Condenamos los hechos ocurridos en Baja California Sur: Huicot Rivas Álvarez

27 / Noviembre / 2017

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic, Nayarit.- Ante la trata de personas Nayarit se encuentra en una situación de riesgo, ustedes saben que cuenta con espacios y destinos turísticos que suelen ser focos y donde se prenden alarmas, para combatir este tipo de flagelos, aunado a ello, estamos como vecinos de un estado como Jalisco, particularmente Puerto Vallarta que ha sido considerado como un destino de origen de tránsito y destino de turismo sexual, en el que hay un alto índice de trata de personas, el cual se encuentra en un semáforo rojo por la incidencia que ahí ocurre; por ello nosotros estamos impulsando junto con prestadores de servicios turísticos, con hoteleros, con las diversas autoridades de los órdenes de gobierno, acciones preventivas que puedan en su caso contrarrestar este fenómeno. Así lo informó el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, Huicot Rivas Álvarez.

Remarcó: Vemos que la explotación, tanto laboral, como sexual, es una situación que acontece día a día, la problemática mayor la encontramos en la invisibilidad que existe respecto a este delito, es decir difícilmente vemos que existan condenas o procesos en contra de personas que realizan una trata de personas; en el país son mínimas las sentencias que existen, son mínimos los condenados que existen por este delito por trata de personas, mayormente existen en la CDMX, sin embargo para todos es conocido que existe trata de personas en muchas de las entidades del país, sin que existan unidades especializadas por parte de las fiscalías de los estados para combatir este flagelo, por lo tanto un primer paso es el visibilizar este problema para que pueda en su caso generarse las estadísticas y el diagnóstico preciso que pueda contribuir en su caso a tomar las medidas necesarias para contrarrestarlo.

Por otra parte Huicot Rivas manifestó que la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos condena enérgicamente el ataque perpetrado en el que fallecieran el ombudsman de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho, así como su hijo Fernando de la Toba Lucero, y nos solidarizamos con su esposa Silvia Lucero de la Toba y su hija que resultaron gravemente heridas; ante estos lamentables hechos los integrantes la Federación vemos con preocupación este vil y cobarde acto, por lo que hacemos un enérgico llamado a las autoridades locales y federales para esclarecer los reprochables hechos en los que nuestro compañero y su familia fueron víctimas. Reiteró, como organismos públicos de Derechos Humanos exigimos justicia para quien con su actividad buscaba defender la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales de todos los personas. Pedimos a su vez que incluya en sus líneas de investigación, la labor que realizaba a favor de la defensa y protección de los derechos humanos en la respectiva entidad federativa. Explicó que Harley Sosa Guillén, Presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, admitió que las y los 33 integrantes de esta federación, extendemos nuestro más sentido pésame a su familia, amistades y equipo de trabajo. En momentos en los que la inseguridad, la impunidad, y la corrupción prevalecen, demandamos una investigación profunda y seria que permita encontrar a los responsables de tan cobarde crimen. Como defensoras y defensores de los derechos humanos, alzamos la voz para pronunciarnos en contra de cualquier acción u omisión que busque debilitar nuestra labor en demérito de los derechos humanos. Asimismo exigimos justicia para quien con su actividad buscaba defender la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales de todos los personas. La ejecución de nuestro compañero pone en riesgo la Defensa de los Derechos Humanos, pues es una clara señal de la vulnerabilidad de las garantías para que un ombudsperson en nuestro país pueda realizar su trabajo de manera segura. Esta labor no debe ser objeto de amenazas, intimidaciones o privación de la vida para sí o sus familiares. Es evidente que la pauperización del entorno de trabajo de las personas defensoras de derechos humanos ya sea desde las organizaciones de la sociedad civil, como de los organismos públicos autónomos, ha generado que la defensa de los derechos humanos se haya convertido en una labor de riesgo. No obstante de este hecho, cada titular de los organismos públicos estatales, refrendamos nuestro compromiso de no claudicar en la alta y honrosa encomienda para la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Por ello exigimos al titular del Poder Ejecutivo Federal y Gobernadores de las Entidades Federativas, tomar todas las provisiones necesarias para que ninguna persona defensora de derechos humanos, familiares y/o colaboradores sea objeto de ataques que pongan en riesgo su integridad personal. Requerimos acciones urgentes, efectivas y preventivas a fin de garantizar el sistema de protección no jurisdiccional, en el entendido de que este acontecimiento, no solo ha lastimado a De La Toba sino a la confianza institucional para ejercer este tipo de actividades. La defensa de los Derechos Humanos requiere del respeto que hacia la misma tengan todas las autoridades y del apoyo que las mismas brinden para la consolidación de un Estado Democrático de Derecho, en el que todas las libertades y derechos se encuentren garantizadas.