EL IV PODER

Por: Juan Fregoso
-Funcionarios de la PGJ del estado incurren en abuso de autoridad y tráfico de influencia
-Se trata del subsecretario de Gobierno y del director de averiguaciones previas
-Denuncia auxiliar administrativo de la PGJ, José Dolores Flores Fonseca
-Afirma que dichos funcionarios le fabricaron delitos que no cometió
-Todo para favorecer a un pariente de Carlos Rubén López Dado

08 / Enero / 2013

Mientras el gobernador del estado, Roberto Sandoval Castañeda, pugna porque en la entidad impere el estado de derecho, la justicia y la legalidad, el subsecretario de Gobierno, Carlos Rubén López Dado, junto con el licenciado Pavel Emilio Valdez Balbuena, director de averiguaciones previas de la PGJ, vienen haciendo todo lo contrario, acusa José Dolores Flores Fonseca, quien a raíz de un conflicto civil que sostuvo con el señor, Héctor Manuel Sojo López, esta persona valiéndose del parentesco que tiene con López Dado, le voltearon la tortilla con el propósito de perjudicarlo.

José Dolores Flores, relata cómo se dieron los hechos. Explica el agraviado que esta situación se originó como consecuencia de una controversia civil, en la cual de debatía la propiedad de un inmueble de su propiedad, sin embargo, utilizando algunas artimañas—según asegura el denunciante—Héctor Manuel promovió la acción reivindicatoria, integrándose el expediente número 136/09, con tal de adjudicarse el predio, por lo que José Dolores se vio en la necesidad de defenderse judicialmente.

De acuerdo con la información proporcionada por Flores Fonseca, en octubre de 2011, el juez de la causa dictó sentencia a su favor, debido a que Héctor Manuel Sojo no pudo acreditar la propiedad del terreno en disputa. Por lo que la autoridad judicial ordenó la entrega física y material del inmueble, pero a pesar del mandamiento judicial las autoridades locales no procedieron conforme a derecho, es decir, se negaron a desalojar al poseedor de la finca mencionada, al menos cuando fue requerido por el juez, comenta el ofendido, el cual recurrió al apoyo del gobernador, quien giró instrucciones a su personal jurídico para que el asunto se resolviera, como lo determinó el juez en el fallo respectivo.

Sin embargo, el año pasado tras verse perdido Héctor Manuel Sojo, aconsejó a su cónyuge, Mirna Leticia Yebra Llanos para que interpusiera una demanda ante el agente del ministerio público, por los supuestos delitos de amenazas e injurias en su contra, delitos perpetrados, según la señora, por José Dolores Flores, quien asevera que esto es una falsedad porque él en ningún momento la amenazó ni la injurió, todo fue idea de Héctor Manuel Sojo, quien de esta manera buscó la forma de vengarse de mí, manifiesta el propio afectado.

Por cierto, José Dolores Flores Fonseca dice tener 23 años desempeñándose como auxiliar administrativo de la Procuraduría General de Justicia en Acaponeta, en donde ha realizado con eficiencia y honradez su encargo, ya que considera que durante todo este tiempo se ha dedicado a trabajar apegado al marco legal porque esa es mi obligación, recalca.

José Dolores, cuenta que en octubre de 2012 la controversia civil ya había concluido, pero de pronto dio un giro de 180 grados, debido a que su contraparte tiene parentesco con el subsecretario de Gobierno, Carlos Rubén López Dado, quien valiéndose del cargo que ostenta torció el brazo la justicia, al darle todo el apoyo y credibilidad a la demanda presentada por Mirna Leticia Yebra, esposa de Héctor Manuel Sojo.

Flores Fonseca, denuncia que el subsecretario de Gobierno dio instrucciones al licenciado Pavel Emilio Valdez Balbuena, director de averiguaciones previas de la PGJ del estado, para que procediera en su contra. José Dolores asevera que se le fincó responsabilidad penal por los supuestos delitos de amenazas e injurias, que presuntamente cometió en contra de Mirna Leticia Yebra, lo que trajo como consecuencia que se librara una orden de aprehensión en su contra; pero lo extraño del caso, detalla el afectado, todas las diligencias se llevaron a cabo en los tribunales de Tepic, y sin que se me diera el derecho de audiencia, lo que significa que todo fue maquinado por Carlos Rubén López Dado y por el director de averiguaciones previas, Pavel Emilio Valdez Balbuena, los cuales a toda costa pretenden hundirme a base de delitos prefabricados, expone Flores Fonseca, quien asegura que nunca amenazó a Mirna Leticia, que todo fue orquestado por los funcionarios mencionados, en contubernio con el matrimonio Sojo-Yebra, subraya el agraviado.

Ante el temor de ser detenido por la policía, José Dolores Flores interpuso juicio de amparo ante el Juzgado 1º en materia penal, con sede en la ciudad de Tepic. En dicho tribunal se integró el expediente número 1437/2012-VI, y el juez de distrito le concedió la suspensión provisional del acto reclamado hasta en tanto no se realicen todas las investigaciones concernientes al caso referido, lo que no satisface al quejoso, porque teme ser privado de su libertad y sin haber cometido ningún delito, sino que se trata de una vil venganza del subsecretario de Gobierno y del director de averiguaciones previas, Pavel Emilio Valdez, los cuales quieren beneficiar a Héctor Manuel Sojo López, sólo porque es familiar de Carlos Rubén López Dado, argumenta Flores Fonseca.

Con 23 años de servicio como auxiliar administrativo en la Procuraduría General de Justicia, José Dolores Flores Fonseca, comenta que lo que estos funcionarios están haciendo en su contra encuadra en los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias, ya que, tanto el subsecretario de Gobierno como el director de averiguaciones previas, están favoreciendo ilegalmente a Héctor Manuel Sojo López, nomás porque es pariente del primero, lo que es una injusticia a todas luces, precisa el indiciado.

Por ello, ante la gravedad del caso, el afectado está apelando nuevamente a la intervención del gobernador del estado para que conmine a estos malos funcionarios para se conduzcan con respeto a las leyes que nos rigen, ya que su conducta van en contra de la política humanista impulsada por el mandatario estatal, el cual constantemente se ha venido pronunciando en contra de las injusticias, dice.

Pero algunos funcionarios como los señalados están dando al traste con el llamado gobierno de la gente, expresa José Dolores, quien agregó que también ya interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la cual se declaró incompetente, por lo que turnó el caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, instancia que ya se hizo cargo del problema, afirmó el denunciante.

Así, el ofendido espera que con la intervención de ésta, así como de la del gobernador del estado, se resuelva su caso para retornar a su trabajo, ya que como consecuencia de la ilegal orden de aprehensión que se giró en su contra, tuvo que pedir permiso para no asistir a sus actividades laborales, por temor de ser detenido arbitrariamente; yo lo que quiero es vivir en paz, junto a mi familia, porque no he cometido ningún delito, pues todo lo que se ha venido haciendo en mi contra, no es más que una absurda venganza realizada por los funcionarios que ya mencioné y eso no se vale, no es justo, concluye José Dolores Flores.