Por: Óscar Verdín Camacho.- El hecho de que la Sexta Zona Naval y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) hayan remitido las actuaciones al agente del Ministerio Público Militar, por los sucesos del domingo cuatro, cuando elementos de la Marina dispararon contra los ocupantes de una camioneta y mataron a uno de ellos, en San Blas, e hirieron gravemente a otro, podría representar un riesgo para el esclarecimiento de los hechos.

De acuerdo con el abogado Mario Alberto Clemente Martínez, dirigente de la Asociación Internacional de Abogados con Postgrado, el riesgo es que la justicia militar se convierta en juez y parte.

Explica:

Considero que quien debe investigar los hechos es la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través del agente del Ministerio Público del Fuero Común, porque se trata de un delito de homicidio; si bien la Marina dice en su comunicado que les marcaron el alto –a los ocupantes de la camioneta Ford Lobo, propiedad de Miguel Ángel Duarte Soto, de 31 años, que está herido-, no está acreditado que lo hayan hecho. Considero que tuvieron que haberles advertido de alguna forma antes de dispararles a matar. Debieron disparar a las llantas. El Ejército y la Marina están preparados para esas situaciones.

- ¿Por qué no debe conocer el asunto el Ministerio Público Militar?.

- Primero porque son actos que se le están imputando a una autoridad militar; fueron marinos los que intervinieron y sería juez y parte. Del otro lado hay civiles que no tendrían, por decirlo de alguna manera, ayuda, como víctimas. Obviamente el Ministerio Público Militar le estaría dado la razón a la misma milicia.

Hay un caso similar en el norte del país, donde el Ejército dice que se le marcó el alto a un vehículo y al no detenerse dispararon y mataron a dos menores; la familia está pidiendo justicia. También se generó una controversia sobre qué autoridad ministerial debía investigar esos hechos.

Aquí, considero, debe investigar el Fuero Común porque los civiles que fueron víctimas, de acuerdo a lo que he leído, no traían armas, ni drogas, el vehículo está legal, no es robado. No pertenecen a ninguna organización criminal y uno de ellos, incluso, trabaja en una empresa paraestatal. El único delito que cometieron fue conducir un vehículo en estado de ebriedad.

EL ARTÍCULO 13

Otro abogado, que pidió el anonimato, remitió a las últimas líneas del artículo 13 de la Constitución Política de México, que dice:

Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.

El martes por la tarde, la Sexta Zona Naval anunció que daría parte al Ministerio Público Militar para que realizara la investigación respectiva.

Un día después, el Gobierno del Estado asumió la misma postura. La Procuraduría General de Justicia remitió las actuaciones a la autoridad militar.

En los hechos del domingo cuatro, perdió la vida Ricardo Flores Orozco, de 26 años, mientras que Miguel Ángel Duarte resultó herido. Ayer continuaba internado en Tepic.