VISOR NAYARITA: SOBRE EL FUERO CONSTITUCIONAL

Por: Francisco Pérez Gómez

21 / Febrero / 2013

Uno de los temas más polémicos en el país, es sin duda el fuero constitucional, que para efectos prácticos puede interpretarse como la previsión legal para salvaguardar el correcto e integral desempeño de un servidor público del alto rango, aun cuando en algunos casos ha derivado en abuso y patente de impunidad. En sus inicios el propósito del fuero era proteger los intereses de los nobles y el clero. En México se pensó en proteger con él a los legisladores para que no se limitaran sus opiniones o ideas ante la amenaza y riesgo de una detención o denuncia, luego se amplió a funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Judicial. En la actualidad las condiciones sociales, políticas y económicas ya no justifican la existencia de este privilegio que sólo ha servido para dilatar la justicia y fomentar la impunidad. Seguramente habrá quienes estén a favor de la eliminación del fuero para diputados y senadores y quizá también para presidentes municipales, secretarios de Estado, ministros y presidente de la República, aunque también existen quienes esgrimen razones válidas para conservarlo tal como está y otras voces que sugieren su regulación más adecuada a los tiempos actuales.

Derivado de lo anterior, el argumento mejor sostenido de quienes optan por conservar el fuero, pero regularlo, tiene que ver con una concurrente problemática, ya que en casos de desafuero de algún servidor público, es evidente la tardanza del proceso para retirarle dicha inmunidad y dejarlo sujeto a las consecuencias legales que procedan como producto de las irregularidades o delitos que se le imputen, con lo que ciertamente se favorece la impunidad en detrimento de una justicia más rápida y expedita. Dada esta actual controversia, los Partidos Políticos integrados en el Pacto por México acordaron para que el fuero constitucional tenga matices sobre quién y cómo debe asegurarse, de esta manera, la Cámara de Diputados preparo el dictamen sobre el acotamiento del fuero constitucional para servidores públicos, minuta que fue enviada por la Cámara de Senadores en la legislatura pasada.

En dicho dictamen El PRI y el PRD van por la limitación del fuero, mientras que el PAN se pronuncia por su eliminación, pues aduce que ya no cumple con sus funciones originales y que este tipo de figuras solo preservan la inmunidad legislativa, fomentan la desigualdad y justifican la impunidad. De esta manera en caso de aprobarse el acotamiento o la desaparición del fuero, los diputados, senadores, ministros, magistrados, secretarios de Estado, jefe de Gobierno o hasta el propio Presidente, si cometen algún delito podrán ser sujetos a proceso penal; por lo anterior el mencionado dictamen contempla reformas a los artículos 61, 111 y la derogación del segundo párrafo del artículo 112 de nuestra Constitución. Luego entonces acotar el fuero constitucional implica: 1.- El cambio de nombre, ahora será acotamiento de Inmunidad; 2.- Reforma a los artículos 61,111 y la derogación del segundo párrafo del artículo 112 de la Constitución; 3.- Los funcionarios podrán ser sometidos a proceso penal cuando sean acusados de cometer algún delito; 4.- Ningún funcionario podrá ser perseguido ni hostigado por sus ideas políticas.

Al día de hoy, muchos de los funcionarios han hecho mal uso de esta prerrogativa, desde aquellos que se ha comprobado que han cometido ilícitos tales tráfico de influencias, peculado, nepotismo, y de estar amafiados con la delincuencia, hasta aquellos que ebrios incurrieron en delitos y abusos que no merecen consideraciones de ninguna naturaleza; luego entonces el debate, no debe ser sólo en el aspecto judicial, la sociedad tiene el derecho de participar en las decisiones como esta que son de importancia para todos, y dadas las circunstancias que rodean este tema, no sólo es prerrogativa, también es una obligación ciudadana.

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