Por: Óscar Verdín Camacho.- Entre el lunes 23 de agosto, en que se produjo el asesinato del maestro Cristian Ortega Ochoa, y el jueves 26, en que fue identificado su cuerpo, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) recibió una denuncia penal en su contra por un probable delito de fraude.
Quien formuló la denuncia no se imaginó que con ello abriría una fuerte línea de investigación y aumentaría la creencia de que el homicidio, hecho parecer como una ejecución, podría tener relación con aspectos vinculados al tema de educación: la venta de plazas para maestros, precisamente en el inicio del ciclo escolar.
De acuerdo con datos recogidos, la denuncia penal, formulada por una mujer, revela que Cristian recibió un pago por más de 30 mil pesos, como un adelanto de un total de 100 mil, a cambio de una plaza para maestro de telepreparatoria, sistema dependiente de la Secretaría de Educación Media Superior, Superior e Investigación Científica y Tecnológica (SEMSSICyT) del Gobierno del Estado.
Sin embargo, se conoce, Cristian no laboraba ahí, sino en el departamento de Secundarias Técnicas de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN). Tras su muerte, varios de sus compañeros fueron cambiados a otros departamentos.
Pero el caso de la denunciante ha arrojado que no era el único tratado por el ahora occiso, por lo que podría estarse frente a una espiral que involucra a más funcionarios y a personas que hicieron importantes pagos por una plaza de maestro que jamás les fue asignada.
Cristian era sobrino directo del ex gobernador Rigoberto Ochoa Zaragoza y yerno de Ismael González Parra, magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y concuño de Liberato Montenegro Ibarra, quien mantiene un cacicazgo en el sistema educativo.
El cuerpo de Ortega Ochoa fue encontrado en una brecha del municipio de Xalisco, la tarde del lunes 23, precisamente el día de inicio de clases. Baleado, en el lugar del homicidio se recuperaron tres casquillos de arma calibre nueve milímetros.
Sin documento alguno en sus ropas, permaneció tres días sin ser identificado. Sin embargo, desde un principio se creyó que podría ser maestro porque se localizó una memoria de computación con archivos relacionados con escuelas.
No había sido torturado.
Coincidentemente, entre el día de la muerte y el de la identificación, fue interpuesta la citada denuncia penal, relacionada con la venta de plazas, misma que se ha convertido en una de las líneas de investigación.
La denuncia fue formulada porque habría existido un compromiso del ahora occiso para cumplir con la plaza antes del inicio del ciclo escolar, pero la persona que hizo el pago creyó después que se trataba de un fraude.