Edición del Día
Relacionadas
Encabeza Beatriz Estrada entrega del programa social Cuidando tu Bienestar en Amatlán
Reciben en sus hogares los apoyos y beneficios del Sistema DIF Nayarit
Camino libre a Guadalupe Ocotán en La Yesca: Navarro Quintero
El alcalde Manuel Salcedo se reúne con integrantes del C.E.A.
Pagó el Ayuntamiento de Acaponeta en tiempo y forma el aguinaldo
ICATEN Compostela certifica a sus instructores en competencia laboral
El amigo Layín festeja en grande el día del padre en San Blas
Mi compromiso es regresar a mi distrito con soluciones reales: Jasmin Bugarín
Se amparan 2 trabajadores de millones-UAN; temen detención tortura
05 / Diciembre / 2016
Por OSCAR VERDÍN CAMACHO
José Ernesto Robles Delgado y Miguel Ángel Perales Covarrubias, trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) que durante 2015 recibieron depósitos por más de 330 millones de pesos, producto de aparentes pagos e intereses por préstamos requeridos por el ex rector Juan López Salazar, tramitaron juicios de amparo por temor a ser detenidos.
En los juicios de garantías, ambos citan como autoridades responsables a distintos juzgados locales, además de la Fiscalía General del Estado (FGE) y diversas corporaciones de la misma.
El miedo de Robles Delgado y Perales Covarrubias no es para menos: si bien el escándalo detonó el 15 de noviembre cuando el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) reveló el resultado de su auditoría, ha trascendido que la investigación en torno a los millonarios depósitos y el origen de los préstamos a la UAN habría iniciado meses antes por la FGE.
MIEDO A TORTURA
Perales Covarrubias, a quien le habrían depositado más de 10 millones de pesos, tramita el número de amparo 2677/2016 en el Juzgado Primero de Distrito Penal en Tepic, mientras que Robles Delgado el 2675/2016 del Juzgado Segundo de Distrito.
Así contó Miguel Ángel Perales al juzgado federal, según consulta de este reportero al respectivo documento:
siendo las 11:00 horas del día miércoles 16 de noviembre del año en curso, dos agentes de la Policía Estatal se presentaron a mi domicilio, preguntando por el suscrito, si me encontraba en casa, por lo que, al no encontrarme, ya que me encontraba trabajando, manifestaron que regresarían después, toda vez que preguntaron la hora en la que me podían localizar, así que de nueva cuenta se han estado presentado en mi domicilio para entrevistarse conmigo, razón por la cual considero como probable la existencia de una orden de captura.
Quiero dejar en claro su señoría, que no tengo conocimiento de algún procedimiento en mi contra, por lo que tengo temor fundado que los agentes de la Policía Estatal me estén buscando para dar cumplimiento a una posible orden de aprehensión que debieron haber girado en mi contra las citadas autoridades judiciales. Motivo por el cual temo que se me prive de mi libertad violándose mis garantías constitucionales, con la finalidad de coaccionarme a obtener una declaración ilegal mediante tortura y amenazas por parte de los agentes de la policía, además de negarme las prerrogativas relativas a la libertad provisional bajo caución, por tal motivo invoco el amparo y protección de la justicia federal.
En el caso de José Ernesto, a cuyo nombre se efectuaron depósitos por más de 320 millones de pesos, una familiar, al parecer su esposa, inicialmente interpuso en su ausencia el amparo 2636/2016, reclamando posible incomunicación y privación de la libertad, sin embargo, posteriormente el quejoso manifestó que no era su deseo ratificar la demanda de amparo, explicó el Juzgado de Distrito a través de una publicación.
Pero inmediatamente después fue presentado el amparo 2675/2016, éste sí ratificado por Robles Delgado y que sigue en curso.
En ambos casos la resolución de amparo podría conocerse a finales de año, una vez celebrada la audiencia constitucional y con base en los informes rendidos por las autoridades judiciales como de la Fiscalía General.
(NO se autoriza la transcripción o copiar y pegar esta nota a otros medios de comunicación. NO al robo de notas)
sorprende: más de 320 millones de pesos depositados por la administración de López Salazar a un trabajador de la UAN que ha sido identificado como José Ernesto Robles Delgado.
O de otro trabajador, Miguel Ángel Perales Covarrubias, que habría recibido más de 10 millones.