El hecho de que ocho actas de los 14 ayuntamientos que aprobaron la reforma a la Constitución Política del Estado de Nayarit, en junio pasado, no hubieran sido firmadas por el secretario municipal respectivo, bastó este jueves para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara nulo el citado cómputo, mediante el cual se declaraba ya aceptada la reforma, publicada en el Periódico Oficial.
Fue citado que únicamente seis de las actas de Cabildo tienen validez.
Ayer en sesión pública, transmitida en vivo por el canal de la Suprema Corte, se decidió remitir el fallo al Congreso del Estado para que, con libertad, decida lo que le corresponda, que podría ser un nuevo cómputo.
La ponencia, a cargo de la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, incluye que la Cámara de Diputados local podrá incluir, en el nuevo cómputo, la de los otros seis ayuntamientos no contemplados inicialmente.
Durante la sesión de la SCJN, se insistió que bastaba con la nulidad de las ocho actas para declarar que la reforma no ha sido aprobada, sin necesidad de entrar al estudio de otros reclamos planteados por el PAN, PRD y Convergencia, que demandaron por separado la acción de inconstitucionalidad.
Es decir, los ministros no creyeron necesario estudiar, por ejemplo, el hecho de que algunos ayuntamientos hayan sesionado dos veces, modificando su inicial sentido del voto, o las prisas con que los regidores fueron convocados a la respectiva sesión, incluso antes de que el Congreso del Estado aprobara la reforma, durante la madrugada del 19 de junio.
En ese punto, el ministro Luis María Aguilar Morales fue insistente, pues desde su opinión, debían analizarse todas las quejas ya que, explicó, si el Congreso del Estado solventa las deficiencias, lo más probable es que sean presentadas más acciones de inconstitucionalidad, reclamando los mismos hechos.
Puesto que en Nayarit hay 20 municipios, una reforma a la Constitución requiere de la aprobación de al menos 14 ayuntamientos.
La reforma anulada incluye aspectos como el de la asignación de diputados a partidos políticos que obtengan un mínimo de 1.5 por ciento de los votos, así como la separación del cargo público –que se sabe ahora, sería en los primeros días de noviembre- para los funcionarios que aspiren a puestos de elección el próximo año.
Hace dos meses hubo muchas versiones de que la reforma tenía un mensaje del gobernador Ney González Sánchez contra el presidente municipal de Tepic, Roberto Sandoval Castañeda, para obligarlo a separarse del cargo mucho antes.
Por cierto, el Cabildo de Tepic fue uno de los que votó en contra de la reforma.