El Poder Judicial (no) tiene la culpa; paga el precio por convertirse en botín político

16 / Abril / 2018

Por Oscar Verdín Camacho


La denuncia de constante agravio directo, posiblemente a miles de personas en Nayarit durante el gobierno de Roberto Sandoval Castañeda, con Édgar Veytia a la cabeza de la Fiscalía General del Estado (FGE), dañó la imagen de un tercero: el Poder Judicial del Estado.

Efectivamente, sin ese no querer ver la realidad de lo que sucedía, por parte de jueces y magistrados, Veytia no hubiera conseguido un dominio aplastante en los expedientes judiciales.

Ahora que Veytia está preso en Estados Unidos por un caso de narcotráfico, ahora que Sandoval es investigado por el origen de su insultante riqueza, esta conformación en lo alto del Poder Judicial vive una página negra en la impartición de justicia que, aparentemente, intenta superar y dejar atrás, aunque se trata de una situación nada sencilla: se cometió demasiado daño a personas que fueron encarceladas sin razón por orden del ex fiscal, inventando delitos y obteniendo con facilidad órdenes de aprehensión para luego concretar sus oscuros propósitos: el despojo de tierras, casas y otros bienes.

En julio del 2017, este reportero mostró una estadística revelada por el propio Poder Judicial respecto al comportamiento anual de diversos delitos. El de resistencia y desobediencia de particulares, mostró los siguientes datos: 2010: 39 expedientes; 2011: 49 casos; 2012: 191; 2013: 436; 2014: 646; 2015: 646; y 2016: 70.

Ahí está un ejemplo de la mano sucia de Veytia: era evidente que se inventaban delitos mediante desobediencia y resistencia de particulares, para justificar detenciones. El descenso en el 2016 se atribuye al inicio del sistema de justicia oral.

Otras veces, en este espacio se ha abordado el tema de la falta de cambios de adscripción de los jueces de primera instancia. Ello provocó, y era del dominio público, que asuntos de alto impacto o de interés de Veytia cayeran en determinados juzgados y que, peor aún, muchas de las veces él decidía quién debía estar en la cárcel y quién no.

¿Por qué lo permitió el Consejo de la Judicatura?, integrado por sus 17 magistrados y dos jueces. Se trata de un numeroso órgano colegiado que no actuó en ese sentido.

Si no eran cómplices de Veytia, ¿por qué lo dejaron hacer todo eso?, ¿por qué no cambiaban la adscripción de algunos jueces?, ¿quién decidía, en las más altas esferas del Poder Judicial, que tal asunto cayera con tal juez?.

Las respuestas podrían ser variadas: ¿también los magistrados eran víctimas de Veytia?. O podría analizarse la carrera de varios de ellos, sin vínculo anterior con el Poder Judicial y más bien accediendo a la magistratura por intereses políticos o por amistad.

Los magistrados no pueden ahora decir lo que el año pasado comentó Roberto Sandoval tras la detención de Veytia: que él no sabía de sus malos pasos.

Sí sabía.

Este apunte no pone en duda que en el Poder Judicial hay gente valiosa que ha hecho su carrera con dignidad, pero lamentablemente están siendo arrastrados por esta imagen de desprestigio.

Algunos de ellos, consultados por este reportero, consideran que la última buena época del Poder Judicial fue durante los años de la presidencia del magistrado Javier Germán Rodríguez Jiménez, que luchó por una verdadera independencia judicial.

Recuerdan que Rodríguez Jiménez fue procurador General de Justicia al inicio del sexenio de Roberto Sandoval, pero decidió renunciar en poco tiempo al advertir que las cosas no iban por buen rumbo.

Al Consejo de la Judicatura le falta la autocrítica.

Pero en la actualidad se vive una situación singular, puesto que los 17 magistrados fueron impulsados en los gobiernos de Ney González Sánchez y Roberto Sandoval, en contra de los cuales y otros ex funcionarios se realizan investigaciones por la administración de Antonio Echevarría García. Varios de esos asuntos han llegado a los juzgados, pero no con los resultados que el gobierno de Echevarría esperaba, y con esos antecedentes se lanzó el viernes 13, durante una reunión de magistrados presidentes del país, celebrada en Bahía de Banderas, teniendo como anfitrión al magistrado presidente Pedro Antonio Enríquez Soto:

aspiramos todos a tener tribunales confiables y respetables, legítimos y con credibilidad y para que eso suceda deben estar desligados de las dinámicas del poder político, anhelo que estamos lejos de alcanzar

El gobernador habló de una justicia robada por un par de gobiernos irresponsables, saqueadores y sin compromiso alguno con las causas de los nayaritas; justicia robada por un ex fiscal hoy interno en una prisión norteamericana

Justicia robada, seamos claros, por algunos jueces y algunos magistrados sin cuya complicidad es inexplicable la conducta que desplegó (Veytia).

Echevarría insistió:

Jueces y magistrados que por si fuera poco, aún insisten en tener un manto de protección sobre quienes saquearon al Estado y destruyeron sin piedad sus instituciones. Al día de hoy, según reportes de la nueva Fiscalía General del Estado, el papel de guardaespaldas de estos malos servidores públicos es evidente.

Sin citarlos con su nombre, Echevarría mencionó diversos asuntos a los que se ha dado seguimiento en este espacio: el de ex funcionarios de Ney González encabezados por el ex secretario de Administración Florencio Román Messina; el del ex presidente municipal de Tepic Héctor –El Toro- González Curiel; el del ex director de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) Hugo Villagrán; o el caso de millonarios desvíos en la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN).

Quienes tengan compromiso con poderes fácticos, que renuncie y litigue desde el digno ejercicio profesional privado, pero ya no emboscado bajo el manto de nuestras instituciones. La ley me obliga, los ciudadanos me lo exigen, debemos restituirle a Nayarit las herramientas de la justicia y los llamo a que lo tomen muy en serio. Hagámoslo juntos, todavía se puede, vamos hacerlo al amparo de la ley cueste lo que cueste.

Más tarde, en la página de Facebook Poder Judicial Informa, Enríquez Soto reconoció en primer término la preocupación del Poder Ejecutivo porque se garantice una expedita y eficaz impartición de justicia en el Estado.

Más adelante, respecto a los casos referidos por Echevarría, el magistrado agregó que jueces de primera instancia y magistrados han resuelto las promociones de las partes conforme a las normas y procedimientos que son aplicables en cada caso, sean del sistema tradicional o el acusatorio.

Enríquez Soto dijo asimismo que dichas resoluciones son recurribles ante la justicia federal, que hasta el momento en ninguno de dichos casos se ha pronunciado porque se modifique lo dispuesto por jueces y magistrados.

Evidentemente con un tono suave, el magistrado precisó al gobernador que los asuntos pueden ser recurridos ante el Poder Judicial Federal, que decidirá en definitiva el sentido que deben seguir.

Habrá que ver si el embate de Echevarría tiene efectos en los futuros expedientes que sean llevados a los juzgados, especialmente los que atañen a ex funcionarios que habrían desviado millonarios recursos o cometieron abusos contra ciudadanos.

NADIE QUERÍA SABER

Lo acontecido en los últimos años en el Poder Judicial, especialmente en el sometimiento a Veytia, que costó el encarcelamiento de muchas personas o de sus familias para ejercerse una brutal presión, es una experiencia amarga que no debe repetirse.

Pero así como se critica que ya no pueden llegar magistrados por el simple hecho de ser amigos del gobernador en turno –habrá quienes sean amigos, pero al menos debe justificarse que merecen el cargo y han tenido una carrera honorable-, habría que añadir el papel que han jugado el Congreso del Estado.

Hoy, irónicamente, se cosecha aquella reforma del 2009 que amplió de siete a 17 magistrados pero que no terminaron por dejar constancia de que fue una buena reforma. Nunca salieron de Tepic, aunque se había asegurado que se acercaría la justicia con magistrados en diversas áreas del Estado. Y, por si fuera poco, varios magistrados tienen fama de llegar tarde a su trabajo y retirarse temprano.

Pero en esta responsabilidad histórica no están solos.

Un ejemplo: en agosto del 2015 arribaron a la magistratura Alfredo Becerra Anzaldo, Zaira Rivera Véliz y Francisco Javier Rivera Casillas, identificados plenamente con Veytia, el primero, y con Sandoval los otros dos.

Los partidos de oposición en la Cámara de Diputados tuvieron una oportunidad histórica para echar abajo la propuesta del Ejecutivo, pero el día de la votación estuvieron ausentes, en la sesión legislativa, los diputados Luis Manuel Hernández Escobedo (PRD) y Felícitas Parra Becerra (PAN), quien de plano abandonó el recinto antes de iniciar la sesión. Sus razones habrán tenido, pero lo cierto es que no estuvieron, no votaron en contra.

Y así, el PRI y sus partidos aliados sacaron adelante la designación.

Y en esa responsabilidad histórica tenemos que anotarnos los medios de comunicación: ¿realmente narramos los abusos que se cometían o preferimos callar?. ¿Al menos hicimos el intento?.

Y ahí está también la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cómplice igualmente del constante abuso de autoridad en el gobierno pasado.

Además de ello a nivel local, siempre habrá que cuestionar el papel de los órganos de inteligencia del Gobierno Federal: de la PGR, del CISEN, del Ejército, la Marina. ¿Tampoco ellos sabían?.

A partir de hace un año, tras la detención de Veytia, muchas personas empezaron a denunciar los abusos, la tortura, el despojo, el encarcelamiento. Hoy reclaman lo que les fue arrebatado con esa bárbara presión desde el gobierno.

Pero seguramente faltan más atrocidades por saber, aunque hay gente que ha preferido callar por miedo a represalias.

Hoy Nayarit está pagando un precio muy alto por la responsabilidad directa de varios, pero también por la complicidad o encubrimiento de muchos más. Y el que ahorita está pagando esa situación de desgaste es el Poder Judicial que, se repite, no generó un equilibrio frente a Veytia, sino que, en muchos casos se convirtió en brazo ejecutor de aquel, resolviendo a favor de sus intereses.

Hace unas semanas, este reportero presentó el caso del ex agente del Ministerio Público Miguel Ángel Astorga, encarcelado en el 2016 con delitos inventados, para no variar el de resistencia y desobediencia de particulares, y asegura que cuando le pidió al juez Manuel Núñez Verdín que le concediera la libertad bajo fianza, aquel se negó, diciéndole que lo haría hasta que Veytia se lo ordenara. Astorga mantiene una denuncia penal y una queja ante el Consejo de la Judicatura.

Si algo podría cuando menos remediar el agravio de los últimos años, es que un día se logre regresar a sus legítimos dueños lo que les fue arrebatado.

Pero que este abuso desde las instituciones, no se repita jamás.

Y que el Poder Judicial no vuelva a ser utilizado como un botín como lo hicieron Ney González y Roberto Sandoval.