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Conjeturas> Frente común en defensa de la UAN

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17 / Enero / 2018

La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) pasa por un trance financiero muy difícil propiciado por una pésima administración del ex rector C.P Juan López Salazar y por el crecimiento de su matrícula escolar la que demanda de más infraestructura escolar y la contratación de más empleados y académicos.

El fondo de esta crisis estructural de la UAN como el de otras universidades públicas –más allá de los actos de corrupción y de aviadores- subyace en el problema la política restrictiva financiera del Gobierno Federal a la educación pública y por su proclividad a financiar con excepciones fiscales a la educación privada en detrimento de la educación media superior pública ya que corresponde al modelo neoliberal de desarrollo económico implementado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Ahora más que nunca la comunidad nayarita, los tres sectores de la UAN y el gobierno aliancista de Antonio Echevarría García y legisladores aliancistas deben hacer un frente común para demandar que el gobierno de Peña Nieto no continúe regateando el reconocimiento de las más de tres mil horas que desde hace varios años se niega a pagar.

El mismo mandatario nayarita ha mostrado su interés de encabezar esta lucha por la salud financiera de nuestra Máxima Casa de Estudios

Bienvenida la política de planeación.-Simultáneamente el Poder Ejecutivo Estatal por conducto de la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto) y de las comisiones del Poder Legislativo son organizados foros temáticos regionales que tienen por objetivo escuchar y luego tomar en cuenta las diversas propuestas de cómo resolver la diversidad de problemas económicos, sociales y de la cultura que enfrenta hoy nuestra entidad.

Cito un ejemplo de esta sincronía de voluntad de cambio de ambos poderes.

El gobernador nayarita presidió un foro con los empresarios de la construcción, los colegios de ingenieros y de arquitectos así como con los socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Acompañándose de los titulares de la Secretaría de Obras Pública (SOP), Iprovinay y de la CONAGUA escuchó diversas propuestas que tienen que ver no solo con la obra pública y de la asentamientos humanos sino la de implementar políticas preventivas que preserven el medio ambiente, el crecimiento planificado de la movilidad urbana y de la necesidad que todos los ayuntamientos dispongan de su Atlas de Riesgo.

De igual manera sugirieron al mandatario nayarita adecuar a la nueva realidad la Ley Estatal de Obra Pública y la Ley de adquisiciones del Gobierno del Estado con el propósito de hacer transparente la licitación de obras y servicios de modo que la derrama económica reactive la economía del Estado.

Esta propuesta obtuvo el buen visto del Jefe del Poder Ejecutivo Estatal.

Como tales propuestas implican cambios en el marco jurídico institucional necesariamente deberán pasar por el Poder Legislativo. Para ello la comisión de obras públicas presidida por el Ing. Heriberto Castañeda convocó a una consulta con los directivos de la CMIC y con los colegios de ingenieros y arquitectos a afecto de conocer sus propuestas para la reforma de la Ley Estatal de Obra Pública, la Ley de asentamientos humanos y la Ley de Adquisiciones del Gobierno Estatal en la que consigne las nuevas normas de la construcción de la obra pública y de cuáles serán las nuevas reglas en la licitación de la obra pública.

De esta forma los dos poderes del estado configuran una nueva forma de gobernar, esto es, estableciendo una consulta permanente con la sociedad civil en el diseño de las políticas públicas, es decir, un gobierno participativo, plural e incluyente.

En este caso específico de obra pública y de asentamientos humanos el ayuntamiento que preside el Mtro. Francisco Javier Castellón Fonseca trascendió que en un pleno de cabildo fue aprobado por unanimidad que cualquier obra pública y de asentamientos humanos que vaya a construirse en los próximos años deberá estar normada en el marco de un plan de movilidad urbana y con el visto bueno de la CMIC o de los colegios de arquitectos e ingenieros.

Conforme a estas normas de construcción se evitara el crecimiento caótico de la ciudad lo que garantizará a sus habitantes una mejor calidad en los servicios públicos