Diputados aprueban reformas a favor de la seguridad de los ciudadanos nayaritas

• Las reformas al Código Penal, permiten la regulación del tipo penal de atentado contra la seguridad de la comunidad

09 / Abril / 2013

Tepic.- A efecto de cumplir con lo que establece el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014 del Poder Legislativo de Nayarit, dentro del Estado Democrático y Social de Derecho, y con el fin de sancionar a quienes atente contra la seguridad de la comunidad, en Sesión Pública Ordinaria de los integrantes de la Trigésima Legislatura, que preside el diputado Armando García Jiménez, aprobaron por unanimidad reformas al Código Penal para el Estado de Nayarit.

En estas reformas al Código Penal, se adicionó el tipo penal de atentado contra la Seguridad de la Comunidad, la cual tiene como propósito sancionar con severidad a quienes mediante la aportación o posesión de objetos tales como: equipos de comunicación, identificaciones oficiales, uniformes, insignias o distintivos, pretendan igualar la apariencia de la vestimenta oficial, así como vehículos y demás herramientas que utilizan en el desempeño de sus funciones los agentes policíacos.

Estas conductas, que podrían generar incertidumbre social entre la comunidad al no saber los ciudadanos, quiénes verdaderamente representan al poder público y combaten al crimen organizado; se traduce en un peligro constante para la población, dada la inseguridad respecto de quienes efectivamente representan a la autoridad y quienes se amparan en el uso de dichos objetos para confundir a la población y generar confianza al cometer sus delitos.

En el contenido de estas reformas, se señala no permitir la libertad caucional a los sujetos que desplieguen estas conductas delictivas, ni generan beneficios en su favor al dictar sentencia; además de que se incorporó una agravante en caso de que para cometer este delito se utilice a un menor de edad.

Con la aprobación de estas reformas al Código Penal del Estado de Nayarit se consolidan los instrumentos jurídicos que permiten a las autoridades locales de persecución del delito y administración de justicia, combatir con eficacia a la impunidad que se manifiesta en este tipo de actividades, en un marco legal que propicia un mejor funcionamiento de defensa más enérgica por parte de las instituciones.