Estado de los estados: CÓMPLICES DE JAVIER DUARTE

Por: Lilia Arellano

24 / Noviembre / 2016

Un Juez de Control dictó auto de Vinculación a Proceso por el delito de enriquecimiento ilícito a Gabriel Deantes, ex secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS), cercano colaborador del prófugo gobernador con licencia, Javier Duarte de Ochoa. El juez también determinó el aseguramiento de tres inmuebles, el pago de una garantía económica por un millón de pesos, la prohibición para salir del país y la firma cada 15 días del imputado ante el juzgado. En tanto, la Policía Federal mantiene la vigilancia en el aeropuerto internacional de Tapachula y en el de Tuxtla Gutiérrez, tras la detención el 18 de noviembre pasado de Mario Medina Garzón con pasaportes falsos con fotografías del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y su esposa, Karime Macías. Estos y otros más detenidos y sobre quienes levantaron acusaciones ya están libres y, los diputados involucrados, gozando de su fuero.

Antonio Macías Yazegey, suegro de Duarte de Ochoa, dejó su residencia en Coatzacoalcos y se mudó a Tuxtla Gutiérrez, donde vive en el barrio exclusivo conocido como La Lomita, en la zona sur poniente de la capital chiapaneca. Se le mantiene una vigilancia discreta en las afueras de su vivienda. En Veracruz, el secretario de Salud, Fernando Benítez Obeso, admitió: el gobierno de Duarte de Ochoa dejó a medias 109 instalaciones de salud, entre hospitales, clínicas, nosocomios de alta especialidad, una torre pediátrica y módulos de salud. Ante diputados locales, aceptó en la dependencia que encabeza hay un presunto daño patrimonial de dos mil 860 millones de pesos, mismos reportados a mediados de 2015 a la Contraloría General del Estado, pero ninguna autoridad hizo nada.

Ver, mirar, observar, ser testigo pero sin firmar, no es delito ha señalado este ejemplo de funcionario del sector del cual ha dependido antes y después de Javier Duarte la vida de los veracruzanos.

Durante la presente administración federal la corrupción se ha convertido en uno de los más profundos y complejos problemas del país. Organizaciones no gubernamentales nacionales y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierten la necesidad de combatirla para potenciar el crecimiento económico nacional. No obstante, el gobierno aplica su combate sólo como una estrategia mediática de distracción de la real agenda nacional, con acciones rimbombantes como la difusión de recompensas a quien dé información para capturar a ex gobernadores acusados de enriquecimiento inexplicable y desvío de recursos públicos entre otras acciones provocadoras de grandes escándalos pero sumamente difíciles de comprobar como acciones delictivas, más aún cuando ahora se involucra para las denuncias ante Hacienda a terceros a quienes se les ha dotado de potestad para el registro de bienes.

La realidad nos demuestra se posterga el combate y para muestra está el nombramiento del Fiscal Anticorrupción. Una vez más se aplaza la decisión y advierten las fracciones parlamentarias del PAN y del PRD, será hasta el próximo año cuando se tome la decisión. En tanto, dentro de las organizaciones políticas se da el jaloneo, se pretende partidizar este cargo con toda la perversión en las estrategias demostrada en estos días. Cada partido tiene su candidato y de ahí la importancia de iniciar con gran transparencia la elección. Tal vez sea ésta la última oportunidad del gobierno, del presente y de quien lo sustituya en nombre y filiación, de recobrar la confianza ciudadana y de forjarse un rostro diferente frente al mundo.

Fernando Herrera Ávila, coordinador de los senadores del PAN, y Miguel Barbosa, coordinador de los perredistas, informaron a través de un comunicado es la Comisión de Justicia la encargada de calificar la idoneidad de los candidatos para ocupar ese cargo y entregará su dictamen a más tardar el 10 de diciembre de este año. No tenemos prisa alguna ni estamos determinados por agendas ajenas; le vamos a dar el tiempo que sea suficiente y necesario para hacer una buena selección, señaló Herrera, al destacar es imperioso dar máxima publicidad a las comparecencias de los 32 candidatos inscritos y al análisis minucioso de cada uno de los perfiles. En tres semanas no nos da tiempo. Vamos a analizarlo con mucha seriedad, señaló por su parte Barbosa, con lo cual todo apunta no será en la fecha fijada por el panista cuando se cumpla con el nombramiento.

Es ya la segunda vez que el Senado intenta elegir a un Fiscal Anticorrupción. En 2014, la Cámara alta abrió un proceso para designar al titular de esa nueva instancia, pero el intento fracasó, debido a que los perfiles de quienes se registraron para ocupar el cargo no satisfacían las expectativas generadas. Tal y como lo sugirieran es menester sea conocido por los ciudadanos el currículo de cada uno de los inscritos, debe tenerse certeza de la no militancia en las fuerzas políticas registradas, estar ciertos de su nivel de conocimientos y de la rectitud de su vida personal. La corrupción no necesariamente tiene bases económicas, existen otras reveladoras de su existencia y práctica.

Mientras tanto, registrados como el abogado Jorge Ricardo García Villalobos, reciben apoyos de diversas organizaciones sociales, de colegios y barras de abogados de distintas entidades de la República y un gran respaldo ciudadano. A través de los instrumentos de moda mantienen correspondencia y se les informa de los antecedentes del aspirante.

RECOMPENSA POR TOMÁS YARRINGTON

Mientras cómo se menciona en líneas anteriores, el combate a la corrupción sólo es una estrategia mediática de distracción sobre los asuntos torales del país, van quedando atrás los temas en donde resalta la parálisis existente en varios estados, municipios, en la repúlica en general. Con las determinaciones impuestas en la Ley Antilavado, nos convirtieron en soplones y ahora a más de cuatro años de la liberación de órdenes de aprehensión en contra de Tomás Yarrington y con más de una semana de haber dictado la del gobernador veracruzano con licencia, nos pretenden endilgar la etiqueta de caza-recompensas.

El ofrecimiento de la Procuraduría General de la República (PGR) de entregar 15 millones de pesos para quien proporcione información que permita dar con el paradero del tamaulipeco se une a la lanzada en contra de Javier Duarte. Sobre ambos se han realizado todo tipo de bromas entre las cuales resaltan aquellas en donde se menciona la inasistencia al trabajo y a la escuela para ir tras ese dinerito para pagar deudas y tomarse unas vacaciones. También le dan gracias a la Guadalupana por tocarles el corazón a estas autoridades acostumbradas a ver a los ciudadanos realizar las tareas por las cuales ellos reciben su sueldo: portar gases lacrimógenos, proteger con barrotes ventanas, puertas y accesos a los comercios, etcétera, y repartir un poco de esos jugosos botines sin registros pero autorizados para protección de testigos nunca vistos o para estas ahora célebres recompensas.

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el martes pasado el acuerdo A/183/2016 en el cual se señala al ex mandatario de Tamaulipas y compadre de George Bush hijo, como probable responsable de delitos contra la salud. A pesar del amplio despliegue de elementos de la Agencia de Investigación Criminal para cumplimentar la orden de aprehensión (en contra de Tomás Yarrington), aún no se ha logrado conocer el paradero del probable responsable, por lo que resulta de suma importancia la obtención de mayor información que permita su localización, señala el documento. Una vez han tomado en cuenta esos lazos con el ex presidente de EU, ¿se atreverían a romper ese cerco de protección? ¿Abandonan los Bush a su suerte a quienes les han sido útiles?

Yarrington fue gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004 y alcalde de Matamoros de 1993 a 1995. En 2012, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en ese estado libró dos órdenes de aprehensión en contra del ex gobernador, una por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; y otra por delitos contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento de narcotráfico. De acuerdo a la PGR, se le imputa el cobro de sobornos al Cártel del Golfo y a Los Zetas. En noviembre de 2013, el gobierno de Estados Unidos aseguró que desde 1998 el ex mandatario recibió grandes cantidades de dinero para permitir las operaciones de estas organizaciones del crimen organizado.

De acuerdo a investigaciones de autoridades estadounidenses, entre 2007 y 2009 Yarrington se habría involucrado en el contrabando de grandes cantidades de cocaína, la cual salía del puerto de Veracruz. En febrero de 2014, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en la Ciudad de México le negó un amparo solicitado para evitar las órdenes de aprehensión en su contra. La PGR pidió a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) la emisión de la llamada ficha roja, para que en 190 países afiliados se buscara al ex gobernador. Fiscales federales de EU solicitaron a México en marzo de 2014 la detención con fines de extradición del ex mandatario priísta y solicitaron el mismo proceso para Alejandro Cano Martínez, probable prestanombres de Tomás Yarrington.

Bushquenle donde están los beneficios económicos y seguro de ahí llega la protección, ¿o no?

CHIHUAHUA: NUEVOS DESFALCOS DE DUARTE


Las acusaciones sobre el ex mandatario de Tamaulipas son muy diferentes de las lanzadas a los ex gobernadores puestos de moda por su propio partido. Un comparativo permite observar la utilización de los mandatarios del cambio de palabras similares. Una vez comprobado se crea un gran escándalo cuando se habla de enajenación de tierras, a César Duarte, ex gobernador de Chihuahua le descubrió el director de la Comisión Estatal de Suelo, Vivienda e Infraestructura (Coesvi), Carlos Borruel, que en su administración se vendieron predios con un precio hasta 10 veces menor al valor catastral. Por esta irregularidad, la cual implica la venta de la mitad de la reserva territorial del Estado, se estima un quebranto para Chihuahua de más de mil 500 millones de pesos.

En la administración de César Duarte, el Instituto de la Vivienda funcionó como una inmobiliaria y vendió a precios muy por debajo no sólo de los precios comerciales, sino de los catastrales. Por ejemplo, se registró una venta de 190 hectáreas a un precio de 92 pesos el metro cuadrado, cuando el precio mínimo en esa zona era de 800 pesos. La dependencia fue recibida por el nuevo gobierno de Javier Corral con una deuda de 592 millones de pesos, y sin recursos para cubrir la primera nómina; con 143 millones de pesos en cartera vencida; con la cancelación del contrato de recuperación de vivienda abandonada del Infonavit y en un total desaseo administrativo, dicen. Como el reporte no es completo, es decir falta señalar el monto total de la venta de viviendas como para alcanzar una cartera vencida tan abultada y, con miles de casas construidas no se hacen las referencias sobre lo correcto de los empréstitos; en lo referente a las recuperación del Infonavit, bastará llegue a la mente de don Javier, el negocito de los Bribiesca Sahagún y el papel jugado dentro de la entidad por el dueto los bribones.

Asimismo, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas reportó una deuda de 430 millones de pesos por distintos proyectos, algunos de ellos inconclusos o deficientes, y simulaciones en las licitaciones. También la Junta Estatal de Agua y Saneamiento (JCAS) registró un adeudo de mil millones de pesos y manejo negligente de la anterior administración. La documentación comprobatoria de estos casos no revela se quedara don César con dinero, robara a las arcas públicas, eso sí, una gran incapacidad y muchas omisiones tanto en las contrataciones como en las supervisiones. Al parecer de alguna manera se hará realidad el pronunciamiento de algunos tricolores sobre las cortinas de humo para ocultar la deficiente e inexperta llegada de los representantes del cambio.