EL IV PODER

Juan Fregoso

18 / Octubre / 2012

Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Miguel de Cervantes

*La libertad de expresión vuelve a ser mancillada, en un intento por acallar la verdad

*Manos anónimas y criminales atentaron contra la integridad física del reportero, Jesús Cervantes

*Ahora, el asunto está en manos del ministerio público de la federación

Una de las libertades más temidas por los gobernantes autócratas, es sin duda, la libre manifestación de las ideas, se le teme porque a través del ejercicio de esta libertad se pueden denunciar todas las corruptelas que cometan durante su desempeño como servidores públicos, incluso cuando ya han dejado los bártulos del poder siguen siendo blanco de señalamientos por la simple razón de que siempre dejan tras de sí la huella imborrable de la corrupción, de todos sus desmanes o atropellos cometidos cuando estuvieron en la cúspide del poder al cual llegaron para servir al pueblo, cuando hacen todo lo contrario, servirse de éste.

Esta es una realidad irrefutable que no nunca podrán negar, porque los hechos son más elocuentes que las palabras, y son precisamente sus hechos los que los exhiben, el periodista lo único que hace es refrescarles la memoria de aquello que llevaron a cabo en perjuicio de la sociedad y que, por supuesto, les molesta que les digan sus verdades, porque si fueran falsedades no tendrían motivo para enfadarse. Esto vale lo mismo para los gobernantes en activo que para aquellos políticos que siguen acariciando el sueño de volver al poder, porque no saben hacer otra cosa que vivir a expensas de los impuestos del pueblo y saquear las arcas federales, estatales o municipales.

En este contexto se ubica el reciente atentado en contra del periodista, Jesús Cervantes González, quien la semana pasada recibió un claro mensaje de estate quieto. Manos anónimas y cobardes le incendiaron su vehículo, como una advertencia para que le baje de decibeles a sus denuncias periodísticas, es obvio que los autores intelectuales de dicho atentado vieron amenazados sus mezquinos intereses y en su desesperación decidieron lo más práctico y perverso: intimidar al comunicador social, el temor de verse desnudados ante la opinión pública los hizo tomar esa determinación cobarde y violatoria de la garantía consagrada en los artículo 6º y 7º de nuestra constitución.

Lo grave del asunto es que este hecho se da justamente en el marco de la publicación de una Ley Federal para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. Se trata de una ley promulgada por el presidente de la República, pero es una ley manufacturada tardíamente en virtud de que se establece cuando de acuerdo con la Comisión Interamericana ya han sido asesinados por lo menos 83 periodistas y otros se encuentran desaparecidos. La citada ley, hay que decirlo, no es una garantía plena para quienes ejercemos el periodismo, Felipe Calderón falló en los tiempos porque esa ley debió haberla construido cuando arribó al poder y no ahora que está a punto de dejar la presidencia, ya que en el contexto en que da se presta a suspicacias, es decir, que el primer mandatario trata de justificarse por la muerte de dichos periodistas que cayeron abatidos en el cumplimiento de su deber.

El atentado a Jesús Cervantes confirma la hipótesis de este columnista, esto es, que la ley para proteger la integridad física de los reporteros y de sus familias no servirá de nada, porque la lógica dice que los que dictan las sentencias no son los jueces, sino los políticos, en este sentido quedamos igual que antes, inermes, expuestos a sucumbir con el empleo de la fuerza bruta de que tanto hacen uso los políticos y ex políticos de horca y cuchillo que no se tientan el corazón para mandar quemar un carro que ordenar el asesinato de algún periodista incómodo.

Las leyes sólo sirven para justificar la existencia del estado, pero no para hacer justicia y para ello basta con ver las frías estadísticas de comunicadores ultimados sañudamente en diferentes entidades de México, en donde ningún caso ha sido resuelto por las autoridades estatales o federales, las cuales lejos de investigar optan por lo más cómodo, es decir, dar carpetazo a las denuncias interpuestas, a veces por los propios reporteros, y a veces, por sus deudos. Por supuesto que esta no es una mentira, cabría decir, lo que un destacado escritor dijo: Yo siempre digo la verdad, incluso cuando miento digo la verdad, o es que acaso—el homicidio de la periodista de la revista Proceso, Regina Martínez Pérez— ¿ya fue resuelto?, tan sólo por citar un ejemplo, desde luego que no, su muerte continúa envuelta en el manto de la impunidad ante la complacencia de las autoridades.

Y si me refiero al caso de Regina Martínez, es porque era una reportera que trabajaba para una de las revistas más influyentes de México, no porque haya sido más o menos que cualquier otro periodista que trabaje para un modesto diario provinciano. En la profesión que ejercemos todos somos iguales, todos corremos los mismos riesgos, todos transitamos por el filo de la navaja y de eso debemos estar conscientes, porque ante todo está servir a la sociedad, tenerla informada de todo lo que acontece no solamente en al ámbito nacional sino en el internacional, pero para ello necesitamos un mínimo de seguridad de los gobiernos que están obligados constitucionalmente a garantizar el libre ejercicio de las ideas, así sean vertidas en su contra, porque uno de los derechos que tiene todo gobernado es el de criticar la actuación de sus gobernantes, les guste o no les guste.

En el caso que nos ocupa, el reportero Jesús Cervantes, este lunes 15 de octubre se apersonó ante la Agencia del Ministerio Público de la Federación en donde presentó formal denuncia por los hechos delictuosos cometidos en su agravio. La diligencia duró tres horas en las que el periodista aportó la información necesaria y pidió que se abran algunas líneas investigación para identificar tanto a los autores materiales, como a los intelectuales del atentado de que fue objeto.

En su declaración ministerial el periodista dejó entrever que los principales sospechosos del atentado de que fue víctima el sábado 13 figuran los ex presidentes municipales de Tecuala, Manuel Fernando Jiménez, Ramón Huerta Fonseca, la dirigente del SUTSEM, Luceria Amparo Medina, Heriberto López alias El Titillo y el ex gobernador del estado, Rigoberto Ochoa Zaragoza, a quienes una semana antes sorprendió en pleno convivio en algún centro botanero. El tema que abordaron en esa reunión los citados personajes giró en torno en la repartición de las próximas candidaturas en el municipio de Tecuala, según la percepción del reportero, quien posteriormente dio a conocer estos hechos a través de los medios de comunicación para los cuales trabaja.

Unos días después de haber publicado en el diario Realidades y difundido por la Radio los citados acontecimientos, Jesús Cervantes tuvo como respuesta la quema de su automóvil y aunque no existen suficientes elementos para responsabilizar a las personas citadas, todo apunta hacia ellos, sobre todo, porque de acuerdo con lo declarado por el periodista esta ha sido nota más fuerte que ha publicado en los últimos días, además de asegurar que él no tiene problemas de índole personal, de ahí que haya dicho estar convencido de que el atentado obedeció a su quehacer periodístico.

Ahora el asunto está en manos de la autoridad ministerial, la cual en cumplimiento a la Ley Federal para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, deberá iniciar las pesquisas conducentes, con el fin de descubrir y castigar conforme a derecho los hechos delictuosos perpetrados en contra del periodista, se trate de quien se trate, pues no sería justo que los delincuentes quedarán impunes como ha sucedido en muchos otros casos, porque esto equivale a darles carta banca a los poderosos para que sigan cometiendo más atrocidades en contra del gremio periodístico.