razones de seguridad para negarse a presentar y hacer públicas sus declaraciones patrimoniales. Para los empresarios ese renglón no existe, dejan a las mafias la posibilidad de conocer de sus bienes y actuar en consecuencia. Como balde agua fría ha caído esta determinación aprobada tanto por priistas como por verdes.

No hay duda, sigue muy viva la frase: el que ríe al último, ríe mejor. Aunque se trate de un grotesco mensaje a los de la Coparmex –dispuestos a devolver el golpe organizando una de esas marchas que el gobierno ni ve ni oye- para evitar sigan con la cantaleta de la rendición de cuentas y el 3de3. La discusión sobre el formato es otra de tantas y tantas artimañas. Finalmente todo sigue igual, hasta en relación con la mariguana, droga aprobada solamente para usos científicos y medicinales. Eso sí, con la aprobación respectiva para cultivarla y comercializarla. Nada más faltaba darle más golpes a un Ejecutivo Federal poseedor del dedazo sucesor.

SEGURIDAD INALCANSABLE

Día a día, México se aleja más del ideal de ser un país democrático. El autoritarismo se impone en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, quien encabeza un gobierno alejado de las expectativas y requerimientos de los ciudadanos. El régimen actual le apuesta al uso de la fuerza para disolver protestas y movimientos sociales. El gasto militar ha pasado de 0.2 por ciento del PIB en 2003 a 0.6 por ciento en 2015, un aumento mayor al promedio del gasto total del gobierno. El diálogo y la negociación son dejados de lado y se aplica la ley contra adversarios políticos, mientras se solapa a amigos y militantes del mismo partido.

El combate a la delincuencia organizada y al tráfico de drogas sigue la misma senda de las administraciones anteriores y, por ende, cosecha los mismos resultados. El efecto es la permanencia de los cárteles de la droga, descabezados pero vivos y actuantes. El daño colateral es un elevado costo no sólo en pérdida de vidas humanas sino en la sistemática violación de los derechos humanos, donde los grupos más vulnerables, como los migrantes, prácticamente están invisibilizados. No se vislumbra a corto plazo solución a esta problemática, por el contrario tiende a empeorar. Quizá debamos esperar a una nueva administración sexenal. La de Peña Nieto no da para más.