Sin trámite legal caso de presidentes municipales contra Águeda

08 / Febrero / 2013

Por Óscar Verdín Camacho

El acto político que realizaron presidentes municipales de todo el estado afuera del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA), para protestar contra la dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM), Águeda Galicia Jiménez, exigiendo una disminución en las prestaciones que recibe el personal sindicalizado, ha quedado, de momento, en eso: un acto político, no de carácter legal.

De acuerdo con el presidente del TCA, Saúl Macarena Hernández, hasta el momento han recibido siete legajos de documentos de distintos ayuntamientos, pero ninguno ha formalizado una demanda laboral, por lo que ni siquiera se les ha dado un número de registro. Puntualizó que sólo se les han recibido los documentos, como cualquier otro trámite, colocándose el respectivo sello y nada más.

No hay controversia, no hay demanda, no hay litis, es como si te recibo un oficio, una hoja, añadió el funcionario laboral.
Indicó que el Tribunal de Conciliación está impedido para llamar a la dirigente del SUTSEM a que firme el convenio presentado por los presidentes municipales. Agregó que si durante 2013 no se firma un convenio entre ambas partes, subsistiría el del año pasado.

Anteriormente, tanto los ayuntamientos como el SUTSEM, representado por Galicia Jiménez, notificaban los convenios ante el TCA pero previamente acordados por las dos partes.
Macarena Hernández explicó que si los presidentes municipales hubieran solicitado la nulidad del convenio vigente, entonces sí se abriría un número de expediente y se notificaría al SUTSEM para que contestara la demanda, pero de lo contrario no.

Los documentos presentados por los ayuntamientos únicamente están siendo recibidos y guardados; al no tener registro, no aparecen en el listado de expedientes. No hay fecha para audiencia. Nada.

LOS AHOGAN DEMANDAS
Por otra parte, el presidente del Tribunal de Conciliación estimó que actualmente hay más de mil 600 expedientes en trámite, de los cuales más del 95 por ciento corresponde a demandas de trabajadores contra diversos ayuntamientos.

Hay muchas demandas con más de 10 años en disputa, lo que evidencia la estrategia de ex alcaldes de alargar los juicios y heredarlos a quienes los relevan en los cargos.
Se trata de cientos de millones de pesos que en su momento deberán ser pagados, en los casos que los demandantes ganen los juicios –que podrían ser la mayoría-.

En los últimos meses –aquí ha sido publicado-, el TCA, obligado por jueces de Distrito, embargó cuentas bancarias de ayuntamientos para cumplir con sentencias laborales.
Pero además de la carga financiera que implican las demandas laborales, se presenta otro problema para los ayuntamientos, ya que generalmente no sólo deben pagar salarios caídos de los trabajadores, sino también reinstalarlos en los cargos que tenían, lo que aumenta la carga financiera.

Así, despidos injustificados en administraciones pasadas, terminan por golpear a las que están en curso.
En el mismo sentido, Macarena señaló que personal del Gobierno del Estado realiza una revisión de las demandas que les atañen, que son alrededor de 40, para buscar una negociación con los quejosos.