Con la nueva Reforma financiera impulsada por el Congreso de la Unión, les amarran las manos a los alcaldes y gobernadores

18 / Julio / 2013

Durante la segunda sesión del Período Extraordinario de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Diputada Federal, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, hizo uso de la máxima tribuna para fijar la postura de su Grupo Parlamentario el PRI, respecto a la Reforma Constitucional en materia de Disciplina Financiera de Estados y Municipios, al aseverar que los nuevos mecanismos que se establecerán para contratar y fiscalizar la deuda en estados y municipios contribuirán a alcanzar un equilibrio en las finanzas públicas a nivel nacional.

Durante su intervención a nombre de la bancada parlamentaria de su partido, la legisladora federal expresó que el uso incorrecto o indebido de los recursos públicos, menoscaban la posibilidad de un crecimiento y desarrollo óptimo para los órdenes locales y municipales de todo el país, por lo que México requiere un cambio en la forma en la que se gasta, aseguró tajante.

Ante el Pleno de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, Gloria Núñez resaltó que es ineludible generar los cambios normativos para materializar efectivamente el uso eficiente, transparente y responsable de los recursos de todos los mexicanos por parte de los funcionarios federales, estatales y municipales.
En representación de los legisladores del PRI en la Cámara baja, Núñez Sánchez resaltó la necesidad de vigilar el desempeño de los gobernantes en este tema, ya que México requiere un cambio en lo que se gasta y la forma en que se hace, con la finalidad de alcanzar un equilibrio en las finanzas públicas a nivel nacional, destacó.

Tras aprobarse dicho dictamen de ley con 457 votos a favor, la Diputada Federal, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, afirmó que la reforma será de gran trascendencia y ayuda al desarrollo del país, ya que es urgente replantear los mecanismos de contratación y fiscalización de las finanzas públicas de estados y municipios.

El dictamen, que pasa al Senado para su eventual ratificación, modifica diversas disposiciones de la Constitución para establecer principios, controles y lineamientos que promuevan un uso ordenado y sostenible del financiamiento para las entidades federativas y evitar el uso incorrecto de los recursos obtenidos vía deuda pública.