EL IV PODER

Por: Juan Fregoso

01 / Noviembre / 2012

Existen visos que en materia de seguridad pública, el presidente electo Enrique Peña Nieto seguirá el mismo patrón de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo Ponce de León. No hay razón alguna para pensar que las cosas vayan a cambiar en este rubro, ya que incluso los dos presidentes panistas no se apartaron ni un ápice de este modelo copiado fielmente del gobierno norteamericano, el gran gendarme del mundo.

En este contexto, México se desliza hacia un Estado más represor de lo ha que tenido históricamente. La violencia que desata la aplicación de las recetas neoliberales, conduce a los dominadores a implantar fórmulas jurídicas y mecanismos policiacos que les permitan controlar a la población inconforme.

La globalización, como concepto, se traduce—para muchos—en norteamericanización. Es decir, no se postula solamente el modelo económico estadounidense como el ideal para todo el planeta, sino también su sistema político y jurídico.

Como bien sostiene Enrique González Ruiz, los paquetes de ayuda o de rescate de los organismos financieros internacionales para los países (o, mejor dicho, los gobiernos) dependientes, incluyen acciones de orden estructural. No sólo se tienen que seguir las indicaciones de orden económico, sino también las de la política.

En efecto, tuvimos un preocupante anuncio del endurecimiento del Estado, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la participación del Ejército y la Marina en labores policiacas no viola la Constitución. La Corte sostuvo que la actuación del Ejército, Fuerza Área y Armada, no está relacionada al estallido de una guerra o una suspensión de garantías, sino que como fuerza pública, está constitucionalmente facultada para salvaguardar la seguridad interior. Con esto, se juridiza el uso de los medios militares contra la población, cuando el estamento castrense considere que hay riesgo para la seguridad interior. Los resultados de la medida adoptada por la Corte se cristalizó en una matanza implementada por Felipe Calderón, una masacre que aún no acaba.

Es evidente que el pretexto utilizado fue el narcotráfico. El comercio ilícito de drogas fue considerado por la Corte como problema tanto de seguridad interior como exterior, que no sólo justifica, sino que exige la participación del Ejército y demás fuerzas armadas, en clara violación al artículo 129 de la Carta Magna que establece que en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar (). Pero estas consideraciones—implementadas por el más alto tribunal de México—están desfasadas en el tiempo, pues en otros países cuyos gobiernos han practicado el terrorismo contra la población (como Colombia y Perú) se ha reconocido que la intervención de los militares en la persecución del tráfico de enervantes ha fomentado la corrupción, exactamente lo mismo que está ocurriendo en México, en donde algunos militares de alto rango se han visto implicados en el narcotráfico.

Tal vez si la Corte hubiese sido más sensible, habría planteado una mejor opción, como estudiar con más seriedad la conveniencia o no de la legalización del consumo de drogas, en lugar de autorizar acciones que, en los hechos, son atemorizantes e inhibitorias para la población, por supuesto que dicha medida tiene sus aristas, sus ventajas y desventajas, pero es posible que si se hubiera implantado nuestro país no estuviera ensangrentado a consecuencia del enfrentamiento entre militares y los señores del hampa organizada.

Es verdad que el gobierno calderonista logró asestar espectaculares golpes a algunos peces gordos, pero el costo de esta política antinarco ha sido catastrófico, porque en esta ofensiva han caído miles de inocentes, incluidos hasta hijos de connotados políticos, como el hijo del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira. En el combate orquestado por el presidente de la República, con todo y lo que diga o presuma de haber capturado, en unos casos, y en otros asesinados a algunos barones del narcotráfico, también es cierto que sobre su conciencia cargará la muerte de al menos ochenta mil ciudadanos que nada tenían que ver en este tipo de asuntos.

Pero este problema no es exclusivo del mandatario fascista, que sólo siguió las coordenadas tiradas por Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, quien durante su corrupto sexenio envió una iniciativa para modificar la Constitución en sus artículos 16, 21, 22 y 73, con la supuesta intención de combatir al crimen organizado. Por enésima vez se empleó el argumento del negocio de las drogas como pretexto (directriz que siguió al pie al de letra Felipe Calderón), aunque se aclaró entonces que las bandas dedicadas a ello son sólo algunas de los destinatarios de la reforma zedillista.

Ernesto Zedillo, fue quien constitucionalizó la ley contra el crimen organizado, una ley de inspiración estadounidense. El ex presidente, estableció muy a la manera de los gringos, un programa de protección de testigos, para favorecer a quienes colaboren con las autoridades—que no con la justicia—y llegar a establecer arreglos con los criminales para que descubran a sus socios, por supuesto, a cambio de conseguir algunos beneficios; una legislación sobre agentes policiales encubiertos; recompensas por información validada y efectiva, y colaboración anónima.

Quien haya visto, escribe Enrique González, una película gringa acerca del funcionamiento de las cortes, fácilmente sabrá de dónde sacó Zedillo sus brillantes propuestas. Si el ex mandatario es admirador del sistema norteamericano, aún es tiempo de que explique por qué con esas excelsitudes, no encuentran nunca un solo capo de la droga en territorio de los Estados Unidos. Si lo hiciera, quizá valdría la pena copiarles.

Con una lógica forjada en los laboratorios estadounidenses, Ernesto Zedillo cambió el artículo 16 constitucional que aunque veladamente permite el espionaje telefónico o conversaciones privadas, aunque en realidad esta práctica se ha venido haciendo desde hace tiempo. En este sentido, en vez de juzgar y castigar (léase gobernantes corruptos) a quienes han violado los derechos de los gobernados, se les premia dándoles patente de legalidad o de impunidad. Para Zedillo permitir la intervención de conversaciones telefónicas mejoró la capacidad del Estado en su lucha contra la delincuencia y, en cambio, su prohibición sólo redundaría a favor de las bandas criminales, las que dado su poderío económico hacen uso de los adelantos científicos y tecnológicos más sofisticados que existen.
Así pues, desde esta perspectiva se puede asegurar que la política en materia de seguridad pública, dictada por nuestro vecino más poderoso, no cambiará con el arribo a la presidencia de Enrique Peña Nieto. El gobierno mexicano está subordinado a las consignas del Tío Sam, lo cual quedó demostrado durante la presidencia de Vicente Fox Quesada y de su sucesor, Felipe Calderón, ambos no fueron capaces de romper el yugo imperialista, como tampoco lo hará el próximo presidente priísta y esto significa una sola cosa, que la violencia continuará, que seguirán cayendo personas inocentes con el pretexto de exterminar la delincuencia organizada.

Tal vez, si Enrique Peña Nieto se atreviera a cambiar el esquema en materia de seguridad pública, desmilitarizando al país, los mexicanos podríamos recuperar la paz que tanto anhelamos, pues se ha comprobado en los hechos que ni el Ejército ni la Marina ni la Fuerza Área y Armada, han sido capaces de sofocar cabalmente con el crimen organizado, al contrario, han incurrido en la violación sistemática de los derechos humanos ante la complacencia de un presidente carente de oficio y sensibilidad políticos, que con tal de legitimarse hoy deja un país bañado de sangre.

Por tanto, Felipe Calderón debe responder por sus actos u omisiones ante la justicia penal por la comisión de delitos de lesa humanidad, así lo demandan millones de mexicanos agraviados por su política fascista. Este será el desafío del gobierno que encabezará a partir del 1 de diciembre, Enrique Peña Nieto, llevar ante los tribunales competentes al ex presidente panista, sería una medida histórica, un hecho sin precedente.

Y para ello, el nuevo gobierno tiene elementos más que suficientes para fincarle responsabilidad penal, ya que de acuerdo con el artículo 87, al asumir la presidencia se comprometió a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero no lo hizo, y en cambio, se pasó por el arco del triunfo la Carta Magna y demás leyes para estar en posibilidades de atropellar impunemente las garantías individuales, por consiguiente, Felipe Calderón debe ser juzgado por traición a la patria. ¿Se atreverá a enjuiciarlo Enrique Peña Nieto?