La Fiscalía de Nayarit, a prueba contra los poderosos

15 / Marzo / 2018

Por Oscar Verdín Camacho

A prácticamente seis meses del inicio del gobierno de Antonio Echevarría García, se puede dar por hecho que buena parte de los restantes tres años y medio de la administración versarán sobre expedientes judiciales y los resultados que tenga en las investigaciones que se siguen contra ex altos funcionarios públicos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) que encabeza Petronilo Díaz Ponce, tiene sobre sus hombros una responsabilidad que podría ser histórica, pues no siempre se conoce que al mismo tiempo se realicen investigaciones contra el ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda; su ex secretario Raymundo García Chávez –actual magistrado administrativo-; o los ex titulares de la Auditoría Superior del Estado, Roy Rubio Salazar; de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Hugo Villagrán Bernal; el ex presidente municipal de San Blas Hilario Ramírez Villanueva; el ex presidente municipal de Tepic Héctor González Curiel; o varios ex funcionarios de la época del gobierno de Ney González Sánchez, encabezados por el entonces secretario de Administración Florencio Román Messina, por citar algunos casos que son del conocimiento público.

Aquí hay un aspecto que conviene citar y que, de hecho, ha referido este reportero especialmente desde el inicio del sistema de justicia oral: el pobre respaldo económico al personal de la FGE y defensores públicos, precisamente en los gobiernos de González Sánchez y Sandoval Castañeda.

Al abrirse carpetas de investigación contra personajes que tendrían no sólo un peso político, sino también recursos económicos, ha motivado que algunos recurran a despachos que han atendido asuntos de impacto nacional, según es el caso de Roberto Sandoval que es asesorado por José Luis Nassar Daw, con oficinas en la Ciudad de México.

Es decir, parece ser que por recursos no van a parar en su defensa y que despachos grandes que normalmente no litigaban en Nayarit, empezarán a hacerlo con estos personajes.

Y es ahí donde cabría preguntarse sobre la capacidad humana que tiene la Fiscalía para atender esos casos, más los que se acumulen. La referencia no es en cuanto a los conocimientos de agentes del Ministerio Público, policías y peritos, sino al evidente desgaste físico que genera la sobrecarga de expedientes.

Un ejemplo: el mismo equipo ministerial que realizó el aseguramiento de inmuebles que pertenecerían al ex gobernador y que efectúa la indagatoria, también participó en las debatidas y prolongadas audiencias del juicio contra el ex titular de la CONAGUA.

Por ello cabría insistir en el momento que vive la Fiscalía, que además enfrenta críticas por esta delincuencia sin límite que mata y sigue matando, incluso a inocentes, y que ha hecho del municipio de Tepic uno de los más violentos del país.

El mejoramiento, para empezar en las percepciones económicas de agentes ministeriales, policías y peritos no puede esperar, como tampoco el de reforzar en número a esas oficinas ministeriales por una necesidad social.

Y es que, por si fuera poco, si los expedientes de alto impacto se caen, si resulta que las extorsiones, despojos, enriquecimiento ilícito desde el poder y que son del conocimiento público, no se comprueban judicialmente, no sólo se reforzaría la versión popular de que en México los poderosos siempre serán intocables, sino que de paso impactaría en la Fiscalía, pero también en Echevarría, cuya principal promesa de campaña fue combatir precisamente la corrupción.