* Un abogado metió cuña al Consejo de la Judicatura y nadie explica por qué se le dejó fuera si acreditó los exámenes; podría interponer amparo.
* La ampliación presupuestal quedó en 33 millones, lejos de las peticiones iniciales; no se prevé la apertura de nuevos juzgados.

Por Óscar Verdín Camacho


Hace unos meses, el día que aspirantes a secretarios de estudio y cuenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) realizaron el examen práctico, el abogado Jaime Palma Sandoval se puso de pie y sorprendió a todos: esto no es para mi, les deseo suerte, dijo, y acto seguido puso su examen en un escritorio, obviamente sin concluir. Apenas habían pasado unos cinco minutos del inicio de la evaluación.

Abogados que estuvieron presentes cuentan esa anécdota. Por supuesto Palma fue uno de los aspirantes no acreditados para ingresar al TSJ.

Lo insólito es que Jaime Palma sí ingresó a laborar al Tribunal Superior, aunque no como secretario de estudio y cuenta –también llamados proyectistas-, sino como oficial judicial del magistrado Ismael González Parra, identificado con el grupo caciquil que lidera Liberato Montenegro.

Más raro aún es que la figura del oficial judicial no fue contemplada en la convocatoria lanzada a principios de año –y hay críticas respecto a que la Ley Orgánica no lo cita como tal-, por lo que, en realidad, se trató de la contratación abierta de personal de todas las confianzas de los magistrados.

Una fuente que pidió el anonimato explicó que el oficial judicial evitó la contratación de secretarias, pues en este caso hubiera significado el arribo de más personal de alguno de los sindicatos, en especial el SUTSEM que controla Águeda Galicia.

Así se entiende, por ejemplo, que entre los oficiales judiciales estén varios ex empleados del Congreso del Estado que laboraron de cerca con el ex secretario General, Manuel Salinas Solís, ahora magistrado de la Sala Penal. Su hijo Eugenio Gabriel Salinas Granda es el oficial judicial del magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto.

Ayer, algunos periódicos locales ventilaron una acusación que enfrenta José Roberto Ordóñez, proyectista de la Sala Penal. Ex empleado del Congreso del Estado, enfrenta una acusación por presuntamente haber golpeado, ebrio, a una trabajadora del propio Poder Legislativo.


EL ENGUACE


El 20 de abril pasado, en este espacio se presentó el caso del abogado Eduardo Ramírez Roque, quien atendiendo la citada convocatoria concursó para secretario de acuerdos de juzgado y aunque obtuvo el lugar 11, no se le llamó para tomar protesta a pesar de que fueron precisamente 11 los seleccionados.

A estas alturas el caso Ramírez Roque representa ya un dolor de cabeza para el Tribunal Superior. Y es que solicitó que fuera reconsiderada su situación y se le nombrara secretario de acuerdos, toda vez que acreditó los exámenes.

Frente a ello, la Comisión de Evaluación –integrada por los magistrados Pedro Antonio Enríquez y J. Guadalupe Campos, así como el juez Nicolás Ballesteros- respondieron a través del secretario ejecutivo Julio César Romero Ramos:

Dese contestación al escrito presentado por el licenciado Eduardo Ramírez Roque, y dígasele que la Comisión de Evaluación cumplió con su encomienda de coordinar y llevar a cabo, el proceso de evaluación derivado de la convocatoria emitida por el Consejo de la Judicatura de fecha 29 de enero de 2010, así como, a su conclusión, poner a disposición del Consejo de la Judicatura los resultados obtenidos. En razón de lo cual, la designación de las plazas sujetas a concurso, no es competencia de la Comisión de Evaluación.

Así, la bolita pasó al Consejo de la Judicatura, conformado por sus 17 magistrados y dos jueces.

El pasado tres de mayo, la secretario de acuerdos del Consejo de la Judicatura, Rocío Esther González García, respondió a Ramírez Roque:

y en atención a la petición que realizó ante el H. Consejo de la Judicatura, en el sentido de que se le reconsidere sobre los nombramientos de secretarios de acuerdos otorgados como resultado del concurso de oposición para servidores judiciales; comunico a usted que su solicitud fue turnada para su análisis y dictamen conducente a la Comisión de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura, por lo que en su oportunidad se hará de su conocimiento lo que al respecto se determine.

En resumen, todos se avientan la bolita y nadie responde por qué el lugar 11 –de 11 designados- no fue llamado a tomar protesta.

Ya en la edición del 20 de abril fue citado que el caso de Ramírez Roque no era el único. Por lo menos otros dos concursantes obtuvieron lugares que les permitían su ingreso al TSJ y no fueron incluidos.

Eduardo Ramírez podría formular un amparo contra el Consejo de la Judicatura.

LOS AVISOS

Actas de sesiones del Consejo de la Judicatura celebradas el 25 de marzo y el nueve de abril pasados, dan cuenta de que ya había avisos de que podrían ingresar a las plazas no precisamente quienes acreditaron los exámenes.

Quizás previendo un escenario así, el magistrado J. Guadalupe Campos intentó frenar el madruguete y recomendó, el 25 de marzo, al pleno del Consejo que para la contratación de las nuevas plazas, se respete íntegramente el grado de prelación relativo al resultado de la evaluación final, para de esta manera coronar con broche de oro, y con respeto a los participantes, el procedimiento de evaluación realizado.

El nueve de abril, Campos insistió en que si bien, en materia de secretarios de estudio y cuenta se argumentó por algunos magistrados la necesidad de contar con personal del conocimiento y confianza suya, atendiendo a la naturaleza y características del cargo, considera que, por lo que hace a los demás cargos concursados, no hay justificación para no considerar de manera escrupulosa el resultado de las evaluaciones surgidas del concurso de oposición convocado, máxime cuando a todos nos consta el esfuerzo y profesionalismo con que se llevó a cabo –el- proceso evaluatorio.

Pero la petición del magistrado Campos quedó solamente en eso. La figura del oficial judicial y la designación de algunos secretarios de estudio y cuenta, y secretarios de acuerdos, han generado sospechas sobre su arribo al TSJ.

AMPLÍAN33 MILLONES

A cinco meses de que se designó a 10 nuevos magistrados del Tribunal Superior, ampliándose de siete a 17 su número, cada vez surgen más evidencias de lo obvio: más que una necesidad judicial, en realidad fue una maniobra política para acomodar a magistrados identificados, en su mayoría, con el gobernador Ney González Sánchez.

Desde diciembre, funcionarios judiciales lo advirtieron: el cuello de botella del Poder Judicial no estaba en segunda instancia, sino en los juzgados de primera instancia, por lo que urgía abrir más, en especial en Tepic, tanto del ramo civil, mercantil, familiar y penal.

El cálculo resultó cierto: los juzgados continúan agobiados por el trabajo. Y lo peor es que al menos en el corto plazo no se considera la apertura de otros, por la falta de recursos.

Y es que la ampliación de recursos otorgada al Tribunal Superior de Justicia quedó lejos de lo solicitado. Si se inició con una petición de ampliación de aproximadamente 60 millones de pesos y luego se pasó a una de 48 millones, al final todo quedó en 33 millones.

Así, el panorama no es el mejor precisamente. Se cree que difícilmente podrán abrirse nuevos juzgados que urgen en distintas partes del estado.

Sin embargo, al menos ayer se anunció el inicio de la construcción del Juzgado para Adolescentes que ha venido funcionando en una finca en renta.

(Más información de este reportero en Internet: relatosnayarit.blogdiario.com)