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01 / Agosto / 2018

Es menester reconocer que el régimen presidencialista en las últimas tres décadas inició un proceso de descomposición y acotado su poder por el fortalecimiento de los partidos políticos y una mayor presencia de representacion en las dos cámaras del Congreso de la Unión derivado de las reformas electorales y la autonomía del órgano Federal Electoral.

Una vez que el sufragio libre y efectivo fue respetado en 1997 por primera vez en la historia de México el PRI no obtuvo la mayoría calificada en la cámara de Diputados federal, lo que obligó al presidente de la república y su bancada priísta a negociar el presupuesto de gasto público con las bancadas de los dos partidos de oposición más importantes en el país como lo eran el PAN y el PRD de manera que transitaran las reformas constitucionales.

Los gobiernos divididos con la alternancia en el poder Ejecutivo Federal protagonizada por el panista Vicente Fox en el 2000 se inició de igual manera la alternancia en las gubernaturas de la mayoría de los estados, algunas veces mediante coaliciones de ideologías antagónicas como el PAN-PRD-PT u otras alianzas de partidos de izquierda. El objetivo central era terminar la añeja hegemonía del PRI en los gobiernos estatales.

Sin embargo en los hechos no se tradujo en buenos gobiernos, primero porque los puestos públicos fueron repartidos como botín de guerra y segundo porque el Ejecutivo Estatal fue doblegado por una mayoría en los Congresos locales.

Fue en este tránsito de estires y aflojes entre ambos poderes cuando emergió una poderosa partidocracia en donde sus élites dirigentes fueron acumulando poder político y económico.

El pragmatismo sustituyó a los principios ideológicos y programáticos. Olvidaron sus orígenes doctrinarios y su mística social; en cambio sus dirigentes nacionales y estatales saltaron como trapecistas de un puesto de elección a otro en el goce de prebendas personales. En otras palabras los gobiernos de alternancia a excepción de algunos fueron fallidos

Todo el poder al presidente.-Los electores mexicanos decepcionados e irritados por esta clase política corrupta, nepotista y ambiciosa que saqueó al Erario público decidió mayoritariamente en las pasadas elecciones presidenciales darle un voto de confianza al líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador. A éste luchador social apostaron la mayoría de los ciudadanos su esperanza en el provenir de México al otorgarle la mayoría absoluta en las dos cámaras del Congreso de la Unión

¿Qué hacer ante todo ese poder? El Mejor antídoto para contener cualquier exceso del poder presidencial es consolidar a nuestras instituciones públicas como lo son los Entes autónomos, a gobiernos municipales y estatales, congresos locales, el INE, Banco de México, Sistema Nacional Anticorrupción, la Fiscalía General de la Nación, los fiscales anticorrupción estatales, democratizar a los partidos políticos, respeto a la libertad de expresión y de manifestación y, sobre todo a una ciudadanía organizada y participativa en los temas de la agenda nacional.

En esta tesitura el Dip. Leopoldo Domínguez, presidente de la XXXII Legislatura local señaló la necesidad de fortalecer a los poderes ejecutivos y legislativos de las entidades de la república, a los gobernadores por medio de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y a los congresos locales por la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL) así como restructurar y potenciar a los partidos políticos hoy en la oposición

De las palabras a los hechos.-EL diputado panista Leopoldo Domínguez tiene razón siempre y cuando los dichos se sustenten con acciones de gobierno.

En el caso de Nayarit es de mayor relevancia ya que el Jefe del Poder Ejecutivo Estatal Antonio Echevarría García tiene el apoyo de una mayoría de diputados aliancistas en el Congreso del Estado.

Hasta ahora el líder de la mayoría aliancista en la actual representacion popular ha sido de una prudente coordinación con la agenda programática del mandatario nayarita.

En los 11 meses de gobierno legislativo se aprobaron reformas muy importantes en seguridad pública, salud, educación, movilidad urbana, derechos humanos y la designación del Fiscal General del Estado y en el curso de este mes seguramente se designará al Fiscal Anticorrupción y de delitos electorales. Por supuesto hay varios pendientes de compromisos de campaña que seguramente serán debatidos y aprobados en los próximos años.

Otra de las acciones que cumple con responsabilidad es la mediación e interlocución para encontrar soluciones negociadas a partir del diálogo con diversos sectores de la población que reclaman solución a sus demandas.

De esta manera el gobierno aliancista se ganará la confianza de los nayaritas. Este es el mejor camino para contener los probables excesos de un fuerte presidencialismo por venir

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