TSJ busca frenar excesos de juzgados y tribunales federales

25 / Abril / 2013

Por Óscar Verdín Camacho


La exigencia del Poder Judicial del Estado para que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Federal pague lo correspondiente a las casi siete mil diligencias practicadas durante 2011 por parte de juzgados locales y salas de segunda instancia, en apoyo a los juzgados de Distrito, tribunales colegiados y unitarios que se encuentran en Nayarit, representa un buen intento para frenar el exceso de esos órganos federales.

Tal y como lo anunció el martes 23 el Poder Judicial del Estado, los jueces de Distrito y tribunales federales con frecuencia llegan a apercibir con multas a los jueces locales e incluso a las salas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) si no realizan las diligencias que requieren.

Durante el año 2011 se efectuaron cerca de siete mil de esas diligencias, lo que representó la dedicación de muchas horas de trabajo de funcionarios judiciales locales, y a cambio de nada.

Una situación similar se presenta en la penal de Tepic, puesto que prácticamente todos los días se destinan vehículos y un importante número de elementos de seguridad para trasladar a la prisión federal El Rincón a reos que son requeridos por los dos juzgados de Distrito que ahí se encuentran.

Es decir, son cuantiosos los gastos económicos y de personal destinados por autoridades estatales de seguridad a una situación que compete al Poder Judicial Federal.

Incluso, en ocasiones se requiere un número mayor de vigilantes de la prisión estatal y de policías estatales para participar en esos traslados, lo que provoca una menor vigilancia en la cárcel.

Además, ya ha sido advertido del riesgo que representan esos traslados por la carretera federal 15 hasta El Rincón.

Irónicamente, ese apoyo no se presta a los juzgados locales; por ejemplo, si los juzgados de Acaponeta, Tecuala u otros que están alejados de esta ciudad necesitan practicar alguna diligencia con reos que se encuentran en la penal de Tepic, envían a los correspondientes funcionarios, no a la inversa.

En años pasados el Gobierno del Estado ofreció al Consejo de la Judicatura Federal un espacio para que se construyera una oficina anexa a la penal y ahí celebraran las audiencias necesarias, pero la propuesta no se concretó.

Ahora, con la iniciativa del Poder Judicial del Estado para cobrar al Consejo de la Judicatura Federal por las diligencias que se les presta, el gobierno también podría exigir que los traslados de reos a El Rincón ya no se efectúen, sino que sean los funcionarios federales los que acudan a la penal de Tepic, sin necesidad de sacar a los internos.

O bien, que sean policías federales los que participen en esos traslados.