Bala y corrupción, el tiempo presiona al gobierno

25 / Enero / 2018

Por Oscar Verdín Camacho

Con una delincuencia sin límite que azota en Tepic, que se hace sentir de mil formas: que lo mismo exhibe los cuerpos de sus víctimas o que los esconde en narcofosas, el Gobierno del Estado ha resentido la impaciencia de la ciudadanía por un escenario en el que cualquiera puede ser blanco de delitos, al mismo tiempo que igualmente espera resultados por la promesa que se hizo en campaña: que se castigaría a los corruptos.

Y si en el primer escenario cabe describir que existe un problema nacional, enfrentadas las organizaciones criminales que se disputan el control de los estados y por ello necesaria una mayor participación del Gobierno Federal, en el segundo la administración de Antonio Echevarría García no tendría pretexto: si no se investiga la probable corrupción del ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda y de varios de sus cercanos no sería precisamente la mejor decisión.

Y ya el tiempo ejerce presión. Transcurridos cuatro meses del gobierno, en su momento en otros estados como Veracruz y Chihuahua resultaron suficientes para que se conocieran los juicios que se siguen a ex gobernadores y otros ex funcionarios.

VARIOS ANOTADOS

Aquí, hay varios personajes que ya están anotados en una lista por probable mal uso de recursos públicos y que es del conocimiento público, por ejemplo el auditor suspendido Roy Rubio Salazar, de las confianzas de Sandoval y quien libra no sólo una batalla legal contra el Congreso del Estado para recuperar la titularidad de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN), sino una segunda lucha contra la Fiscalía General del Estado (FGE) por una investigación que lo chispea por probables delitos como peculado y ejercicio indebido de funciones por algo más de 10 millones de pesos.

Según la trama, entre los años 2014 y parte del 2017, con Roy a la cabeza, la ASEN realizó transferencias de sus cuentas bancarias a 13 personas que no trabajaban ahí, quincena tras quincena e incluidas otras prestaciones, por ejemplo, meses de diciembre en que el aguinaldo y las dos quincenas llegaron a sumar hasta 130 mil pesos a un individuo.

Igual que en la disputa contra la Cámara de Diputados, Rubio Salazar ha recurrido a juzgados de Distrito ubicados fuera de Nayarit para pretender frenar la investigación, especialmente que no sea considerada la respectiva averiguación previa y se le dicte orden de aprehensión. Por el momento, vía amparo ha obtenido suspensiones de la justicia federal para mantener el estado de las averiguaciones sin consignación. Para ello, se ha buscado todo tipo de argumentos, como el de referir que no se le da respuesta a alguna solicitud de información, lo que genera nuevos actos de los que se duele.

Roy Rubio sabe que enfrenta un escenario complicado, y es que varios de los mencionados en la lista de depósitos millonarios no sólo habrían negado relación con el dinero, sino que por lo menos uno interpuso denuncia por su cuenta, por el mal uso que en la ASEN se le dio a su nombre y la falsificación de su firma.

Uno más de los personajes que se ha inscrito, abierto el temor a ser detenido, es el ex secretario de Salud y ex rector de la Universidad Tecnológica de Bahía Banderas, Omar Reynozo Gallegos, quien desde el gobierno de Ney González Sánchez fue denunciado por probable mal uso de recursos públicos.

La semana pasada, se indicó en este espacio, Reynozo tramitó un nuevo amparo para evitar ser sorprendido con alguna orden de captura.

De igual forma, la situación del ex presidente municipal de Tepic Héctor González Curiel El Toro, tiene un especial seguimiento de las autoridades estatales.

Detallado en su momento por este reportero, el gobierno de Roberto Sandoval encubrió a González Curiel unas semanas antes de concluir el cargo, resolviendo la FGE el no ejercicio de la acción penal en una denuncia de probable desvío de más de 50 millones de pesos, situación que combatió el Ayuntamiento de Tepic y cuyo recurso de apelación aún no es resuelto por un juez penal. La Fiscalía esperaría que ese asunto continúe vigente para proceder.

Así, el gobierno de Antonio Echevarría no tendría argumentos si no procede contra Roberto Sandoval y varios de sus cuates. No resulta suficiente con llevar a juicio a cinco ex funcionarios de la administración de Ney González.

En meses en que la delincuencia ha hecho de todo en Tepic, donde las balas han alcanzado a inocentes, incluido a niños, el ciudadano no puede ni está obligado a distinguir si es el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado o el Gobierno Municipal quien deba poner remedio a esta grave crisis de inseguridad. La gente de bien simplemente quiere que esta guerra termine y la autoridad más visible es el gobernador Echevarría, por simple naturaleza del cargo.

En esa parte, vuelve a repetirse, hay una lucha brutal con una violencia desbordada en muchas partes del país. Pero en lo otro, en el combate a la corrupción reciente, ahí sí no tendría pretexto el gobierno estatal.

Y si generalmente los primeros meses son los utilizados en toda administración para ajustar cuentas con los que se fueron, el tiempo sigue corriendo.