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11 / Octubre / 2017

La fuerza legítima del Estado la emplea el gobierno solo cuando se agotó el camino de la negociación política para dirimir los conflictos sociales. Si se recurre a la fuerza por falta de oficio político de quienes son los responsables de preservar la gobernabilidad provocan la radicalización de las partes involucradas de consecuencias difíciles de prever.

Por fortuna ayer por la mañana el Secretario General de Gobierno el Mtro. Aníbal Montenegro sostuvo un intenso pero productivo diálogo el cual generó un acuerdo político para enfrentar el problema del alza del precio del transporte urbano. Este acuerdo consistió en sostener en 6 pesos a la población en general y de 3 pesos a estudiantes y adultos mayores hasta el 23 de octubre. En esta fecha deberá tener los resultados de un estudio socioeconómico por especialistas para que sea la base de los nuevos precios del transporte urbano.

Ahora que Aníbal Montenegro tuvo la oportunidad de mostrar su oficio político fue lo más prudente que pudo lograr en el inicio de la solución del mencionado conflicto con los concesionarios del transporte público urbano.

Para ello tiene los instrumentos legales en sus manos, entre otros la lista de concesionarios de camiones, combis y taxis del transporte público urbano.

La condición económica de un concesionario que solo es propietario de una o dos unidades no es lo misma al que usufructúa una flotilla de unidades de transporte.

Se conoce que menos de una decena de concesionarios son propietarios de la mayoría de las unidades del transporte, entre otros, Félix Torres Haro, Carlos Saldate y el ex fiscal general del estado Edgar Veytia, éstos últimos beneficiados por sus complicidades con el ex gobernador Roberto Sandoval. Claro, utilizaron prestanombres para encubrirse.

Esta es la oportunidad de revisar con minuciosidad si cada una de las concesiones cumple con los requisitos que establece la ley del transporte público.

Asimismo debe escucharse la voz de los trabajadores del volante. En el conflicto por el alza ilegal del boleto del transporte fueron víctimas del escarnio público. Ellos fueron obligados por sus patrones a cobrar los 8 pesos so pena de rebajarles de sus honorarios o despedirlos. Tanto los usuarios como los choferes son víctimas de la voracidad mercantil de los dueños del transporte urbano. Así pues a nadie conviene la confrontación

Intensa agenda legislativa.-La XXXII Legislatura que preside el Dip. Leopoldo Domínguez ha desempeñado en estos dos meses de gobierno el papel de un confiable interlocutor entre instituciones de la actual administración estatal y diversos sectores de la población que demandan atención a sus problemas.

En esta línea tienen que resolver si se instala o no la comisión especial de la verdad que, como se tiene conocimiento es una propuesta de la sociedad civil encabezada por académicos y activistas políticos que exigen que al actual fiscal general Lic. Petronilo Díaz Ponce Medrano inicie carpetas de investigación en contra del ex fiscal general Edgar Veytia y demás cómplices en más de un centenar de abusos de autoridad tales como despojos, extorsiones, levantones ilegales y torturas, así como la de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero del narcotráfico.

Otros pendientes que tiene la actual legislatura es la pronta designación del próximo Fiscal General del Estado y el nombramiento del Fiscal Anticorrupción que deberá integrarse al Sistema Estatal Anticorrupción. Luego si se fincan responsabilidades públicas o no al titular del Órgano de Fiscalización Superior de Nayarit (OFS) Lic. Roy Rubio señalado como presunto responsable de haber sido sobornado con un FIAT notarial por el ex gobernador Roberto Sandoval a cambio de hacerse de la vista gorda ante presuntos desvíos de fondos públicos cometidos en la pasada administración estatal.

Otra de las prioridades será reformas a la ley general de Bomberos y Protección Civil y a la ley del transporte urbano a efecto de adecuarlas a las nuevas circunstancias de movilidad urbana y en la prevención de atípicos fenómenos de la naturaleza

¿Qué pasa en el Ayuntamiento de Tepic? En menos de un mes de instalarse en la silla presidencial de Tepic el Mtro. Francisco Javier Castellón Fonseca es víctima de ataques en diversos medios de comunicación y en las redes sociales. La queja pública tiene que ver con el destino de un crédito bancario de 90 millones de pesos pagadero a un año.

Como ya lo explicó el acalde de Tepic esos recursos serán destinados a pagar salarios y prestaciones sociales de fin de año a trabajadores sindicalizados y de confianza. Es lógico que si no tiene liquidez económica la hacienda municipal para cubrir esos gastos se tenga que recurrir al crédito bancario. Vale más prevenir que lamentar.

El otro enojo de la gente es el nombramiento del ex presidente del Comité Directivo Municipal de Tepic del PAN Oscar Isidro Medina López como director del SIAPA-Tepic.

La vox populi se pregunta si esta persona tiene el perfil profesional para desempeñar ese estratégico cargo o fue impuesto como una componenda política. La responsabilidad del servicio del agua potable no debe ser dejada en manos de inexpertos