Aplacan incertidumbre por artículo derogado sobre violación equiparada

22 / Febrero / 2013

Por Óscar Verdín Camacho

Una reforma al Código Penal de Nayarit en diciembre pasado, relacionada con la violación equiparada, ha provocado inquietud entre empleados de los juzgados y agentes ministeriales ya que algunos creyeron que sujetos involucrados en ese delito podrían ser beneficiados al derogarse el artículo 256, que se refería a la introducción por vía vaginal o rectal de algún objeto o cuerpo extraño o propio
En los últimos días, agentes del Ministerio Público y funcionarios judiciales externaron incertidumbre en ese aspecto e incluso, dijeron, temían que se presentaran recursos de amparo a favor de los reos, ante la desaparición del citado artículo.

Sobre ello, el magistrado presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Román González Momita despejó cualquier duda puesto que, explicó, la reforma legislativa contempló trasladar el artículo derogado a lo que ahora es el artículo 260 ter, que detalla los aspectos en que se equipara la violación.

González Momita ejemplificó que recientemente, un juzgado penal dio cumplimiento a un amparo concedido antes de la reforma, por lo que volvió a dictarse auto de formal prisión pero ya no con base en el artículo derogado, sino en el nuevo lineamiento.
Por su parte, el secretario General del Congreso del Estado, Francisco Javier Rivera Casillas indicó que no era necesario publicar en el respectivo decreto un transitorio que explicara el citado traslado, puesto que ello se explica tanto en la iniciativa enviada por el Tribunal Superior de Justicia como en el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Rivera se mostró sorprendido por la incertidumbre entre agentes ministeriales y funcionarios judiciales, puesto que fue una iniciativa del propio TSJ.
Añadió que, incluso, las reformas son enviadas por correo electrónico para el conocimiento de distintas instancias, como asociaciones de abogados, agentes del Ministerio Público y jueces.
El caso evidencia una falta de comunicación entre jueces y magistrados, y entre agentes ministeriales de la ahora Fiscalía General del Estado.