EL IV PODER

Por: Juan Fregoso
*El secretario de Hacienda aprieta las tuercas a estados y municipios endeudados
*Pero no restringe los exorbitantes sueldos de los altos funcionarios
*Se acusa a los gobiernos locales de corruptos, cuando ellos son iguales o peores
*Al final, el que paga los platos rotos es el pueblo

18 / Enero / 2013

El gobierno federal ha determinado no apoyar a aquellos municipios que quedaron endeudados por culpa de los malos gobernantes. Está drástica medida fue anunciada por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien argumentó que la federación no cuenta con los recursos necesarios para rescatar a los municipios que están sobre endeudados.

El funcionario, expuso que en febrero se enviará al Congreso de la Unión la iniciativa de ley de responsabilidad hacendaria con el fin de poner orden en los pasivos de los gobiernos locales. Destacó que hasta el momento existen ocho municipios que han declarado la imposibilidad de pagar sus deudas; recalcó que la SHCP no puede hacer un rescate de los municipios porque no tiene recursos para ello. No hay una partida designada para ese propósito y porque el precedente que estaríamos generando no sería el deseable, remarcó el titular de hacienda.

En todo caso, añadió, se ofrecerá apoyo técnico para que puedan reestructurar sus pasivos por medio de la banca de desarrollo. Pero como consuelo, el secretario de Hacienda, señaló estar en la mejor disposición de estar cerca de los alcaldes, de los tesoreros y darles su opinión, que es lo (único) que se puede hacer, y a través de diversos instrumentos de la banca de desarrollo, poder trabajar con ellos en planes para que reestructuren sus pasivos sí así lo solicitan.

Por otra parte, también el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) se pronunció en el mismo sentido, incluso fue más lejos, pues este organismo calificó de inmoral un posible rescate de los estados y municipios que arrastran grandes deudas. El presidente del (IMPC), Carlos Cárdenas Guzmán planteó la necesidad poner límites o topes al endeudamiento de los gobiernos locales— ¿y al federal, señor? hacer un esfuerzo para aumentar la recaudación propia y orientarlos para reestructurar sus deudas y que éstas se vuelvan manejables.

Carlos Cárdenas puso el dedo en la llaga al deslizar—por qué no lo dijo llanamente—la idea de que los municipios endeudados es responsabilidad de los gobernantes corruptos que no aplicaron los recursos donde debieron ser aplicados, desviándolos hacia otros fines, aunque esto no lo dijo directamente, repito, sino que se valió de un lenguaje encubierto. El problema, acusó, de la deuda de los estados y municipios es que en muchos casos los recursos no se invirtieron en conceptos que corresponden a las funciones que les son propias, sino que se dilapidaron en gastos de dudosa y clara (sic) procedencia, indicó.
Precisó que a septiembre de 2012, la deuda de los estados y municipios en México ascendió a 400 mil millones de pesos, de la cual 72 por ciento se concentra en diez entidades federativas, como en el Distrito Federal, Nuevo León, Edomex, Coahuila, Michoacán, Sonora y Chiapas, entre otros.

Esta medida acertada o no afectará a los estados y municipios, que verán reducido su margen de maniobra para eficientizar los servicios y la realización de la obra pública. La negativa del gobierno federal de retirarle el apoyo a los municipios, lamentablemente no repercutirá en perjuicio de aquellos funcionarios que saquearon las arcas públicas, sino quien sufrirá las consecuencias será, como siempre, el pueblo que es el que paga los platos que otros rompieron y si es inmoral que el gobierno federal rescate a los estados y municipios, más inmoral es abandonar a su suerte a los ciudadanos cuya único pecado consiste en haberse equivocado a la hora de elegir a sus gobernantes, los que cuando andan en campaña prometen infinidad de cosas, que pronto olvidan, para dedicarse a malversar los dineros del pueblo ante la complacencia justamente de los órganos fiscalizadores, que no son más que elefantes blancos y que actúan en contubernio con los gobiernos locales.

En este contexto, cabe precisar que muchos de nuestros gobernantes, llámense gobernadores, diputados o presidentes municipales, llegan al cargo prácticamente desnudos, pero luego de seis o tres años salen convertidos en verdaderos potentados. Cada sexenio o cada trienio emerge una nueva hornada de millonarios, muchos de ellos de origen humilde, campesinos u obreros, se transforman de la noche a la mañana en prósperos empresarios y pocas veces—por no decir nunca—hemos visto a un ex funcionario público pisar la cárcel, porque el gobierno federal se hace de la vista gorda, cuando aquí también debería aplicar las medidas punitivas correspondientes para frenar la corrupción, ¿por qué no lo hacen?, por una razón elemental: Todos son iguales de corruptos, aprietan las tuercas sólo cuándo les conviene, como parece ser el caso de la estrategia recién adoptada.

Desde el punto de vista deontológico todo servidor público, como cualquier otro profesionista, está obligado a observar ciertos deberes, entre los que sobresalen la lealtad, vocación de servicio, probidad, honradez, responsabilidad, competencia, efectividad y eficacia, valor civil, transparencia, código de ética gubernamental, entre otros valores. Pero, en un país tercermundista esto equivale a pedirle peras al olmo, en virtud de que México arrastra desde tiempos inmemoriales con la lápida de la corrupción que tiene muchas facetas, pues no necesariamente es corrupto el que roba al erario, sino también aquel funcionario que no cumplen con su trabajo como es su obligación, como lo es también el ciudadano que no tiene el valor civil de denunciar las corruptelas que les conoce a sus gobernantes.

Asimismo, es corrupto aquel que en aras de salvaguardar los recursos públicos nacionales emite un dictamen—u orden—de no apoyar a sus pares por haber incurrido en malversación de fondos, cuando estos mismos actores hacen lo mismo, pero aprovechándose de su jerarquía deciden cerrar las pinzas, sin importarle en lo más mínimo arruinar a las masas más desprotegidas, las cuales sólo sirven para acarrearles votos en las campañas electorales. Por tanto, si el secretario de Hacienda ha decidido dejar al garete a los estados y municipios endeudados, porque los gobernantes hicieron mal uso de los recursos públicos, sería saludable que también el gobierno federal restringiera los exorbitantes sueldos de los funcionarios de cuello blanco y no solamente darle palo a los más jodidos, creo que el buen juez, por su propia casa empieza.