EL IV PODER

Por: Juan Fregoso

01 / Julio / 2013

Con la complicidad de los llamados partidos de izquierda, el gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, sigue empecinado en privatizar Pemex, al interior el mandatario lo niega sistemáticamente pero en el exterior expresa sus verdaderas intenciones consistentes en vender un recurso que da sólido sustento a la economía mexicana y eso todo mundo la sabe, más aún Pemex es la muleta que sostiene el andamiaje del país desde que fue arrancado de las manos de compañías extranjeras.

Recientemente, el primer mandatario aprovechó su viaje a Londres para decirles a los ingleses y estadounidenses a través del Financial Times que se harían los cambios constitucionales necesarios para dar certidumbre a los inversionistas privados porque la liberación del sector de gas y petrolero ya había sido acordado en el marco del Pacto por México.

En realidad, se trata de la reforma energética y ésta a su vez, en la privatización de Pemex, con la cual—dice el gobierno—se pretende atraer la inversión de compañías privadas en el terreno de exploración en aguas profundas, lo cual significaría una privatización de facto, bajo este esquema se busca volver a las políticas rancias del porfiriato que fueron unas de las causas de la rebelión contra el régimen porfirista, por eso entregar el petróleo a particulares revela una visión retrógrada del gobierno mexicano que parece ignorar la historia.

Esa historia que nos recuerda el sentimiento nacionalista de los constituyentes de 1917, a través del cual se quiso asegurar para el pueblo mexicano su propio patrimonio. En apariencia, los gobiernos posrevolucionarios han velado, mediante reformas y adiciones al artículo 27 constitucional y mediante la expedición de leyes reglamentarias, para que se realice un aprovechamiento juicioso de los recursos naturales en beneficio de la nación.

Las aguas, señaladas en este artículo, el zócalo submarino de las islas, la plataforma continental y el subsuelo pertenecen a la nación, quien es propietaria de las riquezas que encierran en atención a los párrafos IV y V de la ley suprema. Dichos bienes y el espacio aéreo no pueden, por ningún concepto, formar parte del patrimonio de los particulares
No obstante, el estado se halla facultado para otorgar concesiones, de acuerdo con lo prescrito por las leyes reglamentarias, procurando siempre el mayor beneficio para la sociedad. Por tanto, la importancia de los energéticos en la vida moderna es decisiva; por eso el petróleo, los hidrocarburos y las energías eléctricas y nucleares invariablemente deben ser explotados y administrados por el estado, sin embargo, el gobierno peñanietista con su iniciativa no busca el bienestar social sino favorecer a unos cuantos privilegiados, entre los que se cuentan los ingleses y estadounidenses, se trata de retroceder la rueda de la historia, como en los viejos tiempos de la dictadura de Porfirio Díaz, aunque no se quiera ver el problema desde esta perspectiva.

Hay, incluso, quienes creen que en este peliagudo asunto rige la constitución del 17, e invocan como muro que podría detener la privatización de Pemex, pero lo que ignoran supinamente es que el actual gobierno no se rige por esta constitución, sino por otra que solamente la clase gobernante conoce y que sólo consta de trece artículos.

Los pocos que la conocen saben que se denomina Real Constitución Política del Estado Mexicano, su artículo primero difiere absolutamente de la de 1917, pues mientras ésta indica en el numeral 1 que en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Mientras que el artículo 1 de la Real Constitución Política del Estado Mexicano, dice textualmente: El Estado Mexicano es una Monarquía absoluta y está integrado por tres Instituciones reales: El Monarca, el Círculo Negro y el Partido, por supuesto que se refiere al Partido Revolucionario Institucional. En ninguno de sus preceptos habla de República, pero si hace hincapié en que todo el poder radica en el Monarca, que no presidente.

La Real Constitución Política del Estado Mexicano dejó de tener vigencia durante doce años, es decir, a partir de que arribó al poder Vicente Fox Quesada, como presidente y luego, Felipe Calderón, los cuales ni siquiera se percataron de la existencia de este pacto gubernamental sellado con sangre, con sangre de sus creadores. Empero, ahora que el PRI ha vuelto al poder se ha puesto en práctica nuevamente dicho ordenamiento que confiere a Enrique Peña Nieto, el monarca en turno un poder omnímodo que le permite vulnerar el espíritu del constituyente del 17, exactamente como lo hicieron sus antecesores durante más de ochenta años—aunque antes no luciera las siglas del PRI—,sin que nadie cayera en la cuenta del engaño, quiero decir que nuestra constitución formal, al parecer, nunca ha regido plenamente la vida política de México.

Así pues, el actual gobierno federal conociendo los postulados de su verdadera constitución, no es nada remoto que ahora sí Pemex pase a manos de la iniciativa privada, lo que prescribe la del 17 no es más que una mascarada, una burla para el pueblo que luchó por mejorar las condiciones sociales, políticas y culturales, pues a la postre, de nada sirvió tanta sangre derramada en una Revolución que procuraba cambiar el rostro de México, porque aunque teóricamente vivimos bajo un régimen republicano, en realidad México es una monarquía finamente disimulada, o parafraseando al escritor Mario Vargas Llosa, los mexicanos vivimos en una dictadura perfecta, en la cual, el príncipe decide la suerte de sus súbditos.