Estado de los estados: Autogobierno en cárceles, peligroso y mortal •El Chapo con deterioro mental: abogado
• Lira Salas: atrapado y sin salida

Por: Lilia Arellano

04 / Noviembre / 2017

Por participar en una asociación ilícita para suministrar decenas de fusiles automáticos a un cártel del narcotráfico en México, un sargento del Ejército y reclutador de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Texas fue sentenciado a casi 17 años de prisión El militar de nombre Julián Prezas, de 27 años, fue sentenciado el jueves en San Antonio, donde se declaró culpable en diciembre de cinco cargos por hacer declaraciones falsas durante la compra de armas de fuego, así como por exportar armas a México.

Ante el deterioro mental que aparentemente sufre como consecuencia de sus condiciones de encarcelamiento, la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán solicitó el narcotraficante sea sometido a un examen psicológico. El abogado del capo, Eduardo Balarezo, hizo la petición al juez Brian Cogan, en un escrito remitido a última hora del jueves a la Corte Federal de Nueva York, la cual se ocupa del caso En el último mes, Guzmán Loera ha sufrido un marcado deterioro en su estado mental, lo cual se ha manifestado en problemas para recordar personas, lugares y hechos, argumentó Balarezo El Chapo, quien escapó en varias ocasiones de cárceles mexicanas, está acusado en EU de 17 delitos como líder del Cártel de Sinaloa, entre ellos de tráfico de drogas, uso ilegal de armas y blanqueo de dinero, y se enfrenta a la cadena perpetua

Alejandro Rassaman Baroudi, un empresario vinculado con una red internacional de contrabandistas de mercancías textiles y operaciones con recursos de procedencia ilícita que eran realizados en México, fue detenido en la capital de la República por personal de la Procuraduría General de la República (PGR). Era líder de una red delictiva internacional vinculada en la utilización de diferentes esquemas para introducir textiles de manera ilegal al país, informó la PGR, quien realizó la investigación en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y autoridades de los Estados Unidos.

LETAL AUTOGOBIERNO EN CÁRCELES

Gran parte de los penales del país adolecen de autoridad oficial. Los presos son quienes mandan y establecen las condiciones para coaccionar a sus compañeros, extorsionarlos y obligarlos a pagar por comida, agua potable, un espacio para dormir, acceso a revisiones médicas o un trabajo, hacer uso de instalaciones deportivas o tener visitas familiares o intimas. Además, también controlan el ingreso de artículos ilícitos como drogas y armas. Esta situación afecta a penales en 27 estados e incluso a centros municipales.

Un diagnóstico y recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), confirma: los presos controlan las llaves de las celdas, coordinan áreas y servicios, organizan las labores de limpieza y de vigilancia y dormitorios y hasta el pase de lista. Los presos líderes tienen privilegios y contratan a otros de sus compañeros para servicios personales y, en algunos casos, hay explotación sexual e imposición de castigos, según la Recomendación General 30/2017, publicada en el mes de mayo de este año.

De acuerdo al último Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH de 2016, entre los factores que propician los autogobiernos se encuentran la sobrepoblación, hacinamiento, la ausencia de un marco normativo, personal insuficiente o ilegalidad en la imposición de sanciones disciplinarias. Pero también por la incapacidad, omisión o tolerancia de la autoridad, por la corrupción o por coacción a la autoridad.

Un claro ejemplo de esta situación se reveló esta semana, a través de videos, en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Sergio García Ramírez, en Ecatepec, Estado de México, en donde se observa a un interno, Luis Alberto González Nieto, El Tatos, y a otros reclusos torturar a otros presos. En uno de los videos, se observa como El Tatos quema a una persona a la cual le exige un pago y en otro se ve cómo le da una paliza y toques eléctricos a otro interno.

En la recomendación referida, la CNDH subraya: El problema de las condiciones de autogobierno-cogobierno se agrava debido al aumento de internos vinculados con la delincuencia organizada o con suficiente capacidad económica recluidos en centros estatales y municipales, quienes por lo general controlan el centro de reclusión, situación que es tolerada por algunas autoridades.

También generan efectos nefastos como la reciente riña en el Reclusorio de Chiconautla en la cual participaron alrededor de 300 internos, con un saldo de una veintena de heridos, entre ellos un custodio. La razón del amotinamiento fue que los presos aprovecharon la confusión generada por el intento de homicidio que sufrió Luis Alberto González Nieto El Tatos, quien está relacionado con torturas y extorsión a otros reos del Penal de Neza Bordo, de donde fue trasladado el 20 de septiembre.

De acuerdo a los informes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México, 9 presuntos cómplices de El Tatos, quienes formaban parte de su círculo de seguridad, fueron reubicados de Chiconautla a otros centros de readaptación social, lo cual fue aprovechado por miembros de bandas rivales para intentar asesinarlo, lo cual no se consumó.

EL BAILE DEL FONDEN

Para no perder el hilo de la comisión de falsedades, habremos de señalar dentro de las múltiples y dañinas fallas y omisiones de la administración pública federal la inclusión de la inoperancia del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el cual está diseñado para que tarde una eternidad en llegar, como lo denunció el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien advirtió: sin recursos federales para restituir las viviendas pérdidas en el sismo, es urgente que la Asamblea Legislativa apruebe la Ley de Reconstrucción.

El Fonden es un entramado, un trabuco jurídico, está diseñado para que tarde una eternidad en llegar, sostuvo Mancera, quien añadió: el secretario de Finanzas de la Ciudad ni siquiera ha sido recibido en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno federal. Sin esos fondos, y para no obligar a los damnificados a endeudarse con créditos, explicó, debe ser aprobada la Ley de Reconstrucción en la Asamblea Legislativa. Si no tenemos los instrumentos financieros para ayudar, se van a quedar sin inmueble, sin patrimonio, advirtió el ahora también aspirante presidencial.

Al cuestionársele si ya recibió los recursos del Fonden destinados a la reconstrucción de la Ciudad de México respondió tajante: no ha llegado ni un solo centavo todavía. Mancera aseguró su administración todavía tiene capacidad financiera para seguir ayudando a la gente de la Ciudad de México. Estamos haciendo una administración muy responsable de todos y cada uno de estos recursos, transparente, puntual y estamos pendientes también de que llegue el Fonden. En relación a la firma del convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la entrega de recursos, Mancera Espinosa informó no se ha concretado. No he tenido comunicación con el secretario de Hacienda, no hemos tenido ninguna llamada, seguimos pendientes de tener alguna noticia pronto, esperaría yo, indicó.

Al mejor estilo de la Chimoltrufia, Israel Lira Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), entra en graves contradicciones al ser entrevistado durante la mañana de ayer con relación al avance de la investigación con la cual se dieron a la tarea de asegurar el inmueble de Firts National Segurity, arrendador de mil 500 cajas de seguridad. Pero no solamente son sus expresiones las de versiones encontradas sino que, desde las propias oficinas de la PGR, se da información contradictoria a las declaraciones del funcionario. Hace ya casi un mes de este aseguramiento y no han sido capaces ni siquiera de emitir una información oficial en la cual se perciba la verdad.

Como se recordará, han ido de un extremo a otro señalando: primero, la negativa del propietario de la empresa a colaborar; después, aseguran su total cooperación e inclusive involucran al personal de FNS; en otro renglón, hablan de una investigación llevada a cabo durante un largo año en la cual encontraron cuales eran las cajas propiedad de la delincuencia organizada; más tarde, dicen encontrarse con la necesidad de abrirlas todas para revisar sus contenidos y dar con los prestanombres; en unas declaraciones señalan al propietario prestándole especiales servicios a Doña Lety para, en la siguiente afirmación, advertir son personas honorables quienes nada tienen que ver con esos grupos delincuenciales. Anuncian deberán de ir los propietarios de las cajas a la Ciudad de México a recoger sus pertenencias; luego dan por hecho serán recuperadas en Cancún y llega una tercera versión y una cuarta.

Esa tercera refiere la posibilidad de haber entregado desde ayer estos bienes a sus dueños de acuerdo a una lista cuya jerarquización está a su criterio: quien o quienes tienen urgencia por cuestiones de salud; quien o quienes por necesidad de viajar por negocios; o cualquier otra causa. Para ello se enviaron unos formatos a llenar en donde se interrogaba al usuario sobre la razón por la cual requería le fueran entregados los objetos depositados en las cajas. A ello se agrega la afirmación de no necesariamente presentar respaldos como facturas, etcétera, para acreditar la propiedad. Pero, la cuarta, advierte deberán viajar a México, hacer una declaración, acreditar la propiedad, y los bienes todavía desconocen si les serán entregados en la capital del país o en Cancún.

Lejos de interpretaciones aparece la entrevista radiofónica realizada por Arturo Medina a Israel Lira Salas, una más en donde con sus propias palabras el funcionario contribuye a la desconfianza de quienes temen recuperar sus pertenencias y si éstas les serán entregadas sin faltar una sola pieza. Está también la llamada realizada por uno de los abogados de los usuarios solicitando información a la PGR y la respuesta va en sentido totalmente contrario a lo asegurado por este funcionario a quien, pese a argumentar se ha respetado el derecho y se sigue el debido proceso, la realidad se encarga de mostrar cuál es la realidad y de dónde parten las falsedades, los abusos, la arbitrariedad y las violaciones a la Constitución, a los Códigos, a los Derechos Humanos.

Hace una primera referencia en la entrevista citada para lamentar profundamente los daños causados por los aseguramientos a las cajas y reitera no van en contra de todos aquellos poseedores de estas cajas, tampoco serán despojados de sus pertenencias y nada se les va extraviar, y hace hincapié en estar agilizando la devolución de estos bienes. Posteriormente, se muestra incapacitado para revelar si las fotografías presentadas por un diario de circulación en la capital de la República son falsas o verdaderas, argumentando esto iría en contra del debido proceso y facilitaría a quienes forman parte de la carpeta de investigación –algunos ya detenidos- presentar este hecho en su favor. No podemos revelar esta información, ni confirmar ni negar.

Al ser cuestionado sobre la supuesta contribución del propietario de First National Segurity para abrir las cajas y por eso no tuvieron necesidad de romperlas y si esto forma parte del debido proceso, Lira Salas admitió: hay mucha gente quien pone en tela de juicio la diligencia argumentando no existe la orden o que la actuación ha sido violatoria de derechos y de varios artículos, por lo cual afirmó: la orden fue dada por un juez federal y se están respetando todos los procedimientos, todos los protocolos y todas la obligaciones que tiene el Ministerio Público y que le impone la Constitución y las leyes y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

LA.- Como es bien sabido, el inmueble se aseguró en la madrugada, nunca le fueron presentadas a los representantes legales ni al dueño las órdenes de cateo, tampoco recibió notificación alguna en su visita a la Ciudad de México. Quienes ahí montan guardia no han visto pasar a ninguno de los empleados de la empresa durante las 24 horas del día de su permanencia y tal colaboración resulta falsa al existir dos llaves para abrir las cajas: una en custodia de la empresa y la otra en posesión del usuario y solamente con la combinación de ambas puede accederse al contenido. Al aceptar se está dañando a personas no involucradas en la investigación se asume tienen los nombres de quienes sí están sujetos a ella y ¿entonces por qué a mil 500 se les afecta?

Respetar, como asegura el funcionario, articulados y protocolos hubiese llevado a una actuación de cara a cada usuario, ninguno se ha negado a mostrar el contenido de sus cajas. Sin embargo, ni hay testigos de esas aperturas y mucho menos se sabe cuál es el fin de llevar a cabo un registro de las pertenencias de quienes nada tienen que ver con la investigación. De resultar ciertas las fotos publicadas en el diario de referencia, sólo pudieron haber sido proporcionadas por la SEIDO ya que nadie más tiene acceso a las instalaciones y, de no serlo, la sola provocación de alarma generalizada tiene al medio en un brete. Resulta inaudito imaginar se abran cajas con dinero y este se traslade a una o dos o tres maletas sin mantener cada lote con el número de caja o el nombre del propietario. Y ese uso de cajas de cartón, de huevo, resulta verdaderamente insultante si ha sido esa la forma de actuar de los peritos y especialistas, quienes tienen un año haciendo labor de inteligencia.

Dice el funcionario: la autoridad judicial va a revisar esté la orden de cateo de acuerdo a la ley y a los derechos humanos y también los procedimientos; los jueces federales van a verificar la actuación de ellos y tenemos la certeza de que no se ha cometido ninguna violación. Le parece curioso que las personas propietarias de esta empresa hubiesen recibido bienes en custodia a los amigos de la delincuencia organizada y luego han venido negando enfáticamente que ellos están colaborando con la autoridad federal, con la PGR, con la SEIDO, con las autoridades, con las más altas autoridades del país. Eso me llama mucho la atención.

LA- Una investigación a un grupo comandado por Doña Lety, que no es la capo de capos, pudo ser de tal trascendencia que ha obligado a las más altas autoridades en materia de procuración de justicia a respaldarse en verificaciones de jueces federales quienes, de acuerdo a lo verdaderamente buscado, tendrán que emitir un dictamen de aprobación, tal y como se acató la orden de no recibir amparos sino hasta después de consumados los hechos y, tal vez, encontrado el verdadero objetivo de la búsqueda. Ahora, sería verdaderamente riesgoso y suicida que los propietarios de la empresa desmintieran públicamente, como lo han hecho, su colaboración, lo cual revela que ni les fue permitida y mucho menos solicitada, independientemente de no serles mostrada en momento alguno la orden de cateo respectiva. Los dueños de FNS no reciben bienes en custodia, rentan cajas de seguridad y en eso la confianza existe por la secrecía de sus contenidos.