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10 / Septiembre / 2018

La evolución político-gubernamental de nuestros días, ha supuesto un reto de enormes proporciones sobre los protagonistas de su ejercicio en todos los ámbitos, de ahí el agotamiento ineluctable de un ciclo en el que se depuso sin más, cabe decir, la esencia del correcto desenvolvimiento del respectivo usufructo del poder: la participación democrática.

Está claro que al margen de la incidencia racional y estratégica de la ciudadanía en la adecuada conducción y representación de sus intereses, no puede haber poder, autoridad ni gobierno con clara identidad popular, acorde a la definición precisa de la propia práctica democrática. En todo caso lo que se erige, es un adefesio de monólogos y absurdos, en un deplorable marco de dobles discursos: hablar de inclusión, cuando se excluye en los hechos -y se tienen favoritos-, pregonar nuevos tiempos, cuando se reproducen los mismos esquemas de evidente intento desesperado de control hegemónico, sectario y de escondrijos bajo la alfombra de lo inexplicable, e inclusive de los estrambóticos excesos de segundos y terceros.

De conformidad, el reto de la reinvención o regeneración del sistema de gobierno actual, deriva de la adopción de la política por encima de la politiquería (la que vino en cambio a ser el origen de la degeneración de la gobernanza, lamentablemente concebida y desarrollada por politicastros únicamente como el modus vivendus para enriquecimiento y empoderamiento personal y familiar), como herramienta fundamental a su vez, de comunicación, que es la interacción inteligente que atiende, entiende, comprende y responde eficaz y oportunamente sin simulación, mentiras, marrullerías, sectarismos, ni pichicaterías, cuando es por demás sabido que el trillado argumento de la austeridad, es solo una faceta más del egoísmo y el lucro apolítico que premia o castiga lealtades y adhesiones o en su defecto enemistades, o de plano, simplemente a los no cercanos.

Hoy por eso, el veredicto mayoritario es cada vez más contundente, y exige hechos de probada eficacia, es decir, aptamente verificables por sus propios beneficiarios, no por lo que diga artificiosamente con alevosía y ventaja el politicastro, oscuro funcionario y cortesano, o gobernante, que por supuesto cuando se trata de justificar su bonanza en relación con lo hecho a favor del pueblo, siempre el resultado en sus informes será el mismo: todo está muy bien, y avanzando.

En tal circunstancia, es destacar pues la reciente apuesta del Congreso local, de consumar parte trascendente del andamiaje jurídico que dé potencia a la voz ciudadana para prevenir o sancionar cualquiera de las anomalías que lleguen a presentarse en materia de corrupción gubernamental o en lo electoral. En lo subsecuente, ¿se garantizará la elección de un Fiscal Anticorrupción, así como de combate de los delitos electorales, que no deje lugar a dudas del compromiso ineludible por la justicia, la verdad y la legalidad? ¿Se fortalecerá ya en lo sucesivo una política de comunicación que asegure la atención, comprensión y decodificación incluyente y recíproca, del tiempo y las circunstancias en turno?

Asimismo, con el impulso los últimos días del Observatorio de Participación Política de la Mujer, -ente coyuntural enfocado a prevenir y erradicar la violencia política, que bien conducido, podría inspirar la adopción y adaptación de su esencia a otros campos del quehacer político y democrático de la Entidad-, ¿qué tan fuerte se ha programado su impacto, de tal suerte que, según un eficiente manual político y de administración: realmente se ponga orden, se cuantifiquen necesidades, se establezcan prioridades, se delegue en personas competentes, se lleve seguimiento del proceso, y se verifiquen resultados? Veremos pues, entonces.