EL IV PODER: El ex presidente de Tuxpan, Gustavo Vázquez pretende despojar de sus bienes a su propia madre

Por: Juan Fregoso

15 / Mayo / 2013

Cuando uno escucha o lee noticias o denuncias en los periódicos del tamaño como la que hoy nos ocupa son realmente indignantes para cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad que a veces hasta los delincuentes más malvados se abstienen de cometer ciertas acciones que van en contra de sus amistades, más aún cuando se trata de sus familiares se detienen, meditan detenidamente antes de ejecutar un delito determinado.

Incluso, hasta los narcotraficantes tienes sus propios códigos de conducta que les impide llevar a cabo ciertas acciones que lastimen los intereses y la integridad física de sus familiares. En este sentido, se conducen, aunque parezca inverosímil, con respeto hacia sus consanguíneos y, a veces, de sus amigos más allegados; en cambio, algunos políticos, que supongo también tienen sus propios códigos éstos no contemplan el respeto a la familia, arrastran con todo, empezando con los amigos, en este contexto son más delincuentes que aquellos que han hecho de la delincuencia su modus vivendi, es una situación contrastante, absurda pero es la verdad.

Hasta don Vito Corleone, en El Padrino, fue respetuoso de sus propios enemigos, sólo cuando era extremadamente necesario se deshacía de ellos; su conducta se regía por un código de honor, que los políticos no conocen, por eso lo mismo atropellan a sus adversarios, a sus amigos y hasta a su propia familia, como es el caso del ex presidente de Tuxpan, Gustavo Vázquez Aviña.
El tema se deriva la de la conmovedora carta de la señora, Soledad Aviña Quezada, publicada en la edición de este lunes 13 de mayo en este mismo periódico. En esta misiva, doña Soledad Aviña, solicita el apoyo del presidente de la República, del gobernador del Estado, del Fiscal General, y de la opinión pública, porque su propio hijo, el ex presidente de Tuxpan, Gustavo Vázquez Aviña, así como sus nietos Víctor y Valentín de los mismos apellidos, intentan despojarla de su patrimonio, del inmueble en que vive y el cual con muchos sacrificios logró adquirir la señora en 1993, según se desprende de la carta.
Lo peor, es que—según relata doña Soledad Aviña,—sus descendientes cuentan con el respaldo de las autoridades ejidales y municipales, en esta acción que por donde se vea es una vil infamia, expresa la afectada en esa carta abierta dirigida al gobierno federal y estatal, en un acto desesperado por evitar ser despojada de su patrimonio.
Asimismo, dice textualmente que: dicha propiedad, yo se la compré en aquel entonces (en 1993) a la señora, Ofelia Díaz Pereyda. Precisa en su denuncia que cuenta con recibos y la documentación que la acreditan como legítima propietaria del inmueble en disputa. Explica que fueron años de sacrificio y trabajo en un molino y tortillería, con el cual, por cierto, mantuvo a todos sus hijos, incluyendo al propio ex alcalde, Gustavo Vázquez Aviña, quien es el principal interesado en adjudicarse injustamente de lo que nada le ha costado.

Doña Soledad Aviña para demostrar su dicho expone que cuenta en su poder con la escritura pública número 3981, con la cual acredita fehacientemente la propiedad del inmueble; también argumenta en su defensa que tiene todos los recibos de pago del impuesto catastral y que va al corriente en dichos pagos.
Su patética misiva concluye con la exhortación a las autoridades municipales, ejidales, estatales y del gobierno federal, para impedir ser víctima de la ambición de su propio hijo. Pide la intervención de dichas autoridades para evitar ser despojada de su casa, aun cuando está viva; pues a mis 85 años y enferma del mal de parkinson, dice, no es justo que tenga todavía que batallar con mi primogénito y descendientes, quienes están falsificando mi firma para dejarme en la vil calle, sostiene la octogenaria.
Este caso llama la atención por tratarse de un ex presidente municipal, de un político que gobernó el municipio de Tuxpan, y porque quiere despojar nada más y nada menos, que a su propia madre, sin ningún remordimiento de conciencia, que seguramente no la tiene, de lo contrario, no estaría intentando cometer un acto reprobable a la luz del derecho. El proceder del ex edil, lo retrata de cuerpo entero, lo exhibe como un corrupto consumado que si no le tiene consideración a su madre, menos la tuvo cuando fungió como primera autoridad de dicho municipio, al que seguramente le hizo un gran daño, daño que sólo los tuxpenses deben conocer a fondo.

El caso-Soledad Aviña pone de manifiesto la clase de político que es Gustavo Vázquez, me recuerda la lectura de Luis Spota, en su libro Retrato Hablado, en donde en un fragmento refiere que con tal de adquirir el poder, el verdadero político debe ser capaz de matar hasta a su propia madre si las circunstancias se lo exigen; aquí, Gustavo Vázquez no mata a su madre pero intenta dejarla en la indigencia al pretender quitarle los bienes que la señora adquirió, como ella misma lo expresa, con mucho trabajo y sacrificio.
El ex presidente ni siquiera espera que su señora madre fallezca, pero se ve que tiene mucha prisa por matarla, como ya ha sucedido en otros casos similares a este. Se me figura a don Eugenio Olid, el personaje central de Retrato Hablado, es decir, un hombre sin prejuicios, sin principios de ninguna especie, que con tal de ascender al pináculo del poder tuvo que deshacerse de todo cuanto le estorba para conseguir sus aviesos fines, lo que logró finalmente, convirtiéndose en un hombre poderosamente rico, respetado, temido y que influía en todas las decisiones del gobierno.
En esta lógica se ubica la conducta arbitraria de Gustavo Vázquez, quien probablemente tiene problemas mentales que no le permiten discernir lo bueno de lo malo. Gustavo Vázquez. quien fuera presidente en el período 1996-1999, por su comportamiento cerril merece estar encerrado en un psiquiátrico, ya que sólo así dejaría en paz a su progenitora. El caso ha acaparado la atención de la sociedad nayarita, la cual espera que los reclamos de doña Soledad Quezada, sean escuchados por el presidente de las autoridades estatales y federales a quienes apeló en demanda de justicia.