Ex altos funcionarios firmarán en juzgado cada semana para evitar reaprehensión

* Uno de los procesados tramita amparo para reclamar la medida cautelar; el fallo resultará significativo puesto que el caso ha merecido críticas del gobernador Antonio Echevarría al Poder Judicial.

08 / Junio / 2018

Por OSCAR VERDÍN CAMACHO

Los cinco ex funcionarios de la época del gobernador Ney González Sánchez, que enfrentan un proceso penal por el probable delito de peculado por un monto de 89 millones 473 mil 448.57, continuarán el juicio en libertad, aunque presentándose a firmas al Juzgado Segundo Penal un día por semana.
El pasado dos de mayo, este reportero explicó que había sido aceptada la excusa del Juzgado Primero Penal para no seguir conociendo el asunto, por lo que fue remitido al Juzgado Segundo y se inició el número de expediente 12/2018.
Como es del dominio público, en diciembre del 2017 fueron aprehendidos Jesús Francisco Domínguez Hernández, ex director General de Administración, y Sandra Edith Martínez Sánchez, ex directora de Comunicación Social, que recuperaron la libertad mediante una garantía de 200 mil pesos cada uno, como medida cautelar.
Ahora se conoce que a otros tres presuntamente implicados: Florencio Román Messina, ex secretario de Administración; Alma Lorena Orozco Santos, ex directora General de Tesorería; y Víctor Manuel Flores Ruiz, ex director General de Contabilidad y Presupuesto, también se les fijó una suma de 200 mil pesos.
Esto último había quedado pendiente puesto que los tres comparecieron al Juzgado Primero Penal después de tramitar juicios de amparo, obteniendo una suspensión provisional para evitar la aprehensión, lo que facilitó que se presentaran a la audiencia de declaración preparatoria, donde se reservaron el derecho.
La medida cautelar debió dictarse el reciente 16 de mayo, puesto que es la fecha que precisa el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo Penal, que la semana pasada dio inicio al juicio de garantías 672/2018 tramitado por Víctor Manuel Flores Ruiz, en contra del acuerdo que fija la mencionada garantía económica, apercibido que si incumple podría ser reaprehendido.
La resolución que en un futuro se tenga del amparo podría resultar especialmente ilustrativa, ya que, se conoce, este proceso de peculado es uno de los que ha referido el gobernador Antonio Echevarría García para criticar la actuación del Poder Judicial del Estado, especialmente por el monto de la medida cautelar.
La audiencia constitucional fue programada para finales del mes de junio.