EL IV PODER: El asesinato del periodista Cuauhtémoc Sánchez, obliga al Estado a dar mayor protección al gremio

Por: Juan Fregoso

09 / Mayo / 2013

El presunto asesinato del periodista Cuauhtémoc Sánchez Arreola, evidencia lo peligroso que se ha convertido trabajar en esta profesión, como también la necesidad de que el estado debe ocuparse en brindar mayores garantías tendientes a proteger la vida de los comunicadores, que en los últimos años no solamente han sido objeto de intimidaciones o amenazas de toda índole sino hasta ser asesinados.

El homicidio de Cuauhtémoc Sánchez, quien se desempeñaba como jefe de prensa del Ayuntamiento de Ruiz, que preside Librado Casas, a primera vista parece inverosímil dado a que como jefe de prensa su trabajo se limitaba a la elaboración de boletines oficiales, es decir, en dar a conocer las obras y actividades que realiza la administración pública municipal, por lo que en este supuesto no estaría escribiendo notas fuertes en contra de nadie, ni enjuiciando a ningún alto y poderoso funcionario o denunciando asuntos relacionados con el crimen organizado, salvo que antes de fungir como jefe de prensa lo haya hecho.

La poca información de que disponemos nos impide emitir una teoría sobre el móvil de su asesinato. De ahí la necesidad de que las autoridades están obligadas a investigar sus antecedentes personales como profesionales del reportero. Es preciso indagar sobre su entorno familiar y laboral para poder establecer una línea de investigación que conduzca al esclarecimiento de los hechos, para dar con el paradero de quien o quienes lo privaron de la vida.

La muerte de Cuauhtémoc Sánchez significa un atentado a la libertad de expresión, esto quiere decir que su inmolación constituye un agravio a la sociedad y al gremio periodístico, el cual no debe quedar indiferente ante este trágico suceso, ya que se debe considerar un atentado a todos aquellos que nos dedicamos a emborronar cuartillas en los diversos medios de comunicación del estado.
En Nayarit, pocas veces ocurren este tipo de sucesos, a lo mucho se ha llegado a las amenazas en contra de los periodistas por algunos políticos de poco criterio, como aconteció no hace mucho con Jesús Cervantes, reportero del diario Realidades y conductor del noticiero La Red de Radio Red de la ciudad de Tepic. A Jesús Cervantes manos anónimas le incendiaron su vehículo, el cual quedó reducido a cenizas, en un intentó por acallar los duros señalamientos del periodista en contra de la clase política; la línea periodística de Jesús Cervantes es inflexible, pero objetiva, por eso el mensaje que le enviaron quemándole su carro se puede interpretarse como un estate quieto.
Fuera de este lamentable incidente no había acontecido un hecho en el que privarán de la vida a un periodista, pero esto no significa eludir lo que sucede en otros estados en donde los periodistas han sido asesinados cobardemente, sobre todo en el sexenio pasado. En el gobierno panista cayeron muchos comunicadores, a algunos los mataron, otros más, simplemente se encuentran desparecidos desde entonces, y lo más probable, es que nunca más aparezcan.

Según el más reciente un informe de Reporteros Sin Fronteras, revela que en los últimos diez años en varios estados se ha agudizado la violencia contra los comunicadores. En el mismo sentido se ha pronunciado la CNDH, quien estima que de 2000 a febrero de 2013, se han registrado por lo menos 82 asesinatos de periodistas; 33 agresiones contra medios de comunicación y 18 periodistas desaparecidos. Es una realidad brutal a la que se enfrenta el gremio periodístico y en donde todo indica que las autoridades no hacen nada por detener las agresiones a la libertad de expresión. Para José Beltrán, presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, la impunidad en estos casos, constituye la coronación del fracaso del Estado en materia del respeto a la libertad consagrada en los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución.
Exhibe también la simulación de un régimen político que únicamente dentro y fuera del país pregona la protección de los derechos humanos de los periodistas mexicanos. Estima que las declaraciones gubernamentales de respeto a la libertad de prensa son retórica y demagogia. El presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, sostiene que no hay voluntad política ni para proteger a los reporteros ni para esclarecer los casos en los cuales muchos han perdido la vida en cumplimiento de su deber, por lo tanto, ante un gobierno indolente el periodista queda a merced de los delincuentes y de políticos, que en no pocos casos, están coludidos con criminales profesionales, y que con tal de no ser exhibidos optan por el asesinato.

En el caso del periodista Cuauhtémoc Sánchez, el gobernador del estado, Roberto Sandoval Castañeda, ha dicho que que ningún crimen quedará impune en el Gobierno de la Gente, incluso se dice que ya giró instrucciones al Fiscal General, Édgar Veytia, para que se avoque al esclarecimiento del homicidio del reportero, originario de Ruiz, Nayarit, y que perdió la vida por manos desconocidas hasta el momento.

Por consiguiente, se espera que en breve sea detenido o detenidos los autores materiales de la muerte de Cuauhtémoc Sánchez, y conociendo la experiencia que tiene el Fiscal, Édgar Veytia, la sociedad nayarita alberga la esperanza de que pronto este crimen sea resuelto, aunque no solamente la misión del Estado se limita a esclarecer todo tipo de asesinatos, sino también de dar una eficaz protección a los comunicadores con el fin de prevenir que se vuelvan una constante como en otras entidades, en las cuales han sido ultimados otros compañeros por ejercer una de las profesiones considerada por organismo internacionales de alto riesgos por no contar con la protección que amerita, pues hoy en día, el peligro que corre el periodista se ha acentuado notablemente, al grado de que México ha sido calificado como un país en donde ser periodista es sinónimo de muerte.