Un juzgado exige la puesta a disposición de la motocicleta del ex director de la PEI abatido en diciembre, justificando que forma parte del cuerpo del delito.

ÓSCAR VERDÍN CAMACHO.-

La ostentosa motocicleta BMW del que fuera director de la Policía Estatal Investigadora (PEI), Julio César Jiménez Arcadia, en la que intentó escapar de quienes lo ejecutaron el pasado 17 de diciembre del 2008, ahora es parte de un conflicto legal en el que participan la familia del occiso, el Poder Judicial del Estado y la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

Y es que a casi cuatro meses del asesinato de Jiménez Arcadia, e incluso de que hay dos hombres sujetos a un proceso penal por ser presuntos autores materiales del crimen, la citada motocicleta no ha sido entregada a familiares del ahora occiso, a pesar de que la han reclamado.

Parientes del finado temen que la PGJ pretenda quedarse con la motocicleta, por lo que han insistido ante el Juzgado Tercero Penal para que la misma sea remitida, y cuyo valor podría ser superior a los 150 mil pesos.

De hecho, según fuentes consultadas, el Juzgado Tercero –donde se ventila el proceso penal número 31/2009- ha requerido al agente del Ministerio Público que consignó la respectiva averiguación previa para que también ponga a disposición la motocicleta, argumentando que la misma forma parte del cuerpo del delito.

Prueba de ello, se ha explicado, es que al momento del asesinato algunos testigos relataron que Jiménez Arcadia fue abatido cuando salía de un negocio de Fullcolor, ubicado por Calzada de La Cruz a unos 30 metros del monumento a La Hermana Agua, y de hecho ya se disponía a alejarse en la motocicleta, la cual quedó derribada junto al cadáver.

Sin embargo, el agente ministerial ha respondido que la petición no puede ser atendida puesto que la BMW es parte de la investigación y que la misma aún no concluye. De manera extraoficial también se afirma que la familia del finado no podría justificar la propiedad de la unidad, y sería otro argumento ministerial.

El Juzgado Tercero Penal podría requerir directamente al procurador General Héctor Manuel Béjar Fonseca para conseguir la entrega del vehículo.

Precisamente el caso de esa motocicleta podría destapar más situaciones similares puesto que hay reclamos de que agentes del Ministerio Público suelen no poner a disposición vehículos involucrados en delitos, y cuyo paradero después se vuelve incierto.

Hasta ayer esa motocicleta no había sido remitida al Juzgado Penal.