EL IV PODER: Pemex sigue siendo el manjar más codiciado de EU

Por: Juan Fregoso

14 / Febrero / 2013

Se dice que México tiene una de las constituciones más avanzadas del mundo, es posible que así sea, pero solamente en teoría porque en la práctica los gobiernos se han pasado por el arco del triunfo sus postulados. Cada cambio sexenal la ley suprema ha sido modificada al gusto o a los intereses de la clase gobernante, que sigue las directrices de los organismos internacionales, particularmente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) y esto se debe en gran medida a la ausencia de un auténtico sistema democrático y a un Congreso verdaderamente independiente.

Esta situación ha ocasionado que el presidente de la República, se convierta en una especie de reyezuelo que lo decide todo, sin tomar en cuenta los intereses del país, sin admitir críticas o sugerencias; esa ausencia de democracia, de mecanismos de justicia plena, ha propiciado indiscutiblemente la corrupción y por consiguiente la impunidad en todas sus facetas. Por lo tanto, ¿de qué nos sirve tener la mejor constitución del mundo como se cacarea, si no es observada, si no es acatada como lo determinó el constituyente, si cada vez que entra un nuevo presidente violenta su espíritu con la complicidad de un Congreso dócil al Poder Ejecutivo? En México, el principio de la división de poderes es letra muerta y en consecuencia no hay los equilibrios para acotar el omnímodo poder que ostenta un solo individuo, denominado presidente de la República, cuando en realidad es un auténtico monarca dispuesto a venderlo todo, incluyendo, por supuesto, el petróleo.

En este contexto, cabe señalar lo prescrito por el artículo 28 del Pacto Federal, el cual ordena que en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios (), mientras que el párrafo IV especifica que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión.

La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. Eso dice, entre otras cosas, la norma suprema, pero ha sido evidente la violación sistemática de dicho precepto y un ejemplo—tan sólo uno—lo tenemos con la privatización de Ferrocarriles, que al pasar a manos de particulares terminó desapareciendo del mapa, pero como este caso existen muchos más que ya todos conocemos.

Ahora, por enésima vez se intenta privatizar lo que podría considerarse el símbolo de los mexicanos: El petróleo, patrimonio exclusivo del pueblo de México y el principal generador de la riqueza de la nación, pero que ahora con la llegada del nuevo PRI está en el mostrador como artículo de venta, gracias a una economía mixta, que no es más que el concubinato entre la clase gobernante y la iniciativa privada. Gobierno e iniciativa privada han hipotecado al país para saquearlo impunemente, sacrificando a obreros, campesinos, indígenas, clasemedieros, partidos de oposición y líderes charros, todos estos actores se han prestado al juego perverso del desmantelamiento de la fuente más importante de ingresos como es el petróleo.

Por tanto, el gobierno peñanietista—como sus antecesores—pretende dar un vuelco a la rueda de la historia, es decir, que su naciente gobierno ya cabildea para entregar el petróleo a la iniciativa privada, particularmente a los EU, que en ningún momento han quitado el dedo del renglón por apoderares del oro negro, el que logró rescatar justamente de las manos extranjeras un 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas.
Pero recordemos que México durante la colonia, estuvo sujeto, como las demás posesiones de la corona española, a un estricto sistema económico caracterizado por monopolios y estancos, así como por una serie de restricciones a la importación y exportación de productos y por la prohibición de realizar transacciones mercantiles con cualquier otra nación que no fuera España. Los resultados de esta política fueron desastrosos, ya que, bajo la presión de tal sistema, el desarrollo económico fue extraordinariamente débil y los pocos y malos provechos para el exclusivo beneficio de la monarquía.

Con la independencia, abiertos los puertos de México al comercio exterior y eliminados paulatinamente los estancos (sistema por el cual el Estado constituye un monopolio a su favor para dar ventaja al fisco, o sea, a la hacienda pública), con un recto sentido liberal, el Constituyente de 1857 estableció en el artículo 28 el principio de que en nuestra patria no habría monopolios ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones a título de protección a la industria y sólo se reconocerían los relativos a la acuñación de moneda, correos y concesiones de privilegios, por tiempo limitado, a inventores o perfeccionadores de alguna mejora.

La Constitución de 1917 aclaró lo que se entendía por el improcedente privilegio: una ventaja exclusiva e indebida, a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público (entiéndase pueblo) en general o de alguna clase social. Así, la ley reglamentaria del artículo 28 (Ley del Monopolio) afirma que éste es toda concentración o acaparamiento industrial o comercial y toda situación deliberadamente creada, que permita, a una o varias personas determinadas, imponer los precios de los artículos o las cuotas de los servicios en detrimento del pueblo.

Sin embargo, el pueblo es lo que menos le importa al gobierno mexicano, muchos menos al estadounidense, que presiona de mil maneras para lograr su objetivo como ya lo ha conseguido en otros países, y en ese afán el imperio ha provocado guerras y masacrado a miles de ciudadanos y depuesto gobernantes, a los que ha acusado de terroristas para justificar sus acciones bélicas. México, ciertamente no ha sido atacado por la vía de las armas, pero hay muchas formas de someterlo; cualquier economista sabe que la mejor forma de destruir un país, sin disparar un solo tiro, es desquiciar su moneda, así de simple. Pero EU no se ha conformado con agredir económicamente al mundo, a los países subdesarrollados, sino que ha creado inteligentemente un clima de terror y una amenaza bélica, con el propósito de llevar a la quiebra la economía de esos países, por ello se ha dedicado sistemáticamente a denigrar al sistema socialista presentándolo—con el control casi total de los medios de comunicación—como una amenaza a la paz mundial.

Ellos han obligado a medio mundo cederles hasta territorio para sus bases militares, a formar parte de sistemas continentales de defensa, a recibir la ayuda militar yanqui—que no es gratis, por supuesto—y a pedir dinero prestado para que se defiendan. No hay duda, pues, de que EU ha militarizado al mundo, para su propio beneficio, no para defenderlo como algunos creen, la prueba más convincente de lo que esta columna señala es Cuba, a la que le ha aplicado una política criminal y le fabricado una imagen perversa, calificando a su gobierno como el peor del mundo, pero no dicen que ellos son los culpables de que ésta no avance. Con todo, Cuba logró liberarse en 1959 de la dominación del imperio, aunque éste no ha cesado de atacarla desde todos los ángulos, amenazándola con invadirla y destruirla; Cuba se ha visto así obligada a gastarse millones de dólares en su defensa, dinero que podía haberse empleado en el desarrollo económico del pueblo, un pueblo valiente que ha sabido resistir los criminales embates estadounidenses.
Pero el gobierno de México no ha tenido los cojones para enfrentar al coloso del norte. Todos los presidentes que ha tenido se han sometido a las políticas neoliberales dictadas por el (FMI) y por el (BM); Carlos Salinas fue el presidente más sumiso, un siervo al servicio incondicional de los norteamericanos, como así lo demostró con la celebración del Tratado de Libre Comercio, con la reforma al 27 constitucional que vino a dar al traste con el campo mexicano. Hoy, el objetivo nuevamente es el petróleo y el presidente Enrique Peña Nieto parece estar dispuesto a concederles este capricho, que de hacerlo vendría a socavar los cimientos de la economía mexicana en detrimento del pueblo trabajador, pues con la privatización de Pemex, los mexicanos pasarían a ser súbditos del gran imperio que no parece tener llena en sus afanes expansionistas, y que ahora con el arribo de un presidente que hasta el momento se ha mostrado tibio en sus decisiones, los norteamericanos tienen la seguridad de por fin cristalizar su viejo sueño, es decir, apoderarse de nuestra mayor riqueza como es el petróleo, lo cual sería catastrófico, porque ceder en este renglón, significa la pérdida de nuestra soberanía.