Por: Óscar Verdín Camacho.- El Gobierno del Estado se enfrenta a una prueba de fuego, por el caso de la balacera ocurrida la noche del domingo en San Blas, cuando personal de la Marina abrió fuego contra los ocupantes de una camioneta y mató a uno de ellos, mientras que el otro continuaba ayer gravemente herido.

La primera versión, de que se trataba de un enfrentamiento, ha ido diluyéndose puesto que en la camioneta donde viajaban Ricardo Flores Orozco, de 26 años; Miguel Ángel Duarte Soto, de 31; y Freddy Alejandro Llanos Grijalva, no fueron encontradas armas de fuego, ni drogas.

El último de ellos resultó ileso, en tanto que Ricardo perdió la vida en el interior de la camioneta Ford Lobo, propiedad de Miguel Ángel -empleado de PÉMEX-, quien al mediodía de ayer continuaba internado en el hospital del Seguro Social de Tepic, en el área de terapia intensiva.

Su estado de salud es grave.

REUNIÓN DE ALTO NIVEL

El hecho de que hayan sido marinos quienes se habrían extralimitado al disparar sus armas de fuego contra los ocupantes de la pick-up, ha colocado al Gobierno del Estado, literalmente, entre la espalda y la pared, puesto que el titular del Poder Ejecutivo local, Ney González Sánchez, no se ha detenido en elogios a soldados y marinos, a propósito de los operativos de combate a la delincuencia organizada que han realizado.

Pero es ahora su administración la que debe investigar y en su caso proceder contra el personal involucrado en los hechos sangrientos.

El caso, obviamente, no está sencillo: hasta ayer, de manera extraoficial se conoció que la Zona Naval en San Blas no parecía dispuesta a ceder y, por ejemplo, aún no emitía un informe del acontecimiento a la Procuraduría General de Justicia (PGJ), mucho menos ha aceptado poner a disposición a personal alguno.

Lo sucedido en San Blas provocó que el lunes, el gobernador Ney González convocara a una reunión con altos funcionarios relacionados con el tema, en especial los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Fernando Carvajal Cazola, y el de la Procuraduría General de Justicia, Óscar Humberto Herrera López.

Y es que el camino que tome la investigación podría generar roces con la Zona Naval, mismos que el gobierno quiere evitar.

Por su parte, familiares de las víctimas han exigido justicia.

Freddy Alejandro Llanos ha narrado que si bien consumían bebidas alcohólicas en el interior de la camioneta, jamás tuvieron un altercado con los marinos, sino que repentinamente iniciaron los disparos.